El tecnoptimismo y el populismo negacionista siguen bloqueándonos tras dos años de pandemia

Dos años de pandemia y seguimos llegando tarde para controlar cada nueva cada ola. Y no es que sean difíciles de anticipar: en España, las tres últimas olas están claramente ligadas a periodos vacacionales y con las actividades de estos periodos que favorecen los contagios (figura 1). Algo parecido podemos decir de las nuevas variantes, como delta y ómicron. Su aparición no puede considerarse una sorpresa, sino un suceso muy esperado dada la enorme dispersión del virus, con millones de infectados diarios y más de 280 millones de afectados por todo el planeta. Algo que ya discutíamos hace casi un año. Es esencial entender que, mientras sigamos permitiendo que haya números tan elevados de infecciones (que superan los 2 millones semanales desde octubre de 2020), seguirán apareciendo variantes que nos pondrán en un riesgo cada vez mayor y nos seguirán enfrentando a situaciones nuevas e impredecibles. Permitiéndolo, aceleramos la evolución de este y de cualquier virus o patógeno. 

Obviamente, no se puede anticipar cómo será el perfil genético de las variantes que surgirán en el futuro, ya que las mutaciones que las caracterizan se producen de forma aleatoria. Lo que sí podemos decir es que seguirán apareciendo, y que aquellas que se extiendan rápidamente hasta hacerse dominantes serán aquellas que tengan una mayor capacidad reproductiva, una mayor infecciosidad y una mayor capacidad de evadir nuestra respuesta inmune. Es decir, de reinfectar a personas que ya estaban inmunizadas sea por vacunación o por haber pasado la enfermedad. De hecho, la información disponible indica que la nueva variante ómicron, detectada hace menos de un mes, es mucho más infecciosa que las originales, duplica las tasas de contagio y la capacidad de evadir la vacuna de la variante delta y presenta un riesgo de reinfección cinco veces superior y una menor sensibilidad a las terapias con anticuerpos monoclonales que esta última variante. En la mayoría de países europeos, ómicron ha mostrado tasas de infección muy elevadas en poblaciones mayoritariamente vacunadas. En el Reino Unido, ómicron ha provocado ya las cifras de casos diarios más altas desde el origen de la pandemia. En algo más de un mes, ómicron ha llegado a protagonizar más del 75% de las infecciones en África, del 25% en Reino Unido y del 9,5% en España según el proyecto GISAID. En nuestro país, datos del Ministerio de Sanidad revelan que ómicron ha pasado en una sola semana de causar el 3,4% al 47% de las infecciones.

Aún no está claro si ómicron presenta una reducción significativa en su virulencia y letalidad, como todos deseamos. Es cierto que en Sudáfrica ha conllevado menor hospitalización y mortalidad que delta, pero antes de concluir que es una variante menos virulenta que las anteriores es necesario tener en cuenta la alta tasa de inmunización en la población de ese país. De hecho, un estudio más completo realizado en Dinamarca muestra que la infección por ómicron (1,2% de hospitalizaciones) es menos grave que la producida por las primeras variantes, pero no que la producida por delta (1,5% de hospitalizaciones). Aunque en promedio los síntomas son más suaves, hay que recordar de nuevo que la mayoría de los infectados estaban ya vacunados. Otro reciente estudio realizado en Inglaterra también concluye que no hay evidencia que sugiera que ómicron tenga una severidad mucho menor que la de la variante delta. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una letalidad menor aplicada a una población infectada mucho mayor (como podría resultar de la mayor infecciosidad de esta variante) puede conducir fácilmente a una mayor mortalidad total, y desde luego, a la sobrecarga de nuestro sistema sanitario. Por no hablar de los efectos en países con bajas tasas de vacunación. Y hay que recordar que la mitad de la población mundial no está vacunada al completo.

Todo esto debería bastar para tener claro que la estrategia para doblegar la pandemia no puede reducirse a la vacunación voluntaria en países del primer mundo. Es imprescindible acompañarla de medidas que aseguren que: (i) la vacunación llegue a un porcentaje muy elevado de la población de cada país; (ii) la vacunación llegue a todos los países, abandonando la actual estrategia de ‘bunker’ cuya única virtud es asegurar el beneficio de las compañías que están comercializando las vacunas, capitalizando además el enorme esfuerzo de investigación realizado con medios y fondos públicos; (iii) tomar todas las medidas necesarias para mantener baja la incidencia mientras se consigue alcanzar la inmunidad de grupo a nivel global, especialmente mientras no se desarrollen terapias efectivas contra la infección. Por suerte, no contamos con una sola arma contra el virus: hay en desarrollo medicamentos que podrían reducir los síntomas más severos.

