La Fiscalía Anticorrupición, que investiga la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra por la contratación de nueve altos cargos, ha puesto ahora el foco en el uso de personal de la antigua Imelsa para trabajar en el patronato de Turismo. Tras los interrogatorios que ha realizado a los diferentes imputados, en concreto al investigado Pau Pérez -uno de los presuntamente “enchufados”-, el Ministerio Público cuestiona la legalidad de estos contratos, que se realizan amparándose en una encomienda de gestión realizada por la institución provincial y avalada con informes del secretario de la institución Vicente Boquera.
Pablo Ponce, el fiscal del caso Alquería, la causa en la que está imputado el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y casi una veintena de personas y que forzó su dimisión, entiende que este tipo de contrataciones genera “situaciones indeseables”.
En un escrito al que ha tenido accedo eldiario.es, Anticorrupción cita doctrina del Tribunal Supremo para considerar una docena de puestos de trabajo de Divalterra en el patronato de Turismo como irregulares porque “no tienen su centro de trabajo en Divalterra ni el sometimiento a ninguna directriz tque pueda provenir de los gerentes de la empresa pública teniendo una directa dependencia del gerente del patronato de Turismo”.
Es más, asegura el fiscal, “Divalterra no tiene ninguna competencia en materia de Turismo y se limita a el abono de los salarios de los trabajadores del patronato de Turismo”. Por ello, entiende el Ministerio Público, es necesario citar como testigo a la exdiputada de Cultura por Compromís Pilar Moncho y a su asesor Luis Pastor para aclarar esta situación. El juez deberá decidir si acuden.
Divalterra es la empresa que tutela la prevención y lucha contra incendios y gestiona los más de medio centenar de brigadistas, pero tanto con el PP como con el posterior equipo de gobierno de izquierdas se ha convertido en un cajón desastre. Es el caso de la docena de empleados del patronato de Turismo que, tras una encomienda de gestión por parte de la Diputación de Valencia a Divalterra están contratados por esta empresa pública pero no aparecen por la misma, sino que sus servicios los prestan en el patronato de Turismo, en la relidad la intitución provincial pudiendo incurrir, según sospecha el fiscal, en una cesión ilegal de trabajadores.
El autodeniminado yonqui del dinero, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, utilizó la empresa pública rebautizada como Divalterra para realizar todo tipo de prebendas, regalos y enchufar a personal. Un ejemplo fueron la casi decena de periodistas y personal de protocolo que trabajaban directamente al servicio de Alfonso Rus en la diputación, pero que cobraban de Imelsa. Aunque estos hechos se investigan desde ya hace años en el caso Taula y la entrada del gobierno de Rodríguez acabó con estas prácticas.
De esta manera, Anticorrupción ponen en el foco una práctica, la del patronato de Turismo, que los nuevos gestores de la entidad, incluido en nuevo diputado de Turismo, el alcalde de Cullera Jordi Mayor, deberán erradicar para evitarse problemas legales. El Ministerio Público lo tiene claro.