'Bréxito': la salida de Reino Unido de la UE puede ser una oportunidad para los estudios superiores en otros países

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE) aprobada por un escaso margen en el referéndum del 23 de junio del 2016 atizó a gran parte de los europeos, así como a una gran parte de la sociedad británica que está en total desacuerdo con ella. La palabra que mejor define en estos momentos el Brexit, el término que se acuñó para definir el proceso de rescisión de la UE, es ‘incertidumbre’. Incertidumbre sobre las consecuencias que acarreará para el funcionamiento y prosperidad del país, e incertidumbre sobre la situación de los más de tres millones de ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido y la de casi un millón de ciudadanos británicos residentes en otros países de la UE.

Una de las preocupaciones derivadas del Brexit es los efectos que una política más restrictiva de inmigración, y la expansión global de una percepción de país poco acogedor a extranjeros, acarrearán al negocio de la enseñanza superior en Reino Unido. Un reciente informe encargado por el comité de educación de la Cámara de los Comunes ilustra muy bien las preocupaciones del sector de la enseñanza superior a las consecuencias del Brexit: principalmente, una menor demanda de plazas universitarias por estudiantes extranjeros (tanto europeos como extracomunitarios) y una reducción severa de los fondos disponibles para investigación, derivada de la interrupción del acceso a fondos de investigación de la UE.

La calidad de la enseñanza superior e investigación científica del Reino Unido ha sido y es apreciada globalmente, con universidades británicas encabezando la lista de las mejores universidades del mundo. En términos económicos, la enseñanza superior representa un importante pilar de la economía británica. Cifras del 2011-2012, reportadas en el informe de la Cámara de los Comunes, suman £73 billones de producción anual, representando el 2.8% del producto interior bruto del país. Después de EEUU, el Reino Unido es el país de preferencia para cursar estudios universitarios fuera del país de origen, con 127.440 estudiantes de la UE y 310.575 extracomunitarios registrados en universidades británicas en el curso académico 2015-2016. Estas dos cifras representaron el 5.6% y 13.6%, respectivamente, de la población total de estudiantes universitarios en el Reino Unido. Es decir, casi uno de cada cinco estudiantes en las universidades británicas es extranjero.

Desde el anuncio de la salida del Reino Unido de la UE, hace ya casi un año, las cifras de solicitudes de estudiantes de la UE para cursar estudios en universidades británicas ha disminuido aproximadamente un 7.4%, a pesar de que el precio de las matrículas y las ayudas en forma de créditos se ha mantenido, y las previsiones auguran un mayor decrecimiento en los próximos años. Estos datos han incrementado las preocupaciones en el mundo universitario, no sólo por sus repercusiones económicas, sino también por su efecto en la captación y retención de talento.

Otros países de la UE, como Austria, Francia, Italia, Holanda, Portugal y sobre todo Alemania, llevan años invirtiendo recursos y esfuerzos en ofrecer cursos universitarios en inglés para atraer estudiantes extranjeros a sus universidades. No hay duda de que el Brexit va a ser aprovechado por esos países para captar la población de estudiantes extranjeros que ya no deseen el Reino Unido como país de primera opción para cursar sus estudios. De hecho, muchas universidades de esos y otros países europeos, aprovechando las oportunidades de incremento de negocio, han aumentado significativamente sus campañas de marketing para hacerlo.

Analizando las oportunidades que el sector de la enseñanza superior puede proporcionar, deberíamos cuestionarnos por qué España, un país con clima y cultura que atrae a millones de turistas cada año y con universidades que desarrollan enseñanza e investigación de alta calidad, no aparece en la lista de posibles competidores del Reino Unido para la captación de estudiantes de otros países de la UE.

Una de las principales razones es, sin duda, la limitada oferta de cursos universitarios que se ofrecen íntegramente en inglés, tanto de grado como de postgrado. Aunque en los últimos años se ha incrementa la oferta en los cursos de postgrado, esta oferta está muy circunscrita a aquellos relacionados con el mundo empresarial y de las finanzas –y algunas carreras con proyección típicamente internacional. Pero debemos ser críticos y darnos cuenta del potencial, proyección internacional e incluso beneficio económico que nuestras universidades podrían alcanzar con una mayor oferta de cursos en inglés –dirigidos tanto a extranjeros como a españoles interesados en acceder al mercado laboral global.

