El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que detuvo ayer el desalojo del bloque ocupado por la PAH en Salt podría sentar un precedente importante en las resoluciones judiciales sobre desahucios. El Tribunal, con sede en Estrasburgo, determinó este miércoles que, en cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado español debe explicar, antes de hacer efectivo el desalojo, cómo garantizará los derechos de las personas que viven en él. Por ello, de momento el desalojo ha quedado aplazado hasta el próximo 29 de octubre, cuando el TEDH emitirá una resolución en firme.
Ante esta decisión inédita, el abogado gerundense Benet Salellas, que llevaba el caso de este edificio propiedad del SAREB -el banco malo-, celebra lo que interpreta como un punto de inflexión. “Que alguien exija a las autoridades españolas que dé explicaciones antes de echar a alguien de su casa, es un precedente que ya no va a encontrar marcha atrás, independientemente de lo que resuelva el tribunal el día 29”, asegura. Y añade: “Nos sirve de precedente para afirmar que los habitantes de los inmuebles tienen unos derechos”.
Jaume Asens, abogado del Observatorio DESC -entidad que ha participado en la redacción del recurso que originó la decisión del Tribunal europeo-, explica que “esta medida la deberían aplicar los tribunales españoles, porque los convenios europeos son de aplicación en España, pero no lo hacen por falta de cultura jurídica”. “Normalmente se tiende a aplicar solamente el cuerpo jurídico español, y no se tienen en cuenta los convenios internacionales, que están ratificados por el Estado”, lamenta. Aun así, considera que la resolución de Estrasburgo servirá para dar visibilidad al convenio entre el colectivo de jueces españoles.
Por su parte, el Síndic de Greuges de Catalunya (el defensor del pueblo), Rafael Ribó, considera que “se abre un periodo para abrir negociaciones entre la Sareb y la Agencia de Vivienda de la Generalitat, para que el patrimonio de la SAREB, en parte público, sirva para solucionar la problemática social de los desahucios”. En este sentido, el Síndic ha emitido una resolución este miércoles que insta al Estado a que obligue al SAREB a destinar a alquiler social el 30% de los inmuebles obtenidos a bajo coste, y que sean las administraciones y las entidades sociales que lo gestionen.
Necesidad de cambios políticos
Necesidad de cambios políticosPara Salellas, “tarde o temprano tiene que haber una reforma legal que obligue a tener en cuenta la situación de las personas que viven en un inmueble antes de desalojarlas”. El letrado defiende -aunque asegura que es una propuesta muy reformista- el acercamiento a modelos como el francés: “empezar a plantear que no puede llevar a cabo un desalojo sin garantizar qué pasará con las familias que viven en el inmueble”.
“Al final el inmueble, las propiedades y todo lo demás está al servicio de las personas y no al revés, mucho más cuando hablamos de vivienda pública o semipública como es el caso del SAREB”, añade Salellas. Sin embargo, a pesar de desear un cambio, remarca que “ya es triste que sea la justicia la que deba marcar el camino al legislador”.
Jaume Asens apunta también la importancia de la movilización social en estos procesos: “Antes de judicializar los derechos, se han de politizar, se les debe dotar de contenido político. Es decir, que hace falta un acompañamiento de movilización para hacer más fácil que sean exigibles en los tribunales”. El abogado considera que sólo ha sido posible la rápida respuesta del tribunal gracias a la presión ejercida por la PAH en todos los niveles.
La PAH exige alquiler social al banco malo
La PAH exige alquiler social al banco maloLa Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al igual que el Síndic de Greuges, ha exigido una reunión urgente con el SAREB y la Generalitat para negociar alquiler social para las familias que viven en el bloque de Salt. En un comunicado, la PAH reclama un encuentro donde esté presente, además de la administración competente y el banco malo, los representantes del Banco Mare Nostrum, que gestionan el edificio. El plazo que da la plataforma para fijar la reunión es hasta el próximo 24 de octubre.
La solución pasa, según la PAH, para regularizar la situación de las 43 personas que viven en el inmueble -21 de ellas menores de edad- a través del alquiler social.