Dación en pago y fin a la 'tasa rosa' en la nueva Ley de Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha

A poco más de dos meses de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, los tres grupos parlamentarios de las Cortes regionales han conseguido ponerse de acuerdo para sacar adelante la nueva Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en esta comunidad autónoma. PSOE, PP y Podemos han votado a favor de este proyecto normativo que ya obtuvo el mismo consenso en la Comisión de Sanidad donde se incorporaron enmiendas de las tres formaciones. La nueva ley recoge un bloque de derechos que confluyen con la accesibilidad, la educación en consumo responsable, la soberanía alimenaria y la economía circular. Además, también prevé la dación en pago frente a préstamos hipotecarios y la erradicación de la denominada ‘tasa rosa’ en productos de higiene femenina.

Este nuevo texto normativo actualiza el vigente de 2005 garantizando los derechos de las personas con discapacidad, y procede de conformidad con el Acta Europea de Accesibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 respecto a los temas relacionados con los derechos de las personas consumidoras. Busca “dar una visión ética y creativa del consumo orientada a una toma de decisiones activa y crítica, comprometida y no vinculada exclusivamente a criterios económicos”.

La ley hace un tratamiento pormenorizado en el desarrollo relativo a los derechos digitales de las personas consumidoras, incluyendo, como derechos, el de “la soberanía alimentaria” vinculada al consumo de productos locales y de estación distribuidos en circuitos cortos de comercialización. También establece el derecho a la seguridad y privacidad en las relaciones de consumo establecidas por cualquier canal de comercialización, y en particular, en lo que se refiere a las comunicaciones por vía telemática.

Por otra parte, establece que la Administración regional deberá llevar a cabo campañas informativas con el objetivo de promover en las personas consumidoras el conocimiento de sus derechos, con políticas informativas, formativas y educativas que fomenten el “consumo responsable, reflexivo, solidario, inclusivo y sostenible de los bienes y servicios”. También regula el fomento de la economía social y solidaria, los circuitos cortos de comercialización y el consumo de alimentos locales producidos de forma ecológica y estacional; así como “la información sobre las huellas ambientales y sociales de los productos y servicios ofertados así como por su consumo y utilización”.

Protección frente la “disrupción tecnológica”

En esta misma línea, incluye un artículo sobre los nuevos modelos económicos emergentes, donde se explica que las administraciones públicas con competencias en materia de consumo promoverán las medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas consumidoras en situaciones de “disrupción tecnológica” que pongan en riesgo el consumo o utilidad de bienes adquiridos con carácter previo. En concreto, las actuaciones irán encaminadas a prevenir consecuencias adversas para las personas consumidoras derivadas de una obsolescencia temprana y con arreglo al principio de sostenibilidad de la economía circular.

Asimismo, sostiene que las personas consumidoras de Castilla-La Mancha deberán evitar aquellos productos o servicios de los que se tenga constancia que se producen, distribuyen o comercializan mediante prácticas contrarias a la ética o concurran circunstancias de explotación laboral, de mano de obra infantil o discriminación por razón de género o explotación o utilización indebida de personas con discapacidad. También deberán dispensar un “trato cortés y respetuoso” hacia aquellas personas que les prestan atención como clientes, a fin de “obtener un trato recíproco”.

Durante su trámite en comisión el proyecto de ley incorporó 43 enmiendas de los tres grupos parlamentarios: 25 de Podemos, diez del PSOE y ocho del PP. Entre las enmiendas de Podemos se recoge la propuesta para que la Junta se persone en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a la pluralidad de las personas consumidoras de la región o en casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor.

Asimismo, aboga por que las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario deban informar por escrito de esta cesión a la persona con la que hubieran firmado el contrato de préstamo con hipoteca u otro tipo de préstamo, y que si esto se incumple se considere infracción grave, o muy grave si la omisión de información afecta a la capacidad del deudor hipotecario para defenderse de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Asimismo, la formación morada ha incorporado que las personas consumidoras tengan derecho a solicitar la eliminación y el cese de las cláusulas y prácticas abusivas y desleales, y en el caso de los créditos o préstamos hipotecarios, “puede preverse la aplicación de mecanismos tales como la dación en pago”.

