Las facturas que presentaba a su propio ayuntamiento el exalcalde popular de Algimia de Almonacid, Rafael González, eran tan sospechosas que tanto el PP —su partido— como el PSPV-PSOE, en la oposición, forzaron su renuncia en junio de 2022, tras prácticamente cinco mandatos consecutivos al frente del consistorio. Los socialistas, además, denunciaron los gastos “disparatados” ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), al tratarse de una localidad castellonense de apenas 249 habitantes.
El organismo que dirige Joan Llinares, tras estudiar la documentación, ha detectado indicios de una presunta administración desleal del patrimonio público o de una presunta apropiación indebida “al no existir justificación de los gastos facturados”. Antifraude ha remitido la documentación tanto a la Fiscalía como al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
EL PSPV-PSOE descubrió gastos por kilometraje del exalcalde, de su hija (empleada en el ayuntamiento) y de la exsecretaria municipal de casi 7.000 euros en 2018. O un gasto de 1.200 euros al año siguiente por un supuesto “viaje de hermanamiento al municipio de Belmez (Córdoba)”, a pesar de que la localidad no estaba hermanada con Algimia de Almonacid sino que, según el PSPV, era la ciudad natal de Rafael González.
Los gastos sospechosos se remontaban hasta 2008, cuando los ediles de