Mascarillas y vacunas, o cómo los gorrones desbaratan los logros colectivos

Sumergidos como estamos en una sociedad de consumo, tendemos a asumir que nuestras vidas dependen fundamentalmente de bienes privados regulados por mecanismos de mercado. Sin embargo, una parte imprescindible de nuestro bienestar depende de nuestro acceso a bienes públicos y recursos comunes. Estos últimos incluyen la mayoría de los recursos naturales, como los hidrológicos (agua potable, saneamiento, irrigación, navegación), el aire que respiramos (y que, contaminado, nos hace enfermar), los bosques, la caza, la pesca o los pastizales (para ganadería). Pero también recursos no naturales e igualmente importantes como los recursos públicos proporcionados por el estado (carreteras, calles, alumbrado, grandes infraestructuras). Se encuentran en esta categoría incluso sistemas de desarrollo reciente como los programas de código abierto (open source) y los protocolos de confianza (blockchain) que respaldan las criptomonedas.

Un recurso común que nos preocupa muy especialmente en estos meses de pandemia es el de la salud pública, que resulta del esfuerzo colectivo por proteger, promover y recuperar la salud de las personas, y depende de la contribución solidaria de todos los ciudadanos. Este recurso es susceptible a fenómenos de escasez (el uso de recursos preventivos o asistenciales por parte de un individuo puede disminuir la utilización por parte de otro) y a procesos de cercamiento (privatización de recursos comunes para la extracción de beneficios por unos pocos).

Los recursos comunes se consideraban abocados a la sobreexplotación debido a la llamada 'tragedia de los comunes'. Se trata de un argumento simplificado, en forma de dilema, descrito por Garrett Hardin en 1968 a partir de un escenario descrito por el matemático William Forster Lloyd (1794-1852), en el que individuos racionales actuando por separado sobreexplotan un recurso común y terminan por destruirlo – aunque a ninguno de ellos, ni individual ni colectivamente, les convenga que tal destrucción suceda. Un término más correcto sería la 'tragedia de los comunes desregulados', ya que el proceso que desemboca en la sobreexplotación tiene lugar debido a un exceso de derechos de uso (o a la ausencia de derechos de exclusión). Hardin presenta este dilema a través de un ejemplo tan simplificado, que supone más una metáfora que un caso real: en un pastizal  de uso compartido para alimentar a un número determinado de animales, al estilo de las dehesas boyales de los pueblos del centro de España, al término de las rotaciones queda suficiente pasto no consumido como para pensar que se podría alimentar aún a más animales. Aunque llevar rebaños más grandes incrementa el beneficio individual del pastor que decida hacerlo, también aumenta el riesgo de sobrepasar la capacidad productiva del pasto. Si algunos pastores abusan de este recurso atendiendo a su beneficio individual, llega un momento en que la capacidad de carga del pastizal es sobrepasada, el recurso se agota, cae la productividad del ganado y éste puede llegar a morir, causando un tremendo perjuicio para todo el colectivo.

La tragedia de los comunes representa un ejemplo de trampa social, en la que el uso de los recursos comunes implica una contradicción entre los intereses de los individuos y la sostenibilidad de los bienes comunes o públicos. El desenlace está causado por el comportamiento de los llamados 'polizones', 'gorrones' o 'consumidores parásitos' (free riders), que se benefician del recurso sin contribuir a su mantenimiento. Desde su proposición inicial, se utilizó como metáfora para defender la existencia de dos soluciones: la regulación estatal (limitación de derechos de uso individual) y la privatización (introducción de derechos de exclusión), asociada a un cambio radical en el concepto de propiedad privada (que, hasta el siglo XIX, se concebía como un “préstamo” condicionado a la buena gestión de esa propiedad y rescindible si el propietario no cuidaba de ésta). Aunque esta percepción ha llevado a la progresiva privatización de los bienes comunales, lo cierto es que estaban, en general, bien gestionados. El trabajo liderado por Elinor Ostrom demostró que la regulación sostenible podía alcanzarse óptimamente a través de la organización colectiva en 'sistemas de acción comunal', más capaces que un agente externo de dictar normas, reglas o instituciones de apropiación y de provisión adecuadamente informadas. Para ser exitosos, estos sistemas deben contar con ocho elementos clave, entre los que podemos destacar la existencia de mecanismos de decisión colectiva con participación de la mayoría de los usuarios, sistemas de control efectuados por reguladores que son parte de la comunidad y responden a ella, y sistemas de sanciones graduadas a aplicar contra los usuarios que no respeten las reglas comunales. Estos elementos son esenciales para evitar que la acción de los 'gorrones' comprometa la viabilidad de los recursos comunes.