No obviamos en este artículo que esas oportunidades requieren de una fuerte inversión y apuesta en el cambio del sistema educativo, imprescindible para incrementar la competitividad e internacionalización de nuestras universidades a todos los niveles. Esas inversiones se necesitan para formar o contratar un profesorado capacitado para impartir esos cursos, pero también para eliminar las innumerables trabas que impiden el acceso a la universidad de estudiantes y profesores extranjeros –como los tediosos procedimientos para el reconocimiento de los estudios y titulaciones cursados en otros países.

Además de invertir en un profesorado de calidad, con un programa firme de estabilización, se debería invertir en un programa de becas para paliar el probable encarecimiento del precio de las matrículas asociado a la mayor atracción de estudiantes extranjeros (como ha ocurrido en otros países). Este sistema de becas debería reflejar un mayor compromiso con la formación de los estudiantes universitarios europeos, incentivando especialmente el cociente entre el expediente académico y los ingresos familiares a la hora de decidir la concesión de dichas becas.

Este proceso también tiene sus riesgos, particularmente si se copia de forma acrítica el modelo británico. El éxito económico de muchas universidades británicas ha conllevado que sus equipos directivos lleven a cabo unas prácticas económicas de corte empresarial, más enfocadas a maximizar beneficios que a proporcionar ciencia y docencia de calidad. En muchos casos, el elevado nivel académico se mantiene gracias a dos factores: el compromiso académico de la mayor parte del profesorado, que no comparte los valores de sus equipos directivos, y los estrictos procesos de evaluación (cada cinco o seis años), que determinan el nivel de financiación pública que recibe cada universidad. En la actualización y mejora de la universidad española debería primar su papel de servicio público, alejándose de criterios exclusivamente economicistas, fomentando el compromiso y formación continuada de los profesores, e implementando mecanismos de rendición de cuentas basados en la calidad tanto docente como investigadora.

En el Reino Unido, la conjunción de generosas inversiones en la enseñanza superior y eficaces mecanismos de rendición de cuentas ha hecho que el sector académico proporcione un aporte sustancial para la economía del país. Es probable que el Brexit conlleve una pérdida de esta importante fuente de financiación para las universidades británicas, y otros países ya están sacando partido de esas nuevas oportunidades que se presentan. Debemos pedir al gobierno estatal y a los gobiernos autonómicos una mayor y más rápida actuación para no desaprovechar estas oportunidades.

Es cierto que ya se está reaccionando en algunos ámbitos, como en la preparación de una propuesta para acoger a la Agencia Europea del Medicamento en Barcelona, pero necesitamos que ese esfuerzo también se lleve a cabo en el mundo universitario. Necesitamos crear las condiciones y los recursos humanos necesarios para ofrecer enseñanza superior de calidad en inglés, formando o renovando a gran parte del profesorado y facilitando la contratación de docentes e investigadores que hayan desarrollado su actividad fuera de España. Necesitamos que nuestros políticos dediquen su astucia y su compromiso a llevar a cabo las inversiones y reformas necesarias para internacionalizar nuestras universidades. Y necesitamos, sobre todo, superar el desánimo e invertir todo nuestro empeño como profesores e investigadores, para progresar y convertir el Brexit británico en nuestro propio Bréxito.

La decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE) aprobada por un escaso margen en el referéndum del 23 de junio del 2016 atizó a gran parte de los europeos, así como a una gran parte de la sociedad británica que está en total desacuerdo con ella. La palabra que mejor define en estos momentos el Brexit, el término que se acuñó para definir el proceso de rescisión de la UE, es ‘incertidumbre’. Incertidumbre sobre las consecuencias que acarreará para el funcionamiento y prosperidad del país, e incertidumbre sobre la situación de los más de tres millones de ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido y la de casi un millón de ciudadanos británicos residentes en otros países de la UE.

Una de las preocupaciones derivadas del Brexit es los efectos que una política más restrictiva de inmigración, y la expansión global de una percepción de país poco acogedor a extranjeros, acarrearán al negocio de la enseñanza superior en Reino Unido. Un reciente informe encargado por el comité de educación de la Cámara de los Comunes ilustra muy bien las preocupaciones del sector de la enseñanza superior a las consecuencias del Brexit: principalmente, una menor demanda de plazas universitarias por estudiantes extranjeros (tanto europeos como extracomunitarios) y una reducción severa de los fondos disponibles para investigación, derivada de la interrupción del acceso a fondos de investigación de la UE.