Esta historia parece un capítulo de una novela del tristemente poco recordado Rafael Chirbes (Tavernes de la Valldigna, 1949 - Beniarbeig, 2015). Con escasas concesiones al punto y aparte, diálogos despiadados y retratos literarios de toda una época en que la infraestructura (corrupta) determinaba la superestructura del poder autonómico en el Palau de la Generalitat. En realidad, forma parte del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el saqueo de Ciegsa, la empresa pública encargada de la reforma y construcción de los colegios valencianos.
La narración comienza el viernes 2 de enero del 2004, día en que un joven arquitecto llamado Joan Vergara Martí obtuvo el primer trabajo de su vida. Nunca antes había estado dado de alta en la Seguridad Social.
—Todos los concursos de proyectos tiene que hacerlos Joan Vergara —dijo el secretario autonómico de la Conselleria de Educación, Máximo Caturla, en una reunión de Ciegsa, según las anotaciones de un testigo del caso Taula—. Por cojones. Por mis huevos.
Aquel viernes, el arquitecto aterrizó en las oficinas de la empresa pública. Era el segundo día del 2004 y, con los buenos propósitos para el año nuevo, Vergara se puso manos a la obra. El lunes siguiente, 5 de enero, tumbó las puntuaciones iniciales de las constructoras que optaban a una adjudicación valorada en 43,8 millones de euros. “Tres días después de su contratación y mediando un fin de semana”, apunta la UCO en referencia al estajanovista y joven trabajador.
Los campistas, recién llegados al poder con la victoria electoral de Francisco Camps en las elecciones autonómicas de 2003, arrebataban así a los zaplanistas, seguidores de Eduardo Zaplana que un año antes se había marchado al Ministerio de Trabajo, lo que en la jerga interna de Ciegsa llamaron la “décima licitación”. Casi 50 millones de euros cambiaban de manos en un fin de semana.
Eduardo Zaplana había apadrinado a Francisco Camps para que fuera su sucesor con su marcha al Gobierno de José María Aznar, pero la relación entre ambos se torció hasta tal punto que el discípulo acabó laminando al maestro y a todos aquellos miembros del PP valenciano que alzaron su bandera.
La valoración de las puntuaciones de esta adjudicación millonaria para la construcción de una decena de colegios, dividida en cinco lotes, se modificó sin razón alguna que justificara el cambio, según la Sindicatura de Cuentas. En la primera valoración, empresas de Madrid, Barcelona y A Coruña, junto a las constructoras valencianas Cyes Infraestructuras y Cleop, obtuvieron los cinco lotes. La Comisión Ejecutiva de Ciegsa, presidida por el entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, acordó por unanimidad realizar una nueva evaluación por una supuesta “falta de motivación” de la valoración inicial.
El arquitecto Joan Vergara, jefe de la división técnica para la contratación de proyectos y obras en el nuevo organigrama orquestado por Caturla, del que era “persona de confianza”, interpretó en esta jugada un rol que a la Guardia Civil le resulta “llamativo”. Tras la toma de control de la empresa pública por parte de los nuevos responsables campistas, en la que Máximo Caturla jugó un “papel nuclear”, según la UCO, las empresas “extranjeras” de Madrid, Barcelona y A Coruña cayeron para “primar” a las valencianas, según la expresión de Caturla. Esas constructoras valencianas están siendo ahora investigadas por una presunta financiación del PP patrio.
El viernes 9 de enero tuvo lugar una reunión tras el inopinado cambio de la “décima licitación”. José Luís Gisbert, antiguo empleado de Ciegsa y testigo en el caso Taula, tomó notas de aquel encuentro.
—En esta empresa manda el conseller [Esteban González Pons], y el conseller hace lo que le sale de los cojones y si alguien no está de acuerdo dimite, se le da un cheque y en paz —exclamó Máximo Caturla, al que el testigo describe como una persona de “trato difícil”— Cuando el conseller no está, mando yo.
Este empleado, que fue despedido un año después, retrató a Caturla durante su comparecencia en la comisión de investigación de Ciegsa en las Corts: “Tenía un vocabulario muy suelto y muy dictatorial”. “Daba la impresión de que se sentía con poder suficiente para hacer lo que quisiese, porque se lo habían dado”, añade. En otra reunión, recuerda Gisbert en su declaración ante la UCO, el testigo esgrimió un informe con ciertas reservas respecto a las afirmaciones de Caturla. El entonces secretario autonómico de Educación, “le pidió que le acercara ese documento y, sin leerlo, lo rompió delante de las personas presentes”.
La guerra entre zaplanistas y campistas “afectó a todos los que habían llegado a Ciegsa en la época de Zaplana”, explica el exgerente Javier García-Lliberós en su declaración como testigo ante la Guardia Civil. Por debajo de los misiles intercambiados entre uno y otro bando, jugaron un papel importante los cuatro arquitectos que rodeaban a Caturla: Joan Vergara, Elena Bosque —quien “ejercía la presión sobre los técnicos para que el proyecto se aprobara”, según declara un testigo ante la UCO— y el matrimonio formado por Carlos Roqués y Nuria Mas, que recorrió una engrasada puerta giratoria y acabó trabajando en Perú en un proyecto pilotado por Sergio Blasco con una constructora que había obtenido adjudicaciones millonarias de Ciegsa.
Vergara y Bosque, tras su experiencia con Caturla, trabajaron en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia y uno de los epicentros del caso Taula, ambos durante las mismas fechas: del 17 de abril del 2008 al 31 de julio del 2012.
El exgerente Miguel Barranca, que advirtió en vano al entonces presidente Camps de los desmanes de Caturla, declaró como testigo ante la Guardia Civil que “los empresarios que iban a Ciegsa hablaban directamente con Máximo y cuando éste no estaba hablaban con estos técnicos”. Hoy en día los cuatro arquitectos y Caturla, que luce un aspecto visiblemente desmejorado, están imputados en la pieza separada G que investiga el saqueo de la empresa pública en el macrocaso Taula.
En Ciegsa hubo, según el informe de la UCO entregado al juez, una “estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales” para financiar al Partido Popular provincial, que controlaba Alfonso Rus, y al autonómico, en manos de Francisco Camps.
La “décima licitación” fue el inicio de todo.