La titular del juzgado Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el accidente de la línea 1 del metro de Valencia en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas en 2006, ha rechazado los recursos interpuestos por los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) contra su reciente decisión de mantenerlos investigados (imputados) en el caso.
Se trata de la exgerente de FGV, Marisa Gracia, y de otros cinco ex responsables: el exdirector de auditoría y seguridad en la explotación, el exdirector de operaciones, el exjefe de mantenimiento de instalaciones fijas, el exjefe de talleres de Valencia Sud y el exjefe de la Línea 1.
La instructora admite que los indicios que existen contra ellos son “frágiles” pero explica que esperar a recibir el informe pericial que está elaborando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para decidir si les imputa pondría en peligro la investigación ante el riesgo de que los posibles delitos prescribieran.
La titular del Juzgado de Instrucción 21 acordó el pasado mes de junio tener como investigados a los seis exresponsables. Lo hizo a petición del abogado de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Junio (AVM3J), que representa a las familias de 13 de las 90 víctimas del accidente ferroviario.
“En otras circunstancias, en las que no peligrase por el transcurso del tiempo la prescripción de los supuestos delitos cometidos, se hubiese retrasado la resolución que acordase dirigir la investigación contra los recurrentes para poder disponer de datos más concluyentes y certeros”, señala la jueza en el auto en el que rechaza los recursos de los nuevos imputados.
Pese a mantener la condición de investigados a los seis exdirectivos, la magistrada, en contra del criterio de algunas acusaciones, reitera su intención de no citarles a declarar hasta disponer del citado informe y sólo en el caso de que del contenido del mismo se desprenda que “nos encontramos ante unos hechos constitutivos de delito”.
El documento encargado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que la instructora considera fundamental para determinar si FGV cumplía con la normas de seguridad exigibles conforme a la normativa ferroviaria y si hay responsables penales del accidente, no estará concluido hasta octubre.
No obstante, la magistrada ha requerido a los peritos encargados de su redacción que adelanten a la primera quincena de septiembre la remisión al juzgado de las conclusiones provisionales relativas a dos de los extremos que se investigan: si el cambio de las ventanas de los vagones incidió en el desprendimiento de las mismas y si el trazado de la curva en la que el convoy descarriló hacía necesaria la colocación de una baliza que controlase la velocidad del tren ante la existencia de un riesgo “no tolerable” técnicamente hablando.