S.J. se acerca a la comisaría a poner una denuncia acompañada de su hijo de 4 años. Ha sido una decisión difícil, pero ha dado el paso porque en la última agresión por parte de su pareja ha percibido, por primera vez, riesgo hacia su vida. No penséis que iba convencida; no lo iba. Los alquileres están muy altos y no puede pagar el piso ella sola.
Trabaja sin contrato por un salario precario y su situación administrativa no acaba de resolverse. Su gente querida está muy lejos y tiene tanto miedo. Pero la cantidad de campañas institucionales, teléfonos 24h y aquella frase que dice “Rompe el silencio y denuncia” la han convencido para dar el paso.
La semana siguiente recibe una carta. No la entiende muy bien, lee la palabra “desamparo” relacionado con el nombre de su hijo y aún entiende menos. Se trata de la respuesta que la administración competente en protección a la infancia le remite después de que la policía le comunicara la denuncia que S.J. ha interpuesto.
Requieren de la presencia de la madre -y de aquí en adelante ya no habrá padre a quien le pidan explicaciones- para aclarar en qué estado se encuentra el menor. Es la primera comunicación que recibe de la administración tras su denuncia. Aquí y ahora... ¿Quién o quiénes quedan desamparados?
En los casos que llegan al sistema de protección a la infancia (en Barcelona, al menos en el 60% de casos opera la violencia machista) a menudo se establece una falsa dicotomía entre los derechos de la infancia y los derechos de las mujeres. Esta es una de las primeras conclusiones que extrae el equipo de Gemma Altell y Mercè Martí (G360) en el Estudio para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sistema de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia en la ciudad de Barcelona.
De nada sirve que neguemos que esto ocurre las que tenemos la responsabilidad de acabar con las normativas y prácticas institucionales que lo sostienen. En Barcelona hemos analizado en profundidad la parte que nos toca y estamos proponiendo cambios estructurales en las maneras de intervenir, que no van a ser cuestión de un día. Vale la pena profundizar un poco en estas cuestiones.
Una primera tiene que ver con los estereotipos sobre la maternidad y los mecanismos de control que se aplican si no cumples con los estándares de la “institución de la maternidad” tal como acuñó Adrienne Rich. En el prólogo de su libro “Nacemos de mujer” Carolina León explica esta idea como “la maternidad bajo el patriarcado”, es decir, el conjunto de suposiciones y normas que “domestican la vida de millones de mujeres (y otras identidades que gestan)”.
Si estás en una situación precaria, si tienes un trabajo de mucha responsabilidad, si eres monomarental, con problemas de salud mental… cae sobre ti el peso de la familia como institución patriarcal que castiga a las mujeres y desresponsabiliza a los hombres ante la crianza. Esto resulta aún más grave en los casos de violencia machista, donde el sistema puede caer en la contradicción de preguntarse antes si una madre en situación de violencia machista puede garantizar el bienestar de sus hijos que si puede hacerlo el agresor.
La segunda cuestión es el marco normativo vigente. El restablecimiento de las funciones tutelares se da obligatoriamente a ambos progenitores, una cuestión muy poco conocida y que en situaciones de violencia es un verdadero calvario para las mujeres. Aún persiste una defensa tácita de la familia nuclear e indisoluble, de manera que tras meses o años de trabajo de la madre para recuperar la custodia, si el padre desaparecido vuelve a la escena, lo hace con sus derechos intactos. Es imprescindible que avancemos hacia normas que reconozcan la diversidad familiar y que no penalicen experiencias de maternidad que no sigan los estándares.
Como tercera y última cuestión, están los servicios que forman parte de este sistema, sobre los cuales hay que hacer una exhaustiva revisión para generar herramientas que mejoren la intervención con menores y mujeres. Hemos avanzado mucho desde que en los 90 desapareció el sistema del Tribunal Tutelar de menores, que decidía en base a cuestiones morales sobre las vidas de las familias y los menores y que designaba para ellos un futuro en “familias honradas”.
Ahora contamos con equipos profesionales interdisciplinares, pero que aún cuentan con pocos recursos para prevenir situaciones antes de que sean irreversibles, con escasa formación especializada en perspectiva de género y con unos procedimientos poco adaptados a realidades complejas y más dirigidas al control que al acompañamiento.
Todas las administraciones cargamos con una mochila machista que puede generar daño en los procesos de intervención. Por eso en Barcelona nos hemos marcado una hoja de ruta que avance hacia la perspectiva de género, pero también antirracista e interseccional en todos los servicios, y especialmente en aquellos que acompañan a las mujeres y a los menores con el objetivo de protegerlos de las violencias.