La justicia avanza desde la otra orilla del Atlántico. La juez María Servini de Cubría, titular del juzgado argentino donde se están investigando los crímenes cometidos durante el franquismo, dictó el pasado jueves una orden detención, con solicitud de extradición, contra José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y otras 20 personas que tuvieron cargos públicos durante el régimen franquista para que acudan a declarar ante el juzgado por los crímenes de los que se les acusa. Hace un año un grupo de víctimas del franquismo gritaba frente al Ministerio de Justicia “alerta, alerta que camina, la justicia desde América Latina”, avisaban lo que ahora parece confirmase.
El proceso judicial o la querella argentina se inició el 14 de abril de 2010 cuando Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, familiares de republicanos fusilados, interpusieron una denuncia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. A esta causa se fueron sumando más víctimas, que ya superan las 300, que buscaban justicia para crímenes que iban desde las torturas, desapariciones forzosas hasta el robo de niños por parte de las autoridades de la época.
Marçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich el joven anarquista de 23 años que fue el último ejecutado al garrote vil por parte del gobierno franquista en 1974, es una de estas víctimas que tuvo que viajar hasta a Argentina para buscar que estos crímenes no quedaran impunes. El 23 de noviembre de 2013 Marçona tomaba un avión rumbo a Buenos Aires y recordaba que antes de emprender el viaje tenía muchos nervios, mucha ansiedad pues según ella no se “podía dejar nada cuando estuviera en el juzgado, tenía que contarlo todo ante la juez”, para Marçona era una gran oportunidad la que tenía adelante, era una nueva oportunidad después de que la justicia española en dos ocasiones les cerrara las puertas a la revisión de la sentencia que condenó a su hermano.
Gracias a su declaración en el juzgado Federal Nº1 de Buenos Aires la juez Servini dictó la orden de detención contra José Utrera Molina –suegro del exministro de Justicia y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón– por “haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”. Utrera Molina que fue ministro de vivienda entre 1973 y 1974 y secretario general del movimiento falangista entre 1974 y 1975, está acusado de avalar un juicio con bastantes “irregularidades” según recoge el auto, según el cual la sentencia que se dictó tuvo motivaciones políticas pues Puig Antich fue utilizado como un “chivo expiatorio” tras el atentado de ETA que le costó la vida a Carrero Blanco, que era el presidente de gobierno franquista en aquel momento.
Entre los acusados por la sentencia de muerte contra Salvador Puig Antich también se encuentran Antonio Carro Martínez (Ministro de Presidencia entre1974 y 1975), Licinio de la Fuente (Ministro de Trabajo entre 1969 y 1975), Antonio Barrera de Irimo (Ministro de Hacienda entre 1973 y 1974) y Carlos Rey González, que hoy ejerce como abogado de personas como la líder del Partido Popular en Cataluña Alicia Sánchez-Camacho, era el capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército en 1974 y fue el encargado de redactar la sentencia de muerte contra Puig Antich. Para Ana Messuti, una de las abogadas que ha estado al frente de la querella argentina ayudando a las víctimas, la condena contra Puig Antich es una muestra no sólo de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el franquismo, sino que es una muestra de “todo el aparato represivo” del cual se valía el régimen para cometer estos crímenes con total impunidad“.
En cuanto a Rodolfo Martín Villa (Ministro del Gobierno de UCD desde 1976 hasta 1979) se le acusa de ser el responsable de la represión contra los trabajadores que estaban concentrados en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que resultaron muertos cinco manifestantes y en la que hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Sin embargo esta no es la primera vez que la juez dicta una orden de detención y extradición. Ya lo había hecho cuando pidió al gobierno español la extradición de Billy el niño y Jesús Muñecas Aguilar, pero en su momento la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de la juez alegando que los crímenes por los que se les acusaba ya estaban prescritos y no eran considerados como crímenes de lesa humanidad.
La abogada Messuti subraya que si bien la Audiencia Nacional negó la extradición de estos expolicias es importante señalar que estos tuvieron que ir a declarar ante el juez de la Audiencia y a raíz de esto se les retiró los pasaportes. Para Messuti la petición de detención o extradición es un hecho muy importante en estos procesos que son tan lentos y complejos pues según la abogada “la impunidad tiene muchas facetas y el primer paso es hacerles sentir a los criminales que no pueden salir de un lugar, que sientan el encierro”.
Delito de lesa humanidad
La juez Servini de Cubría investiga estos hechos amparada en el precepto de la justicia universal. Al ser considerados como crímenes de lesa humanidad por la legislación argentina los cargos que se les imputan tanto a Utrera Molina como a Jesús Muñecas Aguilar no prescriben. Este hecho es fundamental para Felipe Moreno, que fue víctima de Billy el niño que es miembro de la red que coordina la querella argentina en Cataluña y formó parte del grupo de querellantes que viajó hasta Argentina para declarar en el juzgado bonaerense. Moreno asegura que este es un paso para que estas personas respondan por lo que hicieron “pues no es sólo la condena” lo que buscan sino que “los acusados lleguen a cumplir algún tipo de castigo”. Para Moreno es significativo que se den estos avances pues afirma que es a través de “la justicia universal que se tiene que modificar la justicia aquí”.. o hizo“ï·½s a la v se lo habemostrado por la juez en sacar adelante la querella es importante ”das “para que la sentencia contra
De nuevo la pelota vuelve a estar en el lado español. El cumplimiento o la cooperación que se tenga con estas órdenes dictadas por la juez Servini depende de los jueces españoles. Que ya demostraron su intención de ayudar como se vió cuando la juez vino a España –específicamente a Andalucía, Madrid y Euskadi– el pasado mes de marzo a tomar declaraciones a varios querellantes que por su avanzada edad no podían desplazarse hasta Argentina, facilitándole medios físicos para que cumpliera su tarea.