El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha afirmado que la cruz franquista de los caídos se mantendrá en el paseo Germanías. Ruz ha querido replicar así a la contestación del Defensor del Pueblo afirmando que “se trata de un documento que discrepa con el criterio sostenido por la Junta de Gobierno y por los técnicos municipales que han elaborado dos informes que avalan con claridad la permanencia de la cruz y que acreditan que no es un ningún símbolo franquista, si no un símbolo consolidado”. Con todo el alcalde ha sentenciado que el gobierno municipal “no está de acuerdo con la resolución del Defensor del Pueblo y no va a cumplirla”.
Con esta respuesta Ruz explica el contenido informe emitido por el Ayuntamiento el 16 de enero en el que se señala que hay dos informes municipales que avalan el mantenimiento de la Cruz de los Caídos y que la sugerencia en relación con el proyecto “no es posible aceptarla en cuanto a la retirada de la cruz”.
Asimismo, el alcalde ha añadido que “este gobierno ha venido a construir y no a destruir” y que “los informes avalan que está resignificada y democratizada”.
Pero desde el PSPV la concejala Patricia Maciá también ha comparecido este jueves para advertir sobre la contestación que ha recibido el Ayuntamiento del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pero también de la Comisión Europea.
Así los socialistas explican que el Defensor del Pueblo ha emitido una segunda resolución sobre la queja enviada por el Grupo Municipal Socialista de Elche, referida a la modificación del contrato de reforma del Paseo de Germanías para mantener el monumento franquista.
La concejala Maciá ha afirmado que el Defensor del Pueblo “vuelve a dar un verdadero varapalo a Pablo Ruz y a Vox”. Señalan que el comisionado hace cuatro consideraciones al equipo de gobierno. “Destaca que los informes municipales de los que el señor Ruz habla, el patrimonial y el jurídico, fueron emitidos tras la adopción del acuerdo de modificación del contrato, es decir, a posteriori, con el fin de evitar el traslado del monumento a los caídos. Y señala que esos informes vienen a dar soporte a una decisión que ya se había adoptado de antemano en junta de gobierno”. Por tanto, a juicio de Maciá, deja claro que se trata de informes realizados después y no antes de modificar el contrato, “solicitados por el alcalde, informes ad hoc, informes de parte absolutamente. Informes aprobados el 10 de enero, cuando el proyecto se modificó el 9 de noviembre de 2023 y se encargó hacerlos el 16 de noviembre”.
La dirigente socialista indica que la resolución hace referencia a que el hecho de que la Cruz de los Caídos era contraria a la memoria democrática “fue una decisión adoptada por este ayuntamiento en abril de 2021, a petición de la Generalitat Valenciana, -informe firmado por el arqueólogo y arquitecto municipal-. Pero que, además, esa consideración de franquista fue compartida por la Comisión Técnica autonómica y el comité técnico de expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Dictadura, comisión formada por profesionales acreditados con conocimiento de la materia”.
La concejala socialista recuerda que el informe dice que la Cruz de los Caídos “es el máximo exponente de la Guerra Civil y la Dictadura como homenaje a las víctimas del bando nacional y que no está recogido en el catálogo del Plan Especial de Conjuntos y Bienes de la Ciudad de Elche, por lo que a efectos urbanísticos y patrimoniales no se contempla un régimen de protección”.
Por otro lado el hecho de que durante la etapa democrática ningún alcalde haya retirado el monumento, para el Defensor del Pueblo, “carece de relevancia” ya que la había obligación de ello hasta la entrada en vigor de la ley 52/2007, que luego pasó a ser la ley 20/2022. Con todo el Defensor del Pueblo indica que no acepta la sugerencia del ayuntamiento y que incluirá este asunto en el informe anual a las Cortes Generales, dando por finalizadas las actuaciones.
Contestación de la Comisión Europea
Pero además el PSPV ilicitano ha recibido respuesta de la Comisión Europea, a la pregunta de si la Comisión Europea consideraba lícito mantener monumentos de apología a un régimen totalitario cuando se financia con fondos europeos la restauración de la plaza.
En su contestación señala que “las operaciones apoyadas por los Fondos cumplirán el Derecho de la UE y el derecho nacional que les sean de aplicación”. Y que “de no ser así, el importe de la contribución de la UE ya abonada al beneficiario se reembolsará al programa de financiación correspondiente”.
Por ello Patricia Maciá afirma que “avisamos al señor Ruz de esta contestación y que retire el monumento franquista porque puede tener consecuencias hasta económicas”. También indica la respuesta que las políticas de memoria histórica son competencia plena de los Estados miembros, que tiene su propio enfoque.
En resumen la concejala socialista asegura que el proyecto de restauración y museización del refugio antiaéreo nº4, incluida la reurbanización de la plaza, para la apertura al público como centro expositivo de la Guerra Civil en el marco de los Derechos Humanos “aprobado por nosotros hace un año debe desarrollarse tal cual se elevó a Europa para que nos concedieran la subvención”.