Las medidas adecuadas para mantener baja la incidencia no son ya un secreto para nadie: diagnósticos proactivos; trazados rápidos y cuarentenas eficaces; atención primaria reforzada, ágil y bien equipada; reducción de riesgo (mascarillas, ventilación) y distanciamiento flexible (restricción temporal de actividades con elevado riesgo de transmisión, como el ocio nocturno o los eventos de gran aforo) en base a umbrales claros sin  saltárselos a conveniencia, según los intereses del momento.

Lamentablemente lo que estamos viendo en esta sexta ola es todo lo contrario. Durante semanas, la dinámica en los países de nuestro entorno ha sido un claro aviso de la necesidad de restricciones. Y después de la irrupción de ómicron, mucho más infecciosa que las anteriores, la necesidad se ha vuelto imperativa. Pero a pesar del crecimiento explosivo del número de casos, algunos gobiernos regionales han vuelto a defender que hay que subordinar la racionalidad al economicismo a corto plazo. Lo urgente ha vuelto a ser salvar la hostelería y las ventas navideñas, aunque el resultado cause un daño irreparable a la sociedad y al resto de la economía. Los confinamientos que han tenido que decretar países tan poco proclives a hacerlo como Holanda, Austria o Alemania y el desmesurado impacto de la última ola en aquellos que no han aplicado apenas restricciones como el Reino Unido parece que no han servido de ejemplo para nuestros gobiernos. El hecho de que las olas de infección de estos cuatro países precedieran a la que se dio en España hace exactamente un año y hayan vuelto a hacerlo en el último mes evidencia la ausencia de proactividad política en el control de la pandemia.

Los argumentos que se están utilizando son tan pintorescos que revelan, sobre todo, que quienes toman las decisiones han dejado de escuchar a los expertos. Que la tasa de hospitalización en relación al número de infecciones sea más baja que en anteriores olas ofrece un ligero alivio. Un alivio insuficiente porque, aunque los hospitales no han colapsado (aún), sí lo ha hecho la capacidad de testado y de atención primaria, mermadas por los recortes ejecutados en cuanto salimos de la última ola.

La situación del testado es paradigmática: en lugar de reforzarlo, varias comunidades autónomas han abandonado todo propósito de universalizarlo a través de la sanidad pública y lo han dejado en manos de los ciudadanos siendo ellos los que deben financiarlo y realizar su primer diagnóstico mediante test comerciales. Con ello, se multiplican tanto los falsos negativos que llevan a nuevas infecciones como la proporción de casos no reportados, y, por tanto, minan la fiabilidad de las cifras oficiales.

El caso extremo es, una vez más, la Comunidad de Madrid, que ha anunciado que no hará el test de PCR a quienes den positivo en test comerciales de antígenos (aunque la AEMPS haya explicado claramente que estos últimos “no serán considerados para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos” sino como “casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario”). Se pasa así de la obligación de confinarse tras una PCR positiva realizada con las garantías del sistema de salud a la recomendación de hacerlo tras un autotest en casa y una llamada a las saturadas líneas del sistema de atención de la Consejería de Salud. Un nuevo golpe a los médicos de atención primaria que, sin el apoyo de servicios de testado y trazado, van a tener que abandonar al resto de sus pacientes para atender a ciudadanos con síntomas leves y a trabajadores que han dado positivo y necesitan que les den un parte de baja. En lugar de aplicar un diseño racional que incluyera reforzar la atención primaria y liberar a los médicos de burocracia innecesaria, fortalecer el sistema sanitario en los barrios y mejorar el rastreo de contagios y la atención a distancia (para los asintomáticos y leves), dejando las urgencias hospitalarias solo para los casos severos, se han dilapidado recursos en acciones faraónicas como realizar cribados masivos que no contaban con seguimiento ninguno o construir grandes ‘hospitales de pandemias’ que nunca ha llegado a dar un servicio que justificara su elevado coste. Y las costuras de esta estrategia están empezando a saltar.

