El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha justificado el despido de la interina municipal que es cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, por su compromiso por acabar “con situaciones irregulares”, en alusión a los puestos de este tipo de empleados en la corporación.
El alcalde ha hecho estas manifestaciones ante la prensa al término de su declaración en fiscalía como investigado por un supuesto delito de prevaricación relacionado con el cese de esta empleada, Catalina Rodríguez, adscrita a la concejalía de Cultura.
“He contado el relato de los hechos”, ha dicho, tras negarse a desvelar el contenido concreto de su interrogatorio, y ha aludido al “compromiso” que asumió, incluso “antes de ser alcalde, de regularizar todas las situaciones irregulares que había el ayuntamiento”.
Echávarri ya atribuyó públicamente el cese de la cuñada de Barcala, luego readmitida por la concejalía de Recursos Humanos, a la amplia reestructuración de personal interino que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Guanyar Alacant).
“Nunca es agradable venir a declarar, no vengo a una fiesta, pero cuando tienes claro el relato de lo que ha sucedido, lo trasladas y todo está bien”, ha señalado a los periodistas.
Preguntado acerca de si contempla acabar siendo investigado por un juez por estos hechos, ha explicado que no controla “los plazos procesales” y desconoce qué decisión adoptará la fiscalía, pero ha recordado que esta institución se rige “por el principio acusatorio”.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre las negociaciones que el grupo socialista y Compromís han iniciado para refundar el pacto de gobierno, ni sobre el anuncio de Guanyar de abandonar este mes el tripartito en el caso de que él se niegue a dimitir.
“Hace tiempo que no hablo en público de los socios de gobierno. Debemos seguir trabajando por esta ciudad que tiene un gran potencial y hay gente que lo está pasando mal y necesita ayuda”, ha precisado.
El interrogatorio de Echávarri hoy en fiscalía ha durado menos de una hora y se ha visto interrumpido varios minutos por un problema informático, según han indicado fuentes municipales.
El ministerio público investiga si el alcalde cometió un delito de prevaricación al despedir el pasado abril a la funcionaria para vengarse del portavoz municipal del PP por denunciarle, poco antes, en relación a un supuesto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, de la que era responsable el alcalde.
Por esa denuncia, a la que se sumó después el grupo municipal de Ciudadanos, tanto el alcalde, como su jefe de gabinete, Eduardo Díez, y el asesor de la concejalía de Comercio Pedro de Gea prestaron declaración como investigados (antes imputados) el pasado 6 de octubre ante la juez María Luisa Carrascosa.
Echávarri asumió en las redes sociales la decisión del cese de la interina, y reconoció que la denuncia interpuesta por Barcala lo había “acelerado”, aunque el ayuntamiento la readmitió en mayo a instancias del pleno.
En las diligencias abiertas por fiscalía por este despido también figura como investigado el concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez.