El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral.
En un auto notificado hoy a las partes, el juez acuerda citar a declarar en calidad de investigadas (antes imputadas) a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García-Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.
Cabe recordar que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ya está imputado por delito electoral en los comicios de 2007 y 2008 (elecciones municipales y autonómicas) y que la justicia ha ampliado la investigación a todas las convocatorias electorales desde 1999.
Además, requiere al Partido Popular para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las campañas electorales municipales de 2011 y 2015, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El magistrado considera que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en “ejecución de un plan preconcebido”, cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, “carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP”.
De las diligencias practicadas hasta el momento, el juez afirma que existe una “aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local”.
El instructor entiende que “resulta razonable que la investigación y la imputación se proyecte, de inicio, tanto sobre los administradores electorales como sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición”.
Estos últimos, que habrían participado en la comisión del delito “con actos conscientes de colaboración”, tendrían la consideración de cooperadores necesarios.
El delito electoral no puede imputarse al Partido Popular como persona jurídica, según precisa el comunicado del Tribunal Superior de Justicia.
En su resolución, el juez concluye que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo; por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica.
En esta pieza separada se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipales de 2015.
Esa cantidad presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para “aflorar” “un dinero en metálico, en cuantía próxima a los 50.000 euros que podría tener su origen en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos”.
El juez requiere al Tribunal de Cuentas la documentación remitida por el Partido Popular a dicho Tribunal correspondiente a la contabilidad electoral de las elecciones municipales de 2011 y de 2015.
A la Junta Electoral Provincial se le reclama que informe sobre la cuenta bancaria única designada por el Partido Popular como cuenta electoral de la candidatura municipal de 2015, dado que no consta remitida la información de dicha cuenta y año, a diferencia de la de 2011.
El juez concluye su resolución con la decisión de remitir testimonio del auto y del informe de la UCO de la Guardia Civil al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tribunales que tienen pendiente pronunciarse sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá, y el exconcejal y diputado autonómico Miquel Domínguez en los hechos investigados.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, ampliada ahora al delito electoral, es una pieza separada del caso Imelsa, en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana.
La causa está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.