- La petición de penas de la Fiscalía coincide con la que realizó la acusación popular de EU mientras que el Ayuntamiento de Alicante solicita tan sólo cuatro años
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión para los exalcaldes de Alicante por el PP Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo por un periodo de 10 años, 2 meses y 2 días. El Ministerio Fiscal les acusa de haber amañado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad con la finalidad de responder a los intereses demandados por el empresario Enrique Ortiz quien se enfrenta a una petición de 8 años y 3 días de cárcel.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha especificado en su escrito de acusación presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 5 que los exalcaldes podrían haber incurrido en delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación y tráfico de influencias por el que podrían ser condenados a 29 años y 3 días de inhabilitación para un cargo público en una corporación local. Por su parte, el empresario alicantino es acusado por el Ministerio Público de los delitos de prevariación, tráfico de influencias, corrupción de funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada.
La acusación de la Fiscalía ha coincidido en líneas generales con el escrito de acusación popular ejercido por Esquerra Unida cuyo letrado reclamaba en vez de 8, 13 años para Ortiz, y queda lejos de la petición del Ayuntamiento de Alicante que este miércoles reclamó 4 años de prisión para Alperi y Castedo y 5 para Ortiz.
“Club de amiguetes”
Las primeras reacciones han llegado de Ciudadanos cuya portavoz municipal en el Ayuntamieto de Alicante, Yaneth Giraldo, considera que la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción es “un grave varapalo, otro más, para el Partido Popular, una formación que se encuentra cautiva y bloqueada por un interminable retahíla de asuntos de corrupción en toda la Comunidad Valenciana”. A juicio de la también portavoz provincial del partido: “La petición de penas por el caso PGOU pone de manifiesto el 'corralito' que había organizado el PP en Alicante, con Díaz Alperi y con Sonia Castedo, a modo de un selecto club de amiguetes para repartirse un botín suculento derivado del trapicheo con el diseño urbanístico de la ciudad”.
Por último, Girlado le reclama al PP que “debe tomarse muy en serio lo de la regeneración política que es lo que están reclamando los ciudadanos, y casos como el del PGOU no hacen más que tirar por los suelos lo que debe ser un oficio noble como es el de la política, estar al servicio de los ciudadanos, nunca al revés”, ha matizado la edil.
Ciudadanos estima que los partidos políticos deben asumir responsabilidades económicas subsidiarias en casos de corrupción y así se va a formular tanto en las Corts Valencianes, a través de un proposición no de ley, como en el Ayuntamiento de Alicante, por medio de una declaración institucional que se debatirá en el próximo pleno ordinario del 22 de febrero. Cs reclama en este sentido la creación de un órgano anti-corrupción con funciones preventivas y de control.