En los 34 años que Toni Quintana lleva trabajando sus tierras no recuerda una sequía igual. A estas alturas del curso, sus 55 hectáreas de terreno deberían estar cubiertas de cereal, el cultivo de invierno, pero sin lluvias apenas crece nada. “Estamos tirando el dinero”, se lamenta, recostado en una acequia vacía. Por esa zanja suele discurrir el agua en primavera, cuando el embalse de Darnius abre compuertas para el riego generoso de miles de hectáreas de la comarca gerundense del Alt Empordà. Pero hoy esa imagen parece formar parte del pasado.
El Alt Empordà es la zona cero de la peor sequía que ha vivido Catalunya en toda su historia. Tras tres años de escasez de lluvias, y con unos embalses al 17,7% de su capacidad, la Generalitat asume que en diciembre deberá declarar oficialmente la emergencia y endurecer las restricciones a la mayor parte de la población catalana, incluida el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Mientras se prepara el peor escenario y se adapta el Puerto de la capital catalana ante la posibilidad de traer agua en barcos cisterna, hay unos 140.000 catalanes que ya conviven con ese estadio de alerta máxima por falta de reservas. Se trata principalmente de los vecinos de 34 municipios de esa comarca del noreste de Girona que dependen del acuífero de los ríos Fluvià y Muga y, sobre todo, del pantano de Darnius, que está al 14% de su capacidad. No es toda la comarca, pero sí donde se concentran los mayores núcleos de población.
Con el agua de ambos ríos se abastecen ciudades como Figueres y pueblos costeros como Roses o Castelló d’Empúries. Según las previsiones de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el embalse tiene reservas solo para ocho o diez meses, siempre y cuando se cumpla con el gasto máximo por habitante decretado. Un umbral de 200 litros por persona y día que sin embargo –con los últimos datos de octubre, primer mes de vigencia de las restricciones de emergencia– sobrepasaron hasta 16 de los 34 municipios en riesgo.
Aunque no hay cortes de agua para los hogares –una restricción que sí viven en hasta 70 otros pueblos catalanes, por distintas razones–, algunas localidades del Alt Empordà sí han empezado a reducir la presión del grifo. Las fuentes están cerradas, no se pueden regar jardines ni llenar piscinas, el consumo industrial se debe recortar un 25% y el riego agrícola directamente se ha suprimido.
Algunos alcaldes se muestran alarmados porque no saben qué pasará si en los próximos meses no llueve, especialmente en los pueblos que viven del turismo y ven peligrar una campaña que en 2023 salvaron por los pelos.
“Estamos muy preocupados porque no sabemos cuál es el plan B”, expresa Lluís Espadas, concejal de Medio Ambiente de Roses. En su municipio viven 20.000 personas, pero en verano alcanzan una población flotante de casi 100.000. En Castelló pueden llegar a los 75.000. “Esto no se soluciona con cuatro camiones cisterna, estamos hablando de un volumen muy importante”, agrega.
Desde el ACA señalan que se continuará aplicando el Plan de Sequía, que en caso de emergencia “extrema” obligaría a reducir el consumo medio a 160 litros por habitante y día. Por ahora, traer agua en barcos al Alt Empordà está descartado. “Se está estudiando recuperar algunos pozos que se construyeron en la última sequía o abrir nuevos”, señalan. Solo para perforaciones para encontrar agua subterránea, añade el ACA, se han destinado 10 millones de euros, además de 50 para otras infraestructuras de mejora del abastecimiento.
Los agricultores se quedan sin agua para regar
“Los payeses somos los primeros en encajar los golpes de la sequía y los últimos en recibir la atención de las administraciones”, se lamenta Quintana. Él es el vicepresidente de la comunidad de regantes del margen derecho del río Muga. A ambos lados de su cauce se extienden unas 4.500 hectáreas cultivables que normalmente en verano, la campaña más importante, se inundan de agua para regar la alfalfa y el maíz. Una producción que luego se convierte en pienso para la ganadería local. “Así ha sido desde que se inauguró el pantano en 1969”, explica Quintana.
