El Aita Mari exige ante la Justicia al diputado autonómico de Vox Jesús Albiol que se retracte por acusarles de ser un “barco negrero”

La Asociación de Salvamento Marítimo (SMH), operadora del barco de rescate marítimo Aita Mari, ha presentado este lunes una demanda de conciliación para que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Borriana y diputado en el parlamento valenciano, Jesús Albiol, se retracte y rectifique sus acusaciones contra el Aita Mari, al que calificó de “barco de negreros” y “cooperador necesario de las mafias de tráfico de personas”.

El Aita Mari es un pesquero que fue reconvertido en navío de rescate para personas refugiadas que se lanzan al mar Mediterráneo huyendo de las guerras, el hambre y la miseria. Durante los últimos años estas embarcaciones humanitarias habían encontrado en los puertos de Borriana y Vinaròs, de la Generalitat Valenciana, un refugio para descansar de sus misiones y realizar labores de mantenimiento.

Sin embargo, el actual Consell (dirigido por el PP) decidió acatar una imposición de Vox de reclamar las tasas portuarias de los últimos cuatro años, que ascienden a 63.000 euros. Lo que en la práctica puede suponer la expulsión de la flota de salvamento humanitario de los puertos de la Comunitat Valenciana.

Fruto de esa decisión, el diputado de Vox Jesús Albiol lanzó las mencionadas acusaciones en varios foros públicos y su partido lo replicó en las redes sociales. Es por ello por lo que la ONG y el capitán del Aita Mari han decidido presentar este acto de conciliación previo a una querella por calumnias e injurias por haber atentado contra el honor de la propia entidad y de los tripulantes del Aita Mari. Una demanda que hace extensiva al partido de Vox en Borriana.

La vicepresidenta de la ONG, Amia Iguaran ha advertido de que los partidos de extrema derecha “buscan obstaculizar la ayuda humanitaria”. Emplean una “retórica xenófoba alimentando el miedo de la gente hacia la inmigración cuando lo que vemos, cada vez que salimos al mar, son personas asustadas que huyen del hambre o de las bombas en busca de un futuro mejor”.

“¿Por qué arriesgar la vida? Es una pregunta que quienes vivimos en la comodidad de Occidente no nos podemos ni imaginar. Por muy mal que nos vaya”, ha reflexionado Iguaran

Frente a las acusaciones de la derecha, la vicepresidenta de SMH ha respondido que la labor en la defensa de los derechos humanos y el salvamento de vidas en el mar ha sido declarada de interés público y ha recibido prestigiosos galardones tanto de la sociedad civil como de las instituciones.

Desde que el Aita Mari comenzó a operar en el Mar Mediterráneo en 2019 ha logrado rescatar con vida a 1.328 personas. El número de rescates ha ido aumentando cada año: 79 en 2019; 202 en 2020; 258 en 2021; 288 en 2022; 424 en 2023; y en lo que va de 2024, 77. “Una tragedia humanitaria que no se puede detener con políticas antiinmigración porque de lo que huyen es peor que la perspectiva de morir ahogados”, ha lamentado Iguaran.

Ninguna condena

La responsable de la entidad humanitaria ha explicado también que “a pesar de las exhaustivas investigaciones a las que son sometidos los barcos de rescate tras cada operación, nunca se ha condenado a ninguna embarcación por su labor humanitaria”. Es más, ha remarcado, la justicia italiana ha anulado detención administrativa del Geo Barents (MSF), “enviando un mensaje tan claro como que solidaridad y el rescate en el mar son derechos fundamentales” y “dejando en evidencia los intentos de criminalizar la ayuda a personas rescatadas en el mar”.

La asistencia en alta mar a embarcaciones en peligro es una obligación legal de los Estados y negar el auxilio en alta mar o dificultarlo mediante el abuso de medidas administrativas “es un acto inhumano que tiene consecuencias legales ante las que tarde o temprano hay que responder”.

Asistencia letrada

Por otro lado, Iguaran ha destacado que, en la decisión de presentar esta demanda de conciliación previa a la querella, decidieron buscar la asistencia de la persona que promovió la exención de las tasas en los puertos de la Generalitat. “Decidimos acudir a Mónica Oltra para que nos asistiera como letrada en este caso ya que, además fue ella, como vicepresidenta de la Generalitat la que propuso en el Gobierno valenciano que los barcos de ayuda humanitaria pudiéramos tener un refugio en los puertos de Borriana y Vinaròs”.