Casi cinco años de prisión para un funcionario que se quedó con 200.000 euros de los juzgados de Dénia

Redacción

Dénia —

Cuatro años y ocho meses de prisión. Es la pena que la Audiencia Provincial ha impuesto al extrabajador del Palau de Justícia de Dénia que estaba acusado de apropiarse de algo más de 200.000 euros de una cuenta del antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital comarcal. La sentencia se ha hecho pública este lunes y establece además penas que van de 9 meses a tres años de cárcel y multas a otros ocho acusados por colaborar en el desfalco.

Los hechos ocurrieron entre mayo de 2010 y noviembre de 2011, cuando el principal acusado, Vicente Andrés G. E., trabajó como tramitador en el juzgado número 1 de Dénia.

En la sentencia, la sección segunda de la Audiencia de Alicante resuelve que el funcionario se hizo con la clave de acceso a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Ministerio de Justicia. Con ese código, “bien de su puño y letra, bien valiéndose de otro, falsificó la firma de la secretaria judicial” y realizó 40 mandamientos de pago indebidos a favor de familiares y conocidos para “obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial”, tal y como recoge el fallo.

Ese dinero había sido consignado por terceras personas en la cuenta del ministerio para hacer frente a sus responsabilidades en casos penales o civiles tramitados por el juzgado mixto 1 de Dénia.

Sin embargo, acabó siendo cobrado en efectivo en oficinas de una entidad bancaria por familiares, conocidos y amigos de Vicente Andrés G.E., en detrimento de los legítimos beneficiarios y del Estado, que ejerce en esta causa la acusación particular.

Esos ocho coacusados conocían la “falsedad” de los mandamientos de pago librados a su favor y colaboraron con el principal sospechoso en el fraude, según el tribunal.

Se da la circunstancia de que el principal condenado es una persona muy conocida en la ciudad, que trabajó también en el Ayuntamiento de Dénia en dos etapas diferentes. La sentencia le condena, además de a los cuatro años y ocho meses de cárcel por delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial, a pagar una multa de 1.980 euros.