La tragedia de los comunes desregulados y el papel clave que el control de los 'gorrones' tiene en el gobierno de los comunes ofrecen una poderosa metáfora para explicar la emergencia de fenómenos como la negativa a vacunarse o a utilizar la mascarilla durante la pandemia de Covid-19. En ambos casos, estas actitudes afectan a un bien común (el control de enfermedades infecciosas de considerable letalidad y graves secuelas a largo plazo) cuyo mantenimiento depende de limitaciones o costes asumidos por el resto de los individuos de la sociedad. En el caso de las vacunas, este esfuerzo implica asumir la molestia de la vacunación y el riesgo de que ésta cause reacciones adversas o efectos secundarios. Es obviamente legítimo plantearse la necesidad de vacunarse frente a la existencia de dichos riesgos, y de hecho ésta es una pregunta recurrente en las consultas de los pediatras. Estos no son inexistente, pero sí son extremadamente pequeños en comparación con los efectos de una infección descontrolada del patógeno correspondiente. La desproporción entre ambos riesgos era evidente al comenzar las primeras campañas históricas de vacunación, cuando los números de enfermos, fallecidos y afectados con secuelas a largo plazo tras contraer las enfermedades correspondientes (incluso algunas que ahora nos parecen inocuas, como el sarampión) eran muy elevados. Pero conforme se alcanzó el nivel de 'inmunidad de grupo' (colectiva o de rebaño) necesario para detener las infecciones y su prevalencia se volvió minoritaria, el riesgo individual de la vacunación empezó a parecer elevado comparado con el bajo nivel de riesgo que asegura el esfuerzo colectivo del resto de la sociedad.

En ese contexto, la aparición de gorrones ha sido equiparable a cualquier situación de uso de otros recursos comunes – ya que, si uno antepone el interés individual a la responsabilidad colectiva, obtiene un beneficio mayor (la ausencia total de riesgos y molestias del tratamiento preventivo) sin afectar al beneficio colectivo. Hasta que, como en todas las versiones de la tragedia de los comunes, el número creciente de individuos sin vacunar rompe con la sostenibilidad del recurso (la inmunidad colectiva) y vuelven a aparecer los brotes de enfermedades prácticamente erradicadas. La aparición de gorrones no es, sin embargo, un fenómeno nuevo, posterior a la generación de inmunidad colectiva. Incluso en los momentos históricos iniciales, cuando las grandes epidemias infecciosas golpeaban con toda su fuerza, los colectivos privilegiados (que se consideraban relativamente ajenos al riesgo de contraerlas) se opusieron con fuerza a las campañas de vacunación – como ocurre ahora mismo con la (posible) vacuna contra la COVID-19. En la actualidad, incluso, algunos colectivos privilegiados (principalmente, líderes religiosos masculinos) de países en que estas enfermedades golpean casi exclusivamente a los colectivos desfavorecidos se oponen a dichas campañas – llegando a promover el asesinato de quienes las llevan a cabo (como ha ocurrido con la vacunación contra la polio en Pakistán y Nigeria).

La aparente racionalidad económica del comportamiento de los gorrones es uno de los aspectos más cuestionados de la 'tragedia de los comunes'. Cada vez hay más evidencia que demuestra que este tipo de decisiones no son realmente racionales, y están más influidas por las emociones, la experiencia personal y el contexto socio-cultural del individuo que por un cálculo racional de los beneficios, costes y riesgos; y que los argumentos que se esgrimen para justificarlas reflejan discursos elaborados a posteriori para racionalizar una decisión tomada 'intuitivamente'. En el caso de quienes rechazan vacunarse, la insolidaridad de un comportamiento que compromete uno de los mayores logros de la medicina moderna es tan evidente que exige un poderoso discurso racionalizador, basado en negar la propia existencia de dichos logros, lo que les ha convertido en el principal movimiento conspiranoico de nuestros tiempos; o renuncia por completo a una elección racional, mediante la construcción de motivos religiosos a partir de unos textos sagrados que preceden en siglos al mero concepto de vacunación.