Además, en las enmiendas de Podemos se incluye considerar como mérito a aquellos establecimientos que no establezcan precios diferentes en productos cuya única diferencia sea que el destinatario sea hombre o mujer, y que esto sea el precepto para la concesión un distintivo a las mejores prácticas de consumo.

El PP incluye rebaja de multas

El PP aglutina en sus enmiendas una rebaja de las cuantías de multas por infracciones graves, “pues en muchos casos supondrían la quiebra automática del empresario” o la supresión del artículo en el que se considera como infracción leve la incorrección, falta de consideración o respeto a las personas consumidoras, y que como respuesta a una infracción leve se amoneste por escrito o se imponga una multa de 150 euros, y no ambas como se recoge en la norma. Entre las más relevantes del Grupo Socialista se recoge el reconocimiento a un medio ambiente saludable o clarificar el concepto de obsolescencia programada, fomentando medidas informativas sobre la durabilidad y reparación de los productos.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha sido el primero en intervenir en el debate parlamentario para agradecer la presencia de las organizaciones y colectivos presentes en la tribuna de invitados. Ha destacado el principal objetivo de la ley: la protección de los derechos de las personas consumidoras en un marco de regulación eficiente, con accesibilidad y corresponsabilidad; al tiempo que ha subrayado que la norma se haya realizado con diálogo y con recursos propios, “sin externalizaciones”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Ana Isabel Abengózar ha querido también elogiar el consenso conseguido y ha remarcado que la nueva norma pone a los consumidores como “agentes económicos y sociales que son” al frente de la políticas ciudadanas, dentro de una “economía emergente que deja de ser lineal para pasar a ser circular”. Y ha añadido que además es pionera en muchas otras iniciativas de consumo, con nuevos derechos tanto individuales como colectivos para un “consumo accesible y ético”, desde la soberanía alimentaria para la compra hasta la lucha contra el desperdicio alimentario (que el Gobierno ya tramita a través de otro decreto) y la perspectiva de género, con la utilización del lenguaje inclusivo y la erradicación de prácticas como la ‘tasa rosa’ en productos de higiene femenina.

Por su parte, María Díaz, parlamentaria de Podemos, ha subrayado que hablar de políticas de consumo es hablar de “políticas para la ciudadanía”. “La aparición de nuevas realidades debe ir acompañada de nuevos derechos y libertades, en cantidad y calidad. Esto supone un vuelco hacia una conciencia cada vez mayor entre el mundo del consumo y el mundo de la vida”, ha enfatizado, defendiendo las mejoras que han supuesto las enmiendas de la formación morada.  

Finalmente, el diputado del PP Antonio Lucas-Torres se ha congratulado de que su grupo parlamentario haya apostado por el consenso estando en periodo preelectoral, y ha reprochado al PSOE que no “hayan hecho caso” a los ‘populares’ en otras iniciativas parlamentarias. “Es una ley que llega tarde, en tiempo de descuento, y que no se va a poder aplicar en esta legislatura, pero era necesario este cambio legislativo, ya que por encima de nuestros colores políticos, está el interés de los ciudadanos”, ha concluido.

En la tribuna de invitados han estado presentes CCOO-CLM, Confianza Online, Facua Castilla-La Mancha, la Asociación de consumidores y usuarios “El Prado-Unae de Talavera de la Reina”, la Asociación de Técnicos de Consumo, la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Consumidores y Usuarios (CAVE-CLM), el Servicio de Atención al Cliente de Iberdrola Clientes, Amas de Casa, Consumidores y Usuarios La Vega de Toledo, la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de Castilla-La Mancha, la Asociacion CONSUMUSS y la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha.