Los promotores deberán ofrecer al menos dos ubicaciones de su proyecto en el estudio de impacto ambiental
El argumentario con el que salió a la luz el primer borrador de la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha fue el de “más control y más protección”. Esto fue a principios del presente año y desde entonces el texto ha sufrido varias modificaciones. Actualmente está listo el quinto borrador con los cambios que se aprobaron en el último Consejo Asesor de Medio Ambiente. Además de la eliminación de los “bancos de conservación de la naturaleza” que ya adelantó eldiarioclm.es, se han introducido más cambios de gran calado que ahondan en esas labores de vigilancia ambiental y que forman parte de las alegaciones de partidos como Izquierda Unida y Podemos, o colectivos como Ecologistas en Acción.
En medio de la creciente polémica por la instalación de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha, la mayoría de los cambios tienen relación directa con esta cuestión. Sucede así con el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente haya aceptado dar apoyo a los ayuntamientos de pueblos pequeños en la vigilancia y control de proyectos que les afecten.
En la regulación actual se establece que debe ser el órgano sustantivo, en este caso la corporación municipal, quien realice esta inspección una vez que un proyecto con impacto positivo se asiente en un municipio, como ha sucedido en el caso de las instalaciones porcinas. Pero no todos los ayuntamientos tienen recursos para un procedimiento administrativo y de inspección tan complejo. En el nuevo borrador se ha incorporado por tanto que el Gobierno regional dé apoyo a estas administraciones locales.
Otra modificación también tiene que ver con esas labores de vigilancia. En base a la normativa actual, todo el plan de control y vigilancia del proyecto del estudio de impacto ambiental se deja en manos del promotor una vez que está en marcha. En teoría, esto seguirá siendo así, pero se ha incorporado la obligatoriedad de que la empresa ponga en marcha un calendario de actuaciones que tienen que conocer tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente, y cuyos plazos y medidas tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de una macrogranja porcina, todo el proceso de residuos y purines ya no estaría solo en manos del promotor, sino que lo supervisaría también la Junta de Castilla-La Mancha.
Se impondrá un “cronograma estimado” de vigilancia
Concretamente, en los primeros borradores de la nueva Ley de Evaluación Ambiental se establecía, en el apartado del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental que se atendería a la vigilancia durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto. A esta frase ahora se ha añadido que el Programa deberá contener “un cronograma estimado” para las actuaciones de vigilancia y seguimiento que contemple con el fin de supervisar su cumplimiento.
Y relacionado con todo ello se incluye también una de las novedades más importantes. Se adecua la ley castellano-manchega a la estatal en cuanto a las opciones de ubicación de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Según la normativa autonómica vigente, un promotor puede presentar una única iniciativa para conseguir la DIA positiva, y en caso de no obtenerla, incorpora la “alternativa cero”: no se hace. Ahora deberá incorporar una segunda opción, es decir, al menos dos alternativas de ubicación aparte de la “cero”.
Se trata de una petición de los ecologistas que busca obligar a los promotores a no agarrarse a “todo o nada” para llevar a cabo sus iniciativas, a buscar alternativas con menor impacto ambiental. Según apuntan, en ocasiones apelan a los beneficios económicos y de empleo para ubicarse en zonas muy despobladas, condicionando la luz verde a su evaluación ambiental. Pero por ejemplo, en Castilla-La Mancha, hay términos municipales que tienen espacios naturales protegidos en una parte de algunos términos municipales y en otra no. Con la inclusión de esta máxima, se obliga a conjugar la cuestión social con la ambiental.
Esta medida se ha incorporado en los anexos del quinto borrador, dentro de la parte referida al examen de alternativas al proyecto. Según se establece ahora, la selección de la mejor opción deberá estar soportada por un análisis global donde se tenga en cuenta, no solo aspectos económicos, sino también los de carácter social y ambiental. Y añade al final, como novedad, que este “examen multicriterio” deberá contener “al menos un total de dos alternativas dispuestas en distintas ubicaciones, más la alternativa cero”.
Evaluación “simplificada” en granjas de 1.000 a 2.000 cerdos
Finalmente, en el borrador se mantiene una de las cuestiones más novedosas en relación las granjas de porcino. En la relación de proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental ordinaria en Castilla-La Mancha siguen incluidas las denominadas macrogranjas, es decir las que tienen 2.000 cerdos o más. Pero también se mantiene que las que se encuentren entre 1.000 y 2.000 cabezas sean sometidas a evaluación “simplificada”. Esto quiere decir que el procedimiento es más rápido, e impone menos requisitos y trámites.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ya anunció el pasado mes de mayo que se limitarían las ayudas a granjas porcinas, de tal forma que solo puedan beneficiarse aquellas que alberguen menos de 1.000 ejemplares, las consideradas de tipo familiar.
Esta nueva medida de la evaluacion “simplificada”, de aprobarse complementaría además al decreto aprobado en octubre por que se estableció la obligación de una distancia mínima de dos kilómetros de explotaciones ganaderas con respecto a los núcleos de población y que el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, anunció cuando comenzaron a proliferar las macrogranjas. Se trata de una de las regulaciones “transversales” que afectan a la instalación de macrogranjas en Castilla-La Mancha y que ha llevado a la constitución de plataformas y colectivos en contra de estos proyectos en Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete.
En principio, este quinto borrador es el que se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha tras aprobarlo el Consejo de Gobierno. Es una de las leyes comprometidas para esta legislatura por el Ejecutivo de Emiliano García-Page y para que cumpla con los trámites debería solventar su trámite parlamentario antes de marzo. Ecologistas en Acción y Podemos ya han mantenido reuniones para acordar algunas de estas medidas con las que se han mostrado de acuerdo los grupos parlamentarios de PSOE y PP aunque ninguno de ellos descarta que haya más cambios.
