El 4 de octubre del 2018, el aspirante a policía local de Benidorm J. J. M. N. sacó nueve puntos sobre 10 en el ejercicio de cuestionario en la oposición convocada por el ayuntamiento gobernado por el popular Toni Pérez. Otro de los opositores denunció que J. J. M. N. “se valió de un elemento físico situado debajo de su pierna derecha” para cumplimentar el cuestionario de preguntas, según denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). El denunciante avisó a los miembros del tribunal, entre ellos al jefe de personal del Ayuntamiento de Benidorm, de la irregularidad sin que adoptaran medida alguna. Aquel mismo 4 de octubre denunció ante el consistorio la “pasividad” del tribunal.
Al día siguiente, el aspirante que usó una chuleta y que ocupaba una plaza de policía local en la localidad con carácter provisional, repitió la prueba, aunque de un sobresaliente resultado de nueve pasó a un mísero uno sobre 10.
La Fiscalía acusaba al jefe de Recursos Humanos de Benidorm, L. M. J., presidente del tribunal, de pasar las respuestas al aspirante. “No pudo ser otra persona el autor de la filtración”, argumentaba el Ministerio Público, ya que sólo el presidente del tribunal “custodiaba personalmente los documentos en que figuraban las preguntas y respuestas”. “No pudo ser otra la persona que hiciera llegar al otro acusado el contenido del examen”, abundaba el fiscal.
Sin embargo, la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante absolvió a ambos de los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario público y de aprovechamiento de información privilegiada al no poder acreditar que el presidente del tribunal pasó las respuestas al aspirante a la plaza. “Antes de que se celebrara el examen, en una forma que no ha podido establecerse de manera indubitada, el opositor J. J. M. N. accedió al contenido de las respuestas correctas”, reza el fallo.
A pesar de la absolución, el tribunal no albergaba “ninguna duda” de que el policía “dispuso de la información sobre las respuestas del examen”, tal como abundaban los testigos que aseguraron que el opositor, incluso antes de que fuera repartido el cuestionario, “comenzaba a contestar las preguntas de las que aún no disponía”. Además, la sentencia absolutoria también destacaba la “abismal diferencia de resultado entre uno y otro” examen (de un nueve a un uno sobre 10 en apenas 24 horas de diferencia).
El aspirante, así como el supuesto filtrador, se libraron de una condena por la vía penal. Sin embargo, el opositor que denunció a J. J. M. N. acudió a Antifraude para advertir de las irregularidades de la prueba de selección para 15 plazas de policía local provistas por oposición por turno libre. El organismo que dirige Joan Llinares considera que la absolución “no significaría que estos hechos no sean constitutivos de posibles infracciones administrativas”.
Nulidad de pleno derecho
Antifraude ha concluido que corresponde al Ayuntamiento de Benidorm “proceder a esclarecer las posibles responsabilidades disciplinarias” por los hechos probados de la sentencia “realizados por el opositor y, presuntamente, por algún o algunos miembros del tribunal”. El hecho de no hacerlo “implicaría una dejación de las funciones administrativas por parte de quien tiene y debe ejercer la potestad sancionadora”, agrega el informe de la AVA. Se trata de infracciones tipificadas como muy graves, asegura Antifraude, que han producido un “innegable daño a la imagen institucional” del consistorio gobernado por el PP y a sus funcionarios.
Así, en su resolución de conclusión de las actuaciones de investigación, Antifraude insta al Ayuntamiento de Benidorm a la revisión de oficio del procedimiento de selección de las plazas, que “adolecen en el ámbito administrativo de nulidad de pleno derecho”. Además, también emplaza al consistorio a continuar las actuaciones disciplinarias contra el jefe de Recursos Humanos.
En su memoria anual del 2018, la AVA lamentaba que el Ayuntamiento de Benidorm remitiera la documentación que se le había solicitado sobre el caso “de forma parcial y sesgada”. Además, el consistorio acusó al opositor que destapó la presunta irregularidad de denuncia falsa. El organismo de lucha y prevención de la corrupción investiga actualmente 79 convocatorias relacionadas con la cobertura de puestos de Policía Local en la Comunitat Valenciana.