Compás de espera en el Tribunal de Cuentas sobre el aval del Govern a 29 exdirigentes y funcionarios para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros por los gastos exteriores del procés. El ente fiscalizador ha pedido un informe “a la mayor brevedad posible” a la Abogacía del Estado “ante las dudas sobre suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF), han informado fuentes del organismo.
De los 34 exaltos cargos a los que el Tribunal de Cuentas exigió una fianza conjunta de 5,4 millones de euros, cinco descartaron recurrir al fondo creado por el Govern y optaron por intentar pagar las sumas reclamadas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal. Sin embargo, según indican desde el Tribunal de Cuentas, hay dos encausados que no han formalizado la fianza, por lo que se procederá al embargo de sus bienes.
El balón pasa ahora a la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno. El dictamen de los servicios jurídicos del Estado sobre el aval del ICF se sumará al que antes de este jueves debe emitir el Consell de Garànties Estatutàries (CGR), el denominado 'Constitucional catalán', a petición del PSC, PP y Ciudadanos. Si bien los socialistas consideraron que el aval sí se ajusta a la legalidad, defendieron su petición de informe para que la operación tuviera todas las “garantías”. En cambio PP y Ciudadanos opinan lo contrario.
Mientras no se emiten los dictámenes jurídicos, la oposición insiste en pedir explicaciones al Govern por las primeras tiranteces entre ERC y Junts en el Ejecutivo de Pere Aragonès que ha provocado el aval del ICF. La crisis ha puesto en la picota a los representantes políticos del Govern en la Junta del ICF así como al conseller de Economía, Jaume Giró, uno de los fichajes de Junts para el Govern que ahora se enfrentará a una ofensiva parlamentaria de la oposición y puede llegar a tener que afrontar una causa penal después de que Ciudadanos haya denunciado la operación ante la Fiscalía.
En previsión de que el Tribunal de Cuentas rechace el aval del ICF, las defensas de los exdirigentes encausados están trabajando en un plan B que pasa por presentar como fianza bienes y patrimonio de cada encausado, además de recurrir el eventual embargo. Con la petición de informe a la Abogacía del Estado, las defensas consiguen más tiempo para ultimar la alternativa en caso de que finalmente el Tribunal de Cuentas desestime la fianza del ICF.
En paralelo, partidos y entidades soberanistas siguen con los llamamientos para llenar la caja de solidaridad, que hasta la semana pasado había recaudado alrededor de un millón de euros, insuficientes por ahora para cubrir el total de 5,4 millones de euros. El Tribunal de Cuentas reclama esa cantidad por conceptos como viajes oficiales, tanto los que fueron dedicados a promocionar el procés como los que eran de tipo económico pero los exconsellers realizaron declaraciones a la prensa sobre las consultas del 9-N o el 1-O, así como por conferencias y seminarios organizador por el Diplocat, un consorcio público–privado del que forman parte la Generalitat, patronales, sindicatos, diputaciones y hasta el F.C. Barcelona.
El Tribunal de Cuentas reclama las mayores fianzas al exresponsable del consorcio Diplocat Albert Royo, con 3,6 millones de euros; al exconseller Andreu Mas–Colell y al expresident Artur Mas, 2,9 millones; al extitular de Exteriores Raül Romeva, 2,2 millones; y a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, 2,08 millones. Las funcionarias que se exponen a una mayor multa son las exinterventoras de la Generalitat Mireia y Rosa Vidal, a quien se pide afianzar 3,3 y 1,9 millones respectivamente. En los casos en los que sitúa como responsables de un mismo supuesto gasto irregular a varios ex altos cargos, la responsabilidad es solidaria, por lo que si alguno de los denunciados no tiene dinero o propiedades para hacer frente a su depósito, otros de los implicados tendrán que hacerse cargo por él.
Puigdemont denuncia que falta documentación
Por otro lado, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado que la delegada instructora de la causa por los gastos exteriores del procés, la consejera del Tribunal de Cuentas Esperanza García, no le ha entregado ni ha dispuesto para acordar las fianzas de toda la documentación de la causa. En concreto, se trata de dos votos concurrentes –de acuerdo con la decisión, pero no con los argumentos– que efectuaron dos consejeros sobre el informe del Tribunal de abril de 2019 que acordó abrir un procedimiento sobre los gastos exteriores del procés es el origen de las fianzas que se reclaman ahora.
Cuando Puigdemont pidió por primera vez estos dos votos, la delegada instructora respondió que desconocía la existencia de los mismos porque no se disponía de ellos en la investigación que había abierta. Indicó además que el expresident debía realizar la petición “al órgano correspondiente de este Tribunal de Cuentas”. En un nuevo escrito, la delegada instructora añadió que, en cualquier caso, las conclusiones del auto por el que reclamaba la fianza millonaria “están suficientemente soportadas y motivadas con la documentación que obra en las actuaciones”, reconociendo implícitamente que no disponía de los votos reclamados por el expresident y denegando además su petición.
A criterio de la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, la decisión de la delegada instructora es “manifiestamente arbitraria y vulneradora de derechos fundamentales”. En un nuevo escrito, la defensa pide de nuevo la entrega de los votos concurrentes de los consejeros Enriqueta Chicano y Felipe García “con indicación expresa de dónde han estado todo este tiempo” y de “cuál es el conocimiento que realmente ha tenido de los mismos la Sra. Delegada Instructora y desde cuándo”. Asimismo, también reclama suspender el proceso para depositar las fianzas mientras no se aclare la cuestión y anular todo lo actuado hasta el momento por vulneración de derechos.