Medidas urgentes para reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a la pandemia

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas”. La frase de Mario Benedetti explica el estado de estupefacción que aún nos acompaña mientras afrontamos esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente. Miles de personas están muriendo con la pandemia del COVID-19. El recuento diario de víctimas mortales en España y en otros países estremece. Lo único que está en nuestras manos es hacer todo lo posible para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables. Entre ellos, los mayores y las personas con discapacidad, cuyas vidas están más amenazadas en este momento. Y eso es lo que pedimos a las instituciones públicas.

El fallecimiento de cientos de ancianos y ancianas en residencias de todo el país nos conmociona y hay que evitarlo a toda costa. No importa que sean residencias públicas o privadas. La tragedia se ha concentrado en ellas por la especial fragilidad y dependencia de las personas que acogen estos centros. Esa es la realidad. Si ha existido negligencia en algún caso, sean públicos o privados, llegará el momento de exigir responsabilidades a los gestores. Ahora es el momento de tomar medidas para salvar vidas. Por eso, desde CERMI Andalucía estamos solicitando con insistencia a las Administraciones Públicas, tanto la central como la autonómica, que envíen con urgencia material de protección a las residencias de personas con discapacidad. No se trata de una petición gratuita: son dependientes y sufren patologías asociadas que las hace, a ellas también, más frágiles ante el coronavirus.

En Andalucía estas residencias están gestionadas en la inmensa mayoría de los casos por entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas pertenecientes a la plataforma que presido. Sus profesionales están haciendo todo lo posible para proteger a los usuarios y usuarias y merecen también un reconocimiento público. A día de hoy, les están llegando únicamente mascarillas, pero en muy escaso número y solo a algunos centros. Somos conscientes del esfuerzo que está realizando en este sentido el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el mercado internacional, en el que tienen que pelear con instituciones de todo el mundo con idéntica demanda y en el que se le piden precios abusivos. Pero estos centros necesitan cuanto antes ese material de protección. Y no solamente mascarillas. Los profesionales precisan batas, guantes y gafas para atender a los usuarios y usuarias cuyas condiciones hacen imposible mantener la distancia de seguridad recomendada. Se han confirmado ya positivos en dos residencias de personas con discapacidad de la provincia de Granada. Hay que parar la cadena de contagios.

Se debe priorizar también la atención médica y social de las personas mayores y con discapacidad que reciben ayuda o asistencia personal a domicilio. El confinamiento va a durar semanas, puede que meses. Los profesionales, a pesar del miedo que lógicamente sienten, deben realizar su trabajo para evitar situaciones dramáticas de desatención en esos hogares. Pero han de hacerlo equipados con materiales de protección. Y no los tienen.

Pruebas rápidas de detección para las residencias

Desde CERMI Andalucía estamos pidiendo a las Administraciones también tests rápidos y verdaderamente eficaces para la detección del coronavirus. Son tan imprescindibles como los equipos de protección. Se necesitan para identificar con celeridad los positivos entre el personal y los usuarios, para tomar medidas y evitar contagios. Para salvar vidas.

En estos momentos convulsos es más necesaria que nunca la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada. Las ONG son vitales para identificar las necesidades de los más vulnerables. En Andalucía se está dando el diálogo y esa colaboración. La Mesa del Tercer Sector, en la que está presente CERMI Andalucía, ha transmitido estas demandas a la consejera de Igualdad, Política Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. En una reunión celebrada por videoconferencia este martes 24 se le solicitó, además, crear un teléfono de emergencia con mecanismos de accesibilidad para personas sordas que ayude a identificar situaciones particulares que exijan una intervención urgente. CERMI Andalucía tendrá voz en la Comisión de Emergencia para canalizar las demandas materiales y humanas de las entidades sociales durante la crisis sanitaria.

Insisto: hay que proteger a los más vulnerables. Esta crisis está poniendo ya al límite de sus posibilidades al sistema sanitario y a sus profesionales, quienes, casi sobra decirlo a estas alturas, están dando una respuesta ejemplar. Ahora bien, CERMI Andalucía, como ya ha hecho CERMI Estatal, exige a las autoridades sanitarias que no se discrimine por razón de discapacidad en los protocolos de atención clínica a personas contagiadas por COVID-19. Lo contrario supone un atentado contra los derechos humanos y nuestro ordenamiento jurídico. Las camas en las UCI son limitadas. Los recursos clínicos, escasos ante las dimensiones de la pandemia. Pero en modo alguno la vida de una persona con discapacidad intelectual o movilidad reducida vale menos que la de nadie. Las sociedades científicas han de revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España. Si hay que elegir entre un paciente y otro para ocupar una cama en Cuidados Intensivos o entubar, la discapacidad no puede ser el factor decisivo. Y que el Ministerio Fiscal vele por ello.