El paisaje de la zona es otro desde hace dos veranos. Ya no abundan ni el maíz ni la alfalfa. La sequía obligó en 2022 a reducir el riego a un 60% de la extensión, y en 2023, al 20%. En 2024, si no llueve, no habrá ni una gota de agua circulando por las acequias. “Sembraremos cereal y lo poco que cosechemos será para el ganado propio”, dice Quintana, que tiene unas 150 vacas que ahora mismo son su “salvación económica”.
Pero su principal preocupación es otra. “Es que debajo de la tierra tampoco hay agua”, constata. Sus dos pozos se han secado. “Es muy serio, estamos acojonados”, alerta el agricultor.
A sus 65 años, Quintana reconoce que el modelo agrícola de la zona, basado en el riego “a manta” de los campos, quizás no sea sostenible en el futuro. En una comarca seca, donde sopla el viento, con una cuenca –la de la Muga– muy pequeña y sin altas montañas en las que nieve, el agua nunca ha abundado. Y a ello se le suman grandes consumidores como el turismo o las numerosas macrogranjas de cerdos.
Además, la emergencia climática amenaza con peores y más largas sequías. “Todo cambia en este mundo y se puede avanzar en riegos gota a gota o con aspersores”, señala. Al margen de las innovaciones, Quintana apunta hacia la Administración por no acometer muchas de las inversiones prometidas en 2008 tras la última gran sequía.
El ojo puesto en jardines y turismo
Sin cortes en el agua del grifo, la vida en emergencia por la sequía transcurre en el Alt Empordà sin alterar la cotidianidad de la población. “Las restricciones no se notan a nivel social e individual, por lo que mucha gente hace lo que quiere; si quieren regar el jardín, lo riegan. No hay una supervisión efectiva”, critica Arnau Lagresa. Geógrafo de profesión, este vecino de Figueres es portavoz de la entidad naturalista Iaeden, que denuncia que las medidas actuales para paliar la sequía son “insuficientes”. Prueba de ello es que 16 de los 34 municipios incumplieron los límites establecidos (y otros 9 directamente no aportan datos).
Sobre esta cuestión, fuentes del ACA explican que están haciendo un “seguimiento individualizado” de los consumos municipales y que prefieren inicialmente recurrir a requerimientos antes que a multas. Por ahora, no han abierto ningún expediente sancionador a ninguno de los ayuntamientos de las localidades que se saltan el umbral. “Pero podrían incoarse durante las próximas semanas”, advierten.
Al ser el máximo una media de 200 litros por habitante y día, algunos municipios se disparan debido a que albergan infraestructuras importantes –un ejemplo es el pueblo de Llers, que tiene la cárcel de la provincia de Girona–. También están por encima de lo permitido la mayoría de destinaciones turísticas, aunque de momento no hay datos que permitan distinguir los usos de este sector del doméstico, lo que ha despertado las quejas de las entidades de defensa del medio ambiente.
Entre los que doblan el consumo permitido está Perelada, que con sus 1.800 habitantes alberga el núcleo del imperio de la familia Suqué Mateu: el Castell de Perelada con su casino, la flamante nueva bodega de 18.000 m2, y el Club de Golf en cuyo complejo se extiende una urbanización de decenas de chalés.
De ahí que todas las miradas se dirigieran a este municipio cuando se comenzaron a conocer los excesos de consumo en sequía. Sin embargo, su alcalde, Miquel Brugat, de Junts, niega la mayor e incluso asegura que se les ha “criminalizado” desde la Agencia Catalana del Agua al ponerles como ejemplo de incumplimientos.
“Nadie nos ha llamado para conocer la realidad del municipio”, asegura el edil, que alega que el consumo se puede deber a extranjeros que tienen su segunda residencia en Perelada o a jubilados que viven en la localidad pero que no figuran en el padrón y alteran la media. Además, añade que el riego del campo de golf se hace con aguas regeneradas.
