En el 'caso Azud', las agendas de los empresarios implicados han tenido un papel capital que ha permitido a la Fiscalía Anticorrupción indagar sobre la presunta trama de corrupción. Si al principio fue la agenda del promotor Jaime Febrer la que sirvió para iniciar las pesquisas, las anotaciones del extesorero socialista José María Cataluña han propiciado una pieza separada relativa a la presunta financiación en B del PSPV-PSOE. La última documentación incorporada a la causa son las agendas del empresario Enrique Gimeno, también investigado, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la sede de la empresa Facsa en un registro efectuado el pasado 18 de octubre.
Las agendas del empresario, a las que ha tenido acceso elDiario.es, revelan contactos continuos con el poder municipal, provincial y autonómico a lo largo de casi 15 años, entre 2005 y 2019. El primer periodo incluye abundantes anotaciones referidas a Víctor Campos, entonces vicepresidente del Gobierno de Francisco Camps. Campos fue condenado por un delito de cohecho en el 'caso Gürtel'. También aparecen referencias al entonces alcalde 'popular' de Vall d'Alba, Francisco Martínez, y a empresarios de la órbita del PP como Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino) o Gabriel Batalla, de Lubasa.
Algunas anotaciones, generalmente referidas a la localidad castellonense de Torreblanca, incluyen referencias al Bloc (antigua denominación de uno de los tres partidos que conforman el actual Compromís) y a su exdirigente Pere Mayor. Este último, que no figura como investigado en ninguna de las dos piezas del 'caso Azud' de las que se ha levantado el secreto de sumario, también aparece vinculado a sendos proyectos urbanísticos de la trama en Burjassot y en Pego.
Los papeles de Gimeno intervenidos por la Guardia Civil incluyen tanto agendas como cientos de folios de cuadernos a modo de diario en los que, telegráficamente, el empresario apuntaba datos sobre la vida interna de la firma y sobre adjudicaciones públicas.
Un nombre que se repite a lo largo de los años es el de José María Cataluña, extesorero del PSPV-PSOE, investigado en la causa. La documentación intervenida en la vivienda de Cataluña permitió a los investigadores del instituto armado tirar del hilo hasta acreditar pagos en B de las campañas del PSPV de las elecciones autonómicas y municipales del 2007 y de las generales del año siguiente. El informe de la UCO detallaba los abonos de Facsa a proveedores de la campaña socialista: 261.771 euros en 2007 y 70.817 euros (a través de una filial) en 2008. La jueza instructora vincula en un auto estos pagos con adjudicaciones públicas.
A partir de 2015, cuando el Pacte del Botànic accede al Palau de la Generalitat, abundan nombres vinculados a cargos del PSPV, como el director general Joan Calabuig o la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. También al último presidente 'popular' de la Diputación de Castellón, Javier Moliner. Las referencias a cargos autonómicos suelen ir acompañadas de la anotación “Pep Cat.” para designar al extesorero. Algunas anotaciones escapan del ámbito de influencia de la empresa en Castellón y aluden al Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís y el PSPV desde 2015.
La UCO también intervino en la sede de la empresa documentación sobre la adjudicación de la planta de tratamiento de purines de Todolella por parte de la Diputación de Castellón por un valor estimado de 711.513 euros. La carpeta incluye varias actas notariales y el contrato firmado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Facsa y Fobesa con la institución provincial.
Un siglo de suministro de agua
Enrique Gimeno es uno de los empresarios más importantes de la provincia de Castelló. La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), dedicada al suministro de agua, ya fue presidida por su abuelo Enrique Gimeno Tomás a principios del siglo XX. El empresario fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Gürtel', tras haber confesado que financió al PP. La pena de prisión fue conmutada por una multa de 154.500 euros.
Además, Gimeno es uno de los procesados en el 'caso Fabra II', en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de nueve meses de prisión por un presunto delito de cohecho por haber avalado, con 1,25 millones de euros, un préstamo de Carlos Fabra que habría servido para enmascarar el patrimonio del expresidente de la Diputación de Castelló. En su declaración ante el juez, el empresario explicó que el aval al expolítico del PP fue motivado por la amistad de varias generaciones entre ambas familias.
La pieza separada 7 del 'caso Azud', en la que Gimeno figura como imputado, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación.