El fardo de presunta corrupción que arrastra el Partido Popular en València es tan pesado que ni siquiera los tímidos esfuerzos de María José Catalá por distanciarse de la época de Rita Barberá sirven para pasar página.
Cristóbal Grau, actual asesor y secretario del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, inyectó siendo concejal de Deportes casi medio millón de euros al Grupo Trasgos, investigado por la supuesta financiación ilegal del partido durante la etapa de Rita Barberá. El informe de la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que rastrea los contratos del grupo de comunicación propiedad de los empresarios Antonio Puig Payá y Vicente José Peris Montesinos destaca que la mitad del botín salió de la Delegación de Deportes, que dependía de Grau desde 2002.
El Juzgado de Instrucción número 20 de València investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del consistorio en manos del PP al Grupo Trasgos, por un valor total de 2,7 millones de euros, tras una denuncia de Compromís. En paralelo, la empresa (y el propio Grau) está siendo investigada, en el marco del caso Taula, por el Juzgado de Instrucción número 18, que sigue el rastro de la presunta financiación ilegal del PP en València.
El grueso de los fondos que otorgó Grau a Trasgos fue por trabajos en la feria ExpoJove (43.636 euros en 2004; 46.400 en 2005; 71.538 en 2006; 44.892 en 2007; 44.792 en 2008; 50.777 en 2009; 56.345 en 2010; 54.972 en 2011). En la edición de 2008 de ExpoJove, el Grupo Trasgos obtuvo el contrato de 44.792 euros a través de una de sus filiales llamada Cuco Comunicación, cuyo objeto social (el negocio de la telefonía móvil) nada tenía que ver con la adjudicación del Ayuntamiento, según destaca la Udef en su informe. Así, la Policía cree que hay una “inconsistencia en la actividad desarrollada”. En total, Grau inyectó 470.285 euros a las empresas del Grupo Trasgos.
Los investigadores han detectado facturas sin el sello del registro de entrada en el Ayuntamiento pero firmadas y rubricadas de conformidad por el entonces concejal de Deportes y actual asesor del grupo municipal del PP, Cristóbal Grau. Otra factura por un contrato para la feria ExpoJove, por un importe de 44.722 euros, “supera los límites del contrato menor”, apunta el informe policial al que ha tenido acceso eldiario.es. “Debería haberse tramitado como un procedimiento negociado sin publicidad”, añade. La factura por el stand en la feria juvenil aparece rubricada y firmada de conformidad por Grau.
Todos y cada uno de los contratos se abonaron mediante “gastos realizados en ejercicios cerrados sin crédito presupuestario y sin autorización”. El consistorio emitía entonces un informe de aprobación de reconocimiento de obligaciones que recordaba quién había iniciado las actuaciones (el concejal delegado de Deportes Cristóbal Grau) y proponía una indemnización sustitutiva mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.
El exconcejal, actualmente asesor del equipo liderado por María José Catalá, está imputado en la pieza del caso Taula que investiga la presunta financiación ilegal del PP en la ciudad de València (la pieza del pitufeo). Grau es socio de una empresa fotovoltaica (Extern Group 21 SL) y administrador solidario de El Molí Lab SL, una microempresas dedicada a la comunicación que cuenta con un espacio de coworking en Carpesa (València).
Nota
En relación a las informaciones aparecidas los días 9 y 11 de julio en el periódico elDiario.es, acerca de la mercantil TRASGOS COMUNICACIÓN S.L. y de los socios de la misma don Vicente Peris Montesinos y don Antonio Puig Payá, los mismos quieren hacer constar lo siguiente, con independencia de las acciones legales que les pudieran asistir:
-Que TRASGOS COMUNICACIÓN S.L. no obtuvo ningún “botín” del Ayuntamiento de Valencia por valor de 2,7 millones de euros, tal y como afirman en su publicación del 9 de julio, ni el secretario del grupo municipal “inyectó” medio millón de euros a la empresa “financiadora del PP” tal y como publican en la noticia del 11 de julio.
-Que efectivamente ha habido una relación mercantil con el Ayuntamiento de Valencia, con distintas áreas del mismo.
-Que la cantidad de 2,7 millones de euros facturados por Trasgos y otras mercantiles a esa corporación del grupo, a que hacen referencia en su noticia, corresponden a una relación de prestaciones contratadas a lo largo de más de quince años.
-Que todos los presupuestos se corresponden con trabajos realmente efectuados, aprobados, ejecutados y facturados siguiendo las instrucciones de los funcionarios correspondientes.
-Que el importe cobrado del Ayuntamiento durante quince años y correspondiente a trabajos realmente ejecutados, no se destinó a otro fin que no fuera la propia empresa.
-Que TRASGOS COMUNICACIÓN no está investigada en el marco de la operación Taula, tal y como afirman en sus publicaciones, únicamente sus socios han declarado como testigos en el Juzgado de Instrucción 18, no estando a día de hoy imputados o investigados en causa judicial alguna.