Los gobiernos del PP con Eduardo Zaplana y Francisco Camps tiraron con pólvora de rey y ahora los juzgados -y la fiscalía anticorrupción- investigan si el pago de esos disparos acabó en bolsillos ajenos. O si podían haber costado menos. Uno de esos casos es el del valor real de los trenes que se adquirieron entre 2000 y 2007 y que la actual Conselleria de Infraestructuras denunció que podrían haberse comprado con sobrecostes escandalosos.
eldiario.es ha comparado y consultado con expertos la adquisición de unidades de trenes en esta época donde se evidencia que, alguna de esas partidas millonarias, haría estas adquisiciones unas de la más caras de Europa. Es el caso de la compra a la empresa Alstom en 2003 de los trenes para la línea del tranvía entre Alicante y Benidorm donde cada una de sus unidades haría costado, como mínimo, un millón de euros más que las adquiridas por Renfe y otros gobiernos autonómicos y europeos a diferentes compañías.
En 2003, el Gobierno valenciano adjudicó a la empresa Alstom la construcción de nueve trenes de la serie 4100 por 57 millones de euros, con un coste por cada unidad de 6.333.000 euros. Las máquinas empezaron a funcionar en 2007. En 2009, Servicios Ferroviarios de Mallorca -la empresa pública que gestiona el ferrocarril en Baleares- adquirió a la empresa Vossloh seis trenes idénticos a los comprados por Camps y Zaplana pero por 26.500.000 euros, lo que supone un coste para las arcas públicas de 4.416.000 por unidad. Casi dos millones menos.
En el año 2006, ÖBB -la gestora del ferrocarril en Austria- adjudicó a la empresa Bombardier un contrato de 237 millones de euros para la adquisición de 60 trenes del modelo Talent, similar aunque con mayores prestaciones que la serie 4100 que compró FGV. En este caso, la unidad le salió a las arcas públicas suecas a 3.950.000 euros, 2,4 millones de euros más barato cada tren.
Esta misma máquina Talent fue adquirida a Bombardier por DB, la empresa pública de ferrocarriles de Alemania en 2005. Por 78 trenes abonaron 343 millones de euros, 4.397.435 euros la unidad. La diferencia respecto a los austriacos se debe a mejoras técnicas, explican fuentes del sector.
La mera comparativa entre el precios que pagó la administración valenciana y otras administraciones evidencia los sobrecostes asumidos. Una máxima que la Fiscalía deberá analizar en los próximos meses y que podría poner en problemas, más si cabe, al gobierno de Francisco Camps.