Muy útiles en la planificación del día a día, las agendas en papel se han convertido en un auténtico peligro para los presuntos corruptos que las han conservado en su poder. El exministro del PP Eduardo Zaplana tenía una agenda con sus citas con comisionistas y testaferros que aparece en el sumario del 'caso Erial'. El comisario jubilado José Manuel Villarejo anotaba en sus agendas los encuentros que mantenía en el ámbito de las cloacas del Estado. Y el empresario José María Febrer, detenido en la segunda fase del 'caso Azud, que investiga una red de presuntas mordidas a cargos públicos del PP y del PSPV-PSOE durante la etapa de Rita Barberá, también contaba con una agenda que ha servido a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rastrear pagos a políticos y reuniones.
La agenda de Febrer recoge detalladamente desde 1999 sus encuentros con políticos del PP y del PSPV-PSOE e incluso transacciones dinerarias para acelerar trámites urbanísticos o comprar el silencio ante determinadas actuaciones, según ha adelantado la Cadena Ser.
Febrer, administrador único de la promotora Construcciones Valencia Constitución SL (ya extinguida) y con cargos societarios en varias constructoras, se ha convertido en el eje de la trama del 'caso Azud, nacido de una investigación de Hacienda al despacho del abogado José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. La primera fase de la operación, desencadenada el 2 de abril del 2019, acabó con la detención de Corbín y la imputación de su esposa y de sus tres hijas.
En la segunda fase se han llevado a cabo 46 registros en sedes de empresas, despachos y domicilios particulares en Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. El que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, el empresario José María Febrer y el presunto ingeniero financiero de la trama, Joaquín P.R., han ingresado en prisión provisional por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia que dirige, junto a la Fiscalía Anticorrupción, la investigación de la red de mordidas. José Luis Vera, letrado históricamente vinculado a los socialistas valencianos, pernoctó en un centro hospitalario tras su arresto.
La magistrada considera que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. De hecho, los investigadores rastrean el destino en el extranjero de parte de los fondos mediante comisiones rogatorias. Todos los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar, a excepción de Vera, quien a mitad de su testimonio lo interrumpió, según Europa Press.
Durante la operación policial, también fueron detenidos los empresarios Federico Ferrando y Mónica Montoro, además de la exalcaldesa de Xixona (Alicante), la popular Rosa Verdú, y el exconcejal Francisco Doménech. La hija del ex vicealcalde de Valencia, Sofía Grau, también fue detenida. El exjefe de finanzas del PSPV-PSOE, José Maria Cataluña, figura como investigado en la causa, por un presunto delito de cohecho, y su vivienda en Gilet (Valencia) fue registrada. Los agentes intervinieron documentación en el domicilio del que fuera responsable de finanzas de los socialistas valencianos.
El resto de detenidos han quedado en libertad provisional con la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada semana en sede judicial. La causa, bajo secreto de sumario, suma medio centenar de imputados e investiga los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.