Salvador Deusa, funcionario jubilado de la Diputación de Valencia acusado de supuestamente amañar los pliegos del contrato del 'call center' adjudicado por la empresa pública Imelsa, de la que Marcos Benavent (autodenominado 'yonqui del dinero') era gerente, ha defendido la legalidad del proceso administrativo. “Desde mis concepciones políticas creo en la función pública y en los servicios públicos”, ha declarado ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia durante el juicio por la pieza separada D del 'caso Taula'.
Deusa ha explicado que entró a la función pública en 1979 y que no tenía relación alguna con el expresidente de la Diputación de Valencia. “He coincidido con él en un par de entierros y de bodas distintos y distantes, jamás he tenido ninguna conversación ni por correo, absolutamente nada”, ha afirmado el acusado. Sobre su relación con Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero' que cobró 158.833 euros de la adjudicataria mediante una empresa pantalla a nombre de su cuñada, la ha limitado a haber compartido algunos cursos de bachillerato cuando vivía en Xàtiva.
También ha negado que Alfonso Rus le diera algún indicación o le presionara para beneficiar a alguna empresa en concreto. El funcionario jubilado ha negado que tuviera algún “interés directo” en las empresas que se presentaban al contrato o que el acusado Mariano López intentara beneficiar a la mercantil adjudicataria.
El acusado ha defendido los “requisitos muy exigentes” de los pliegos de la adjudicación y ha recordado que no fue recurrida ni hubo “ninguna queja”. “Fue público, publicado y transparente”, ha dicho en referencia a la licitación. Las empresas que perdieron el concurso “tenían gabinetes jurídicos probablemente más potentes que la Diputación”, ha argumentado. Servimun, la empresa de José Palomares adjudicataria del 'call center' cumplía “con todos los requisitos”.
Sobre el correo electrónico que remitió el 3 de mayo del 2013 a la adjudicataria, antes de que se firmara el contrato con Servimun, ha alegado que se trataba de adelantar una propuesta de “dar unos seminarios con capacitación para que nada más entraran se pusieran a trabajar”.
Salvador Deusa ha recordado que entre sus funciones no figuraba la auditoría o fiscalización del contrato y ha distinguido entre un 'call center' y un 'contact center', que es “dos o tres peldaños superior” al ser un centro de gestión que incluye las llamadas, la gestión de las redes sociales, los buzones de voz o las carpetas del ciudadanos. El acusado sostiene que la adjudicación era más bien un 'contact center' y ha reconocido que la puesta en marcha presentó “muchos problemas” por la complejidad del servicio.
La decisión de contratar el servicio, dedicada a la atención tributaria, fue “meramente política”. El acusado ha argumentado que “no tenía capacidad de influir a nadie en Imelsa” ni le reportó ningún beneficio económico la adjudicación a Servimun. “Yo estoy orgulloso de mi trabajo”, ha concluido Salvador Deusa.