El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido aplazar el juicio contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017, el diputado de ERC Oriol Jové; el presidente presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Estaba previsto que el juicio se alargara del 10 de abril hasta finales de mayo. Pero el tribunal alega ahora que coincidiría parcialmente con la campaña electoral de los comicios del 12 de mayo, así que deberán dictar nuevas fechas para el juicio.
Los magistrados recuerdan que Jové es diputado en el Parlament y Garriga, consellera de cultura, ambos del mismo partido, y que la acusación popular, ejercida por Vox, también concurre en las elecciones catalanas. Así, todas las partes del procedimiento han estado de acuerdo en que la celebración del juicio podría interferir en la campaña electoral y viceversa.
Esta decisión ha sido celebrada por el partido, pero lamenta que el tribunal haya desestimado, por otro lado, la petición de las defensas de suspender las vistas orales a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Los magistrados consideran que la ley no puede ser tenida en cuenta como un hecho cierto y con capacidad de interferir o alterar el curso del juicio.
Aun así, su promulgación o publicación sí que haría que el tribunal estudiara si se podría aplicar a los hechos y acusados de este procedimiento judicial.
“Desde el primer día, los republicanos consideramos que este juicio no debería haber tirado adelante porque organizar un referéndum no es ni puede ser delito”, ha apuntado el partido en un comunicado.
Con todo, ERC lamenta que el tribunal no haya optado por suspender totalmente el juicio y aseguran que mantenerlo, “sabiendo de la inminente aprobación de la ley de amnistía es insistir en la persecución política”.
La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.