La pieza separada G del 'caso Taula' está en serio peligro tras haber solicitado la Fiscalía Anticorrupción su archivo por la prescripción del supuesto delito de cohecho por el que figuraban como investigados Alfonso Rus, expresidente popular de la Diputación de Valencia; Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero' y presunto recaudador del PP de la provincia de Valencia, y Máximo Caturla, exconsejero delegado de una empresa pública dedicada a la construcción de colegios.
A pesar de que Anticorrupción concluye que tanto Rus, Benavent y Caturla “cobraron ciertas cantidades de dinero” por las adjudicaciones de la construcción de colegios de la empresa autonómica Ciegsa, “con claro desprecio por la causa pública y en beneficio propio”, no se ha podido acreditar una “perfecta correlación” entre los fondos recibidos y las obras adjudicadas en concreto, según un informe remitido por el Ministerio Público al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que abrió en 2018 la pieza separada G.
Las pesquisas, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tampoco han podido determinar “qué constructoras y qué personas concretas efectuaron los pagos” de las presuntas comisiones a los investigados.
Además, abunda el fiscal Fernando Maldonado, los hechos se remontan a los años 2005 y 2006 y, por lo tanto, se debería aplicar el presunto delito de cohecho del Código Penal de 1995, que preveía un plazo de prescripción de tres años. “Teniendo en cuenta que la presente causa [el 'caso Taula] se incoó en en año 2015 y los hechos se cometieron en 2006 y 2006 debe concluirse que ha transcurrido el plazo legal de tres años, por lo que el delito ha prescrito”, indica el representante de la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, en su informe el fiscal incluye una relación de las diligencias practicadas a lo largo de los cinco años de instrucción de la pieza separada que incluye varias declaraciones del 'yonqui del dinero' durante su primera fase de colaboración con la UCO y Anticorrupción en las que Marcos Benavent confesaba el reparto de supuestas mordidas para gastos personales o del PP.
Benavent, condenado a casi ocho años de prisión por un delito de blanqueo de capitales en el primer juicio del 'caso Taula', desgloso y detalló las conversaciones que grabó entre 2005 y 2006 a los componentes de la presunta trama corrupta en las que aparecían múltiples referencias al reparto de comisiones.
En su primera declaración, Benavent reconoció haber cobrado comisiones de empresas constructoras que trabajaban para la empresa pública Ciegsa. “Daba el dinero a Alfonso Rus y éste repartía a veces en un sobre para cada uno, otras veces decía 'para el partido'”, aseguró el 'yonqui del dinero', que también matizó que “no había una forma de reparto fija que se repitiera”.
Marcos Benavent también declaró que “tras toda adjudicación hay una comisión”, aunque admitía que había “intereses cruzados” en el reparto de las mordidas. “Ese dinero se destinaba a todo, a gastos personales, a gastos del partido, en definitiva a todo, a lo que les diese la gana”, confesó el investigado. “Con el dinero negro se pagaban actos del partido”, agregó en su declaración inicial.
Benavent explicó a los investigadores la mecánica para hinchar las adjudicaciones a las constructoras para obtener las presuntas comisiones. Así, los arquitectos de Ciegsa investigados en la causa presentaban “proyectos totalmente desproporcionados para justificar inversiones muy cuantiosas en la construcción de colegios buscando el máximo beneficio posible para todos”.
El cobro de mordidas era “muy automático”
El 'yonqui del dinero' también implicó en el supuesto reparto de comisiones a Máximo Caturla, exconsejero delegado de Ciegsa. El exalto cargo del PP, pendiente de juicio por ocultar su patrimonio en plena investigación del 'caso Taula', negó todo y aseguró que los modificados de las adjudicaciones “están correctos” y que “jamás presionó a nadie para favorecer” a una empresa en concreto.
El fiscal incluye en su escrito una referencia a las conclusiones de un informe pericial de la Agencia Tributaria que detectó ganancias patrimoniales no justificadas por parte de Caturla que ascienden a un total de 734.404 euros entre 2004 y 2011.
Marcos Benavent, en referencia a su papel confeso como recaudador, explicó a los investigadores que el cobro era “muy automático”. “Se va y se cobra lo que se tiene que cobrar, no se habla mucho”, declaró en referencia a presuntas mordidas por parte de dos constructoras. El 'yonqui del dinero' ni siquiera recordaba “las veces que fue” a cobrar a esas dos empresas por obras adjudicadas por Ciegsa.
La solicitud de archivo por parte de Anticorrupción de la pieza separada G, a falta del pronunciamiento de las partes (las defensas y una acusación popular) aboca previsiblemente al fin de la instrucción de esta subtrama del 'caso Taula' tras cinco años de pesquisas.