La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcoi contra el auto con fecha 13 de marzo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Alcoy por los sobrecostes de las obras del Teatre Calderón.
Con fecha del pasado 26 de noviembre, la Audiencia ha tumbado el archivo de la causa iniciada por el juzgado alcoyano que declaró el sobreseimiento de las diligencias previas de la denuncia presentada por el consistorio, en manos del PSPV-PSOE, contra el contratista Enrique Ortiz por 1,2 millones de euros en sobrecostes en la construcción del inmueble promovido por el gobierno del PP local en 2001.
El magistrado inició la instrucción en 2015 y el procedimiento siguió su curso tras constatar la Fiscalía posibles indicios de delitos de estafa y falsedad documental contra Ortiz, financiador ilegal confeso del PP y actualmente procesado por el supuesto amaño del Plan General de Alicante. Pero la investigación judicial se topó con la negativa de hasta cinco peritos de aceptar el encargo, algo “muy extraño” tanto para fuentes jurídicas cercanas al caso como para la Asociación Nacional de Peritos Judiciales consultados.
Ahora, la Audiencia Provincial alude en el auto, al que ha tenido acceso este medio, que “la decisión adoptada” por el Juzgado de Instrucción “genera indefensión a la parte recurrente”. Asimismo, recuerda que “la pericial fue acordada como necesaria para avanzar en la instrucción, lo que compartimos, debiendo llevarse a efecto, siendo obligación del Instructor remover los obstáculos que puedan surgir al efecto”.
Asimismo, el consistorio también recuerda que se presentó recurso contra dicho auto al considerar “que existen suficientes pruebas con las periciales aportadas para abrir juicio oral”, y que en todo caso “es responsabilidad del propio juzgado el que se lleve a término la pericial judicial solicitada de oficio, situando en caso contrario al consistorio en una situación de indefensión”.
Las denuncias, propiciadas tras el cambio de gobierno local y la entrada de socialistas y Esquerra Unida, se basan en la presunta comisión de un delito de estafa y falsedad documental por parte de la constructora Ortiz e Hijos, adjudicataria de las obras de reforma del Teatro Calderón, y de la Dirección Facultativa, al detectarse hasta en dos periciales, una de ellas judicial, sobrecostes abonados por el Ayuntamiento que no estarían justificados y que ascendieron a más de un millón de euros.
Cabe recordar, aducen fuentes consistoriales, que la pericial, cuya práctica no pudo llevarse a término por renuncia sucesiva de los peritos designados por el juzgado, al parecer, por motivos económicos, fue acordada como “necesaria” por el propio Juez instructor para avanzar en la instrucción. “Lo que acuerda ahora la Audiencia Provincial es la obligatoriedad de que se lleve a efecto dicha prueba, siendo tarea del juez instructor el remover los obstáculos que puedan surgir”, insisten estas fuentes.
“Estamos satisfechos con el fallo de la Audiencia puesto que el objetivo último del Ayuntamiento es descubrir si realmente se produjeron los sobrecostes injustificados que las pruebas existentes parecen indicar, y de ser así que se juzgue a los responsables de esos pagos” afirma la concejal de Contratación, Lorena Zamorano.