Decenas de vecinos de los municipios unidos por la AP-7 han celebrado durante la noche del 31 de diciembre al 1 de enero el fin del peaje en esta vía. Desde las 20 horas del martes la concesionaria Abertis ha suprimido el pago que ha sido necesario durante 40 años para circular por la costa valenciana.
La liberalización de la AP-7, con varios años de retraso por sucesivas prórrogas aprobada por el Gobierno del PP, ha generado entusiasmo en las redes sociales y en los conductores que frecuentemente han hecho uso de la autopista. En municipios como Gata de Gorgos, Ondara o Benicarló, varios grupos se han acercado a las vallas de la vía para brindar por su inclusión en la Red de Carreteras del Estado.
El fin de los peajes en más de 370 kilómetros de carreteras valencianas supone el cumplimiento de una revindicación histórica del territorio, que da por amortizado el pago de la vía, pero deja aún algunos asuntos pendientes. Uno de ellos es el de la construcción de más accesos a esta vía, que permita desviar el tráfico diario que pasa por decenas de municipios para que los conductores puedan circular por vías más seguras.
La Conselleria de Infraestructuras, dirigida entonces por la socialista Maria José Salvador, propuso al Ministerio de Fomento en 2018 la construcción de una decena de accesos a la vía con la idea de descongestionar otras carreteras como la N-322. Esta vía, a su paso por la Safor y la Marina, es uno de los principales tramos de concentración de accidentes; mientras que en Oliva forma embudos de tráfico muy molestos para los vecinos. Fomento se ha comprometido a invertir 326 millones en una decena de conexiones y acondicionamientos en el tramo rescatado, que beneficiará a estas comarcas. La Generalitat estimó en su estudio que el coste de los accesos sería de unos 220 millones de euros. De momento han comenzado las actuaciones en Oliva y Vinaròs.
Queda pendiente también un estudio sobre la densidad del tráfico que soportará la vía liberalizada, tanto de turismos como de camiones u otros vehículos de transporte de mercancías. La empresa adjudicataria del estudio tiene seis meses para presentar sus resultados a Fomento para que el ministerio pueda conocer los tramos con más vehículos, el porcentaje de tráfico pesado y el desgaste del asfaltado, entre otras cuestiones. El estudio será esencial para la construcción de los accesos planteados hace ya año y medio.
La liberalización de la vía supondrá un ahorro de entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo y transportista, según ha calculado el gremio. Abertis, la empresa que explota las autopistas y que ahora deja la AP-7 y la AP-4, ha obtenido unos beneficios de 1.249 millones de euros en el periodo entre 2006 y 2018 (no se incluye el ejercicio 2019, que todavía no está contabilizado pero que podría rondar los 150 millones de euros). Este periodo corresponde a la última prórroga firmada en 1997 por el Gobierno de José María Aznar y auspiciada por el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana.