Vecinos de cuatro bloques de protección en diversos puntos de Barcelona desplegaban este miércoles pancartas en su casa para denunciar la situación en la que se encuentran. La sociedad del Consejo Comarcal del Barcelonès que gestionaba los pisos donde viven –un total de 298 viviendas de protección concebidos para jóvenes– vendió el derecho de explotación de estos bloques a una sociedad de inversión: Colón Viviendas.
La normativa no permite a los nuevos propietarios subir el precio del alquiler. En el bloque de la avenida Río de Janeiro, por ejemplo, los vecinos pagan entre 270 y 350 euros por unos pisos que tienen de media unos 35 metros cuadrados, cuenta una de las vecinas. Sin embargo, Colón Viviendas sí puede subir otros precios, y las personas afectadas explican que en los bloques conviven personas a las que se aplican condiciones distintas. Han aumentado el precio que cobran por la comunidad o obligan a los nuevos inquilinos contratar parking a precio de mercado aunque no quieran, explican.
Mireia, vecina de uno de los bloques, asegura que ahora mismo su principal demanda es de transparencia. Supieron del cambio de propiedad por una carta el pasado agosto. En diciembre, sin embargo, vieron un capítulo de Salvados donde se hablaba de un fondo buitre que había adquirido 3.000 pisos de protección en Madrid y vieron la carta que habían recibido de este mismo fondo.
Además de los precios, han encontrado otras irregularidades, como alguno de estos pisos anunciado en portales de alquiler comercial en la red, cuando se supone que son de protección oficial. “Nos hace sufrir que estén buscando gente solvente antes de gente que lo necesite”, apunta Mireia. Su experiencia es que el edificio donde vive debería estar dedicado sólo a jóvenes, pero en cambio un 52% de estos pisos siguieron vacíos hasta que se amplió la oferta. “Las condiciones que pedían eran demasiado exigentes”, explica.
Ahora, lo que no saben es qué condiciones tiene Colón Viviendas para gestionar las fincas donde viven. Sospechan que lo que ahora es el derecho de superficie –la gestión de estos pisos– podría pasar al cabo de unos años a ser la propiedad del edificio, que podrían dejar de ser de protección y entrar en precio de mercado. Los vecinos han pedido varias veces sin éxito ver el contrato de venta del edificio donde viven.