El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha desgranado en la exposición de su informe las conclusiones del Ministerio Público en el juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' sobre la presunta caja B del PP de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007 y 2011. “Es indudable que el PP de València cometió fraude electoral”, ha dicho el fiscal ante el tribunal la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.
“Todo acto de corrupción supone un gran reproche ético y moral, es una quiebra de las instituciones democráticas”, ha manifestado el representante de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha asegurado que cuando los políticos “cometen fraude, el reproche es especialmente mayor”. Maldonado, en una contundente intervención considera que el PP de València se presentó a las elecciones de 2007 y 2011 dopado con “dinero irregularmente obtenido”.
El fiscal ha detallado los procedimientos de la supuesta caja B de Rita Barberá: cuentas bancarias sin control, aportaciones en negro de empresas contratistas y fondos públicos de fundaciones municipales “dominadas por el PP”.
Fernando Maldonado ha situado a los acusados Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, y Maria del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal del PP, como los principales artífices de la supuesta caja B.
El representante del Ministerio Público ha enumerado las aportaciones de las empresas contratistas (tales como Pavasal, FCC, Lubasa o Construcciones Luján, entre otras) al entramado de Laterne, usado para financiar la campaña de 2007. “Estos ingresos siempre se realizan cuando coincide con la campaña electoral”, ha destacado.
Además, “siempre son cantidades redondas”, ha apostillado. La operativa para las elecciones de 2011 fue “esencialmente la misma, pero más sencilla”, a través del grupo Trasgos. “En este caso, Grau hace lo mismo, recurrimos a empresas que han colaborado en 2007 y aparecen prácticamente las mismas empresas”, sostiene el fiscal.
Maldonado ha enumerado las aportaciones de las empresas y ha destacado que Secopsa aportó “100.000 euros redondos” y FCC “una cantidad muy curiosa, 49.997 euros, tres euros menos de 50.000 euros”.
Anticorrupción pide nueve años y dos meses de prisión para Grau por los presuntos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental. A José Salinas y Juan Eduardo Santón, exresponsables de dos fundaciones municipales que presuntamente hincharon el entramado en B para abonar las campañas municipales del PP de València en 2007 y 2011, les pide cinco años y dos meses por los mismos presuntos delitos menos el de cohecho. Para Mari Carmen García Fuster solicita un año de cárcel por un presunto delito de cohecho.