¿Qué recoge el acuerdo PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha y qué pasa ahora tras su suspensión?

No fue un pacto de gobierno, fue un acuerdo para propiciar la investidura de Emiliano García-Page. Pero apenas ha durado 15 meses. Las buenas intenciones, las semanas de negociación, su rúbrica ante notario han quedado en papel mojado tras anunciar el líder de Podemos en la región, José García Molina, que el pacto está “muerto”. Este anuncio se produce un día después de las elecciones vascas y gallegas, en plena debacle del PSOE y del liderazgo de Pedro Sánchez tras sus malos resultados en los comicios y en un escenario estatal bajo un Gobierno en funciones del PP, frente al cual ni la formación morada ni los socialistas han sido capaces de ponerse de acuerdo.

El desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fue la Espada de Damocles que planeó sobre el pacto castellano-manchego durante todo el verano, pero en esta comunidad autónoma todos afirmaron que el escenario nacional no afectaría. En el contexto se encuentra también la crisis interna que sufre Podemos en la región, con un manifiesto de las bases pidiendo primarias y cuestionando el liderazgo de García Molina. Por lo tanto, con la ruptura del acuerdo con Page, el líder de Podemos ejerce presión también a nivel nacional y al mismo tiempo puede acallar algunas críticas internas.

El pacto rubricado el 29 de junio de 2015 entre Emiliano García-Page y José Molina formó parte de la necesidad de revertir todos los recortes llevados a cabo en la comunidad autónoma durante la legislatura de María Dolores de Cospedal. Era una fusión de los programas electorales de ambos partidos, con plazos en el anexo, muchos de ellos sin cumplir. Podemos desde entonces ha mantenido su papel de oposición, llegando incluso a votar en las Cortes algunas propuestas del PP, pero también ha presentado junto al PSOE leyes y procedimientos sociales de emergencia.

Desde Podemos pusieron especial acento en la ejecución de un Plan de Rescate Habitacional que PSOE incluyó igualmente en sus compromisos electorales. El intento de frenar los desahucios en Castilla-La Mancha tomó cuerpo en octubre con la creación las denominadas 'Oficinas Antidesahucios'. Pero no se aprobó como tal el Plan demandado por Podemos. Sobre esta cuestión, en el acuerdo firmado se establecía también que la Administración Pública, en caso de desalojos forzosos, buscaría una solución, bien mediante una alternativa habitacional o mediante la negociación y acuerdo entre las partes. El objetivo del Gobierno de García-Page se vislumbró con el anuncio de una Ley de Vivienda Social, que todavía no se ha presentado, pero que contemplaba alguno de estos puntos.

Acuerdos sociales y de auditoría

También en el terreno social, uno de los compromisos más importantes fue la elaboración de un Plan Regional contra la Pobreza Energética, con carácter inmediato. Las primeras medidas a este respecto (ayudas para el pago de suministro que cubrieran el periodo invernal, entre otras) se anunciaron hace un año. No obstante, la ampliación de ese plan regional, tal y como pedía Podemos, aún no se ha aprobado.

Siguiendo en el terreno social, el acuerdo de investidura establecía la derogación del decreto de 2013 que regula el reconocimiento de la situación de dependencia y también el posterior sobre el catálogo de prestaciones. Finalmente, no se derogó. La opción del Gobierno castellano-manchego ha sido la aprobación nuevos decretos que amplía la cobertura por dependencia.

Con carácter más general, pero también con plazo inmediato, se incluyó en el acuerdo una auditoría para aclarar las cuentas públicas. Los datos fueron hechos públicos en las Cortes castellano-manchegas, pero en este punto ambos partidos se comprometían también a crear un nuevo órgano de fiscalización externo (Cámara de Cuentas) que reemplazara a la extinta Sindicatura de Cuentas, junto con una Ley de Auditoría Pública de Castilla-La Mancha, en la que se regularan los mecanismos de participación ciudadana. El plazo para esta medida era noviembre de 2015 y la norma ya fue anunciada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, pero todavía no ha llegado a presentarse.

Muy relacionado con ese pacto social se encontraba también la recuperación del empleo público en sanidad y educación. Ambos partidos pactaron negociar con los sindicatos este extremo para recuperar de forma paulatina el empleo público destruido por las “privatizaciones injustificadas”. En el acuerdo se incluyó que durante el primer año de Gobierno se realizaría la contratación de 1.000 nuevos profesionales y la reducción de periodos lectivos de docencia, entre otras cuestiones. Esto último aun es una asignatura pendiente de Educación. En cuanto al empleo público, el anuncio para 2016 fue la convocatoria de 1.710 plazas en 2016 dentro del Plan de Impulso a los Servicios Públicos: 750 en educación, 660 en el SESCAM, 200 para la Administración General del Estado (AGE) y un centenar en personal laboral.

En cuestiones sanitarias, el “acceso universal e igualitario” a los servicios sanitarios que contempla el acuerdo no se ha cumplido en todos sus términos. La Junta ha pedido formalmente al Gobierno central que retire el decreto 16/12 de ‘exclusión’ sanitaria a inmigrantes sin papeles, y en vez de la tarjeta sanitaria universal pedida por Podemos aprobó la denominada ‘Tarjeta Humanitaria’, que no contempla situaciones de reagrupamiento familiar.

Uno de los temas en los que más incidió Podemos como 'líneas rojas' del acuerdo fue la transparencia en las instituciones. Actualmente, el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno ya está pendiente de su tramitación en las Cortes. 

Otros acuerdos quedaron en suspenso debido al retraso en la aprobación de los Presupuestos regionales para 2016, decisión que la Junta adoptó por la necesidad de hacer unas cuentas en “base cero” tras la gestión del PP. Este año los presupuestos tampoco podrán cumplir su calendario de tramitación habitual debido a la situación política nacional. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dicho que “no se daban las condiciones”. Junto a ello se encuentra la reforma de la Ley de Gobierno y del Consejo Consultivo (para la que ya hay una ponencia en las Cortes) y la reforma del Estatuto de Autonomía.

¿Qué puede pasar ahora?

¿Qué significa ahora la ruptura de estos acuerdos? Los dos diputados de Podemos no pueden revertir el voto favorable que dieron a la investidura de Emiliano García-Page. Conviene recordar que la otra opción era dejar que gobernara de nuevo María Dolores de Cospedal, tal y como la formación morada planteó a su militancia cuando sometió a votación el acuerdo con el PSOE, que fue respaldado pero con escasa participación. Además, la configuración del Parlamento regional no ha cambiado desde entonces: el PP sigue teniendo mayoría. De hecho, durante los 15 meses de legislatura, la formación morada ha votado junto con los ‘populares’ algunas resoluciones y ha bloqueado otras tantas impulsadas por el PSOE.

García Molina, en su comparecencia sin preguntas, no ha detallado cuál es ahora la estrategia de Podemos en Castilla-La Mancha. Sin su apoyo no pueden aprobarse ni los Presupuestos (aunque se retrasen) ni las numerosas leyes que las Cortes prevén tramitar en el próximo periodo de sesiones, entre ellas, la Ley de Transparencia, la Ley Antifracking, la nueva Ley contra la Violencia de Género o la reforma de la Ley de Caza.

O se produce un bloqueo que solo beneficiaría al PP, o se renueva a medio plazo el acuerdo que hoy es papel mojado, o ambos partidos se vuelven a sentar para alcanzar acuerdos puntuales. La última opción sería la moción de censura contra Page. Podemos para ello tendría que acordarla con el PP. ¿Estaría dispuesto el partido de Pablo Iglesias a llegar a ese punto?