Tan solo en la quinta ola, considerada un ‘éxito de gestión’ en el lenguaje oficial, la decisión de retirar antes de tiempo las medidas de distanciamiento social sin esperar a alcanzar un porcentaje suficiente de vacunación causó más de 4.000 muertos, la mayoría evitables. Por no mencionar a todos los contagiados que, en números muy elevados, presentarán secuelas a largo plazo con consecuencias aún difíciles de valorar. Según un estudio reciente, más de la mitad de las personas no vacunadas diagnosticadas con COVID presentaron síntomas durante más de 6 meses (denominados ‘long Covid’) que afectaron a su bienestar, movilidad y salud, incluyendo trastornos neurológicos, pulmonares, cardiovasculares, dermatológicos, digestivos y de salud mental; un porcentaje que podría reducirse a la mitad en pacientes vacunados.

Actuar tarde sale muy caro, y no solo en vidas humanas. Se habla mucho del impacto de las restricciones en la hostelería y muy poco del enorme coste asociado a las hospitalizaciones, las bajas por enfermedad, los cierres duros que hubo que aplicar después y los confinamientos. El permitir que los que estén totalmente vacunados se salten la cuarentena a pesar de ser contactos con un positivo ha condenado a buena parte de la población no vacunada (en su gran mayoría niños) a pasar la Navidad confinados gracias a la transmisión en comidas de empresa y otros eventos prenavideños. Una política de restricciones razonables, sostenida en el tiempo, hubiese reducido estos costes frente a los provocados por los bandazos a los que nos estamos viendo sometidos.

Es difícil prever si los gobiernos central y autonómicos van a tomar medidas decisivas en los próximos días. El cortoplacismo electoral y económico de muchos de ellos, sumado a la estrategia de populismo simplón como el caso de Madrid (que va calando en otras comunidades autónomas), ha sumido al país en una extraña parálisis en la que la opinión de los expertos parece haber devenido irrelevante. La estrategia de fiarlo todo a las vacunas y al uso de mascarilla en interiores (sin fiscalizar su uso) y no hacer nada hasta después de Navidad puede resultar desastrosa, pero parece ya inevitable. Aunque los expertos concuerdan en que se necesitan medidas urgentes y severas, las recomendaciones avanzadas para la reunión de presidentes del pasado miércoles ya llegaban, en su mayor parte, varias semanas tarde. ¿De qué sirve ‘cancelar las comidas y cenas de empresa’ y ‘fomentar el teletrabajo’ después del 22 de diciembre, cuando todo el mundo se encamina a las reuniones familiares de navidad? ¿Y ‘garantizar la ventilación natural o mecánica’ en el interior de locales comerciales y hosteleros cuando es una medida que no se ha implementado seriamente en ningún momento? ¿Por qué esperar hasta ahora para limitar la hostelería en interiores, el ocio nocturno, el baile sin mascarilla en el interior de discotecas y las ‘citas multitudinarias’, cuando era claro que eran las vías principales de infección, especialmente en la semana previa a las vacaciones? ¿Por qué da miedo recomendar la limitación de número de personas y grupos de no convivientes en las reuniones familiares, cuando sabemos que va a ser la principal fuente de contagios en las próximas semanas y que va a facilitar el contacto de los más jóvenes, principal fuente de contagio actualmente, a los más mayores, el principal grupo de riesgo? Y sobre todo ¿cómo es posible que cada comunidad autónoma esté funcionando por su cuenta, hasta el punto de que los servicios de salud de varias de ellas dan consejos contradictorios y contraproducentes?

Si la propuesta era tardía e insuficiente, la ausencia completa de decisiones es completamente decepcionante. La ‘medida estrella’ anunciada, la reimposición (por decreto ley, en todo el país) del uso de mascarilla en exterior, sirve para poco más que para dar impresión de actividad y reforzar el teatro de la seguridad. Y, aparte de fiar todo al brindis al sol de ‘reforzar la atención primaria’, desde el Gobierno central ni se hace ni se espera mucho más. Ante la oposición frontal de algunos presidentes autonómicos, ninguna de las (tardías e insuficientes) propuestas parecen haberse aprobado, y se deja todo en manos de la gestión fragmentaria y titubeante (cuando no directamente negacionista) de la crisis que están haciendo la mayoría de las comunidades autónomas.

Los ciudadanos nos hemos quedado más solos que nunca, pero eso no quiere decir que no podamos cuidarnos y cuidar a los demás. Las medidas a tomar son ya conocidas, pero es importante recordarlas:

En este momento, y como han declarado explícitamente algunos de nuestros gobernantes, los ciudadanos dependemos más que nunca de nosotros mismos. Y nuestros sanitarios, que están agotados y vuelven a estar desbordados, necesitan más que nunca nuestra cooperación. Mientras esperamos mejoras definitivas en las vacunas y medicamentos, nos quedamos con el lema “Cuídate para que nos cuidemos todos”.