Los lectores habrán anticipado los evidentes paralelismos con quienes se niegan a respetar, durante la presente pandemia de COVID-19, las medidas de higiene y distanciamiento social necesarias para ralentizar su propagación: los nuevos “gorrones”, que han tomado como estandarte y símbolo la negativa a utilizar mascarillas. El caso de la mascarilla es particularmente revelador por dos motivos: primero porque, a diferencia de las vacunas, la mascarilla protege al resto de los individuos más que a su portador, generando un beneficio colectivo sin generar beneficio propio (aunque, al basarse su uso en la expectativa de un comportamiento recíproco, tampoco es 'altruista'); y segundo, porque el 'coste' de usarla (la incomodidad de llevarla, la dificultad de comunicación verbal y no verbal) es irrisorio frente al beneficio potencial de hacerlo.

Por supuesto, y al igual que con las vacunas, es legítimo plantearse la necesidad de usar las mascarillas y ser críticos con su aplicación indiscriminada. Pero el coste de usarlas es tan limitado en comparación con los probables beneficios, que negarse a usarlas (a pesar de las recomendaciones sanitarias o incluso de las normas impuestas) solo puede entenderse desde una experiencia previa de privilegio, en la que nunca se ha generado la costumbre de contribuir por igual a los esfuerzos colectivos. Mientras que una ciudadanía responsable usa la mascarilla, aunque sea crítica con su uso, una ciudadanía gorrona dejará de usarla en cuanto le resulte mínimamente incómoda. La posterior racionalización ideológica, con el inevitable recurso conspiranoico, es tan solo el corolario a una decisión profundamente irracional.

Lo más irónico es que esta y otras medidas voluntarias de distanciamiento 'blando', dependientes tan solo del compromiso colectivo en seguir las recomendaciones del personal sanitario y los expertos, podrían haber ayudado a evitar o retrasar la imposición de medidas enormemente costosas. como el confinamiento obligatorio. De hecho, el análisis de la evolución de la pandemia la pasada primavera muestra claramente que la respuesta ciudadana a las recomendaciones del gobierno probablemente comenzó a frenar la pandemia antes de la declaración del estado de alarma; y, aunque en aquel momento no bastó para contenerla, es probable que sí lo hubiera hecho si un nivel elevado de compromiso ciudadano se hubiese mantenido durante la desescalada. Por desgracia, el periodo del control estatal no ha servido para establecer un sistema de gestión compartida, y su levantamiento ha dejado el campo libre para los predecibles gorrones. El resultado está siendo evidente: el colapso del sistema de protección colectiva y el imprescindible retorno al control estatal.

En las últimas semanas, la actitud de algunos líderes políticos representa tan solo una institucionalización del agotamiento de un recurso común (el control conjunto de la pandemia) por quienes podríamos denominar 'el lobby de los gorrones'. La violenta reacción de estos a la posibilidad de control estatal evidencia, además, que su negativa a cumplir la normas está profundamente enraizada en la creencia de que sus privilegios no solo reducen sus riesgos, sino que les permitirán eludir por completo los efectos de la pandemia. La hospitalización de miembros de la élite mundial como Boris Johnson o Donald Trump – que evitaba públicamente el uso de mascarilla – evidencia la irracionalidad de dicha expectativa.

Para Hardin, la tragedia de los comunes examina la relación institucional entre los principios de libertad, responsabilidad y necesidad, y los factores responsables del mal uso de los recursos comunes, sean estos tangibles o intangibles. La única solución se encuentra en la restricción de algunos de esos derechos o libertades, para poder preservar los recursos imprescindibles para poder ejercer estos derechos. Tradicionalmente, estas restricciones han involucrado el aumento de la desigualdad (privatización, sumisión al líder) o la pérdida de autonomía (control estatal). La escuela del gobierno de los comunes nos muestra que hay otra vía: una en la que los ciudadanos renunciamos, como iguales, a pequeñas parcelas de nuestros privilegios para preservar esos bienes. La población de este país realizó, esta pasada primavera, una admirable demostración de acción colectiva que permitió detener una terrible pandemia – aunque dejándose decenas de miles de muertos en el camino. Es realmente increíble que vayamos a permitir que los gorrones arruinen ese logro colectivo.