El ACA organizó una reunión con los Ayuntamientos en emergencia mediados de noviembre, pero Brugat lo ve insuficiente para abordar la casuística de cada pueblo. A nivel municipal, este alcalde asegura que están cumpliendo con todas las prohibiciones. Pero lo que ocurra en cada casa, dice, no lo puede controlar.
“No se está supervisando ni se hará, porque no tenemos los medios para hacerlo. Si la Generalitat nos quiere ayudar con inspectores, que vengan y les daremos un plano del pueblo”, declara el edil, visiblemente enojado. “¿Quieren que vaya yo a mirar si riegan jardines a las cuatro de la mañana? ¿Que vaya un concejal?”, se lamenta.
Para las entidades naturalistas, sin embargo, no hay duda de que los excesos de municipios como Peralada proceden del riego de jardines. “Evidentemente no podemos decir si se debe a un chalé o a un casino, pero lo que sí sabemos es que aquellos pueblos con más consumo son los turísticos y los que tienen rentas per cápita muy altas”, asevera Lagresa.
Perelada pertenece a los municipios que captan agua del acuífero de los ríos Muga y Fluvià, no del pantano. Si antes extraían el agua a seis metros de profundidad, hoy lo hacen a 15. Y aun así se pueden sentir afortunados, puesto que casi toda la comarca es zona vulnerable por contaminación de nitratos. En 10 de los 24 puntos de control de aguas subterráneas que hay, el agua no es apta para consumo humano debido a la contaminación de los purines, que proceden principalmente de granjas de cerdos.
“No puede ser que todo el Empordà dependa del pantano”
A 20 kilómetros de Perelada hacia la costa, en el Ayuntamiento de Roses también miran al cielo con angustia. En su caso, aseguran que sí están tratando de controlar el consumo doméstico a través de los contadores. “Hemos detectado algunos excesos y estamos estudiando multas”, dice el concejal Lluís Espadas. La localidad registró en octubre 221 litros por habitante y día, todavía por encima de lo permitido. Además, explican que han pedido un plan de ahorro a los “grandes consumidores”: hoteles, clubes náuticos y parques acuáticos.
Consciente de que la mayor parte de su población vive de la campaña turística, Espadas pide no llegar al extremo de realizar cortes de agua el verano que viene. “Si para cualquier ciudadano es un drama, imagínate para un negocio turístico, el daño puede ser brutal”, advierte.
Pero Espadas sabe que quizás no haya otra solución. “No puede ser que todo el Alt Empordà dependa del pantano. Nos lo jugamos todo a una carta. Alguna gente mayor solía decir ‘ay el día que el embalse se quede sin agua’... Y nos reíamos. Pues bien, parece que ese día ha llegado”, concluye el edil de Roses.
Para algunos expertos, el Alt Empordà es sencillamente una comarca cuyo modelo económico demanda más agua de la que en el futuro podrá tener. Sin desaladoras ni potabilizadoras que puedan salir al rescate (como sí ocurre actualmente en las cuencas que abastecen Girona y Barcelona), esta zona seguirá a merced de la lluvia.
“A corto plazo hay poco que hacer, pero a medio plazo habría que incrementar la reutilización de agua y replantear el modelo agrícola y de turismo”, diagnostica Annelies Broekman, consultora del sector e investigadora de Agua y Cambio Global del centro CREAF. Por muy eficientes que sean los sistemas de riego y de aprovechamiento de agua en los hoteles, argumenta, “la eficiencia tiene límites”.
Desde su masía en Figueres, junto a los campos de cereales que no acaban de brotar, Quintana asume el futuro con resignación. Sabe que la próxima campaña será mala, pero también que esta sequía pasará. “Entonces, ya veremos si todas las inversiones que se están prometiendo ahora se llevan a cabo o si los políticos se olvidan rápidamente del tema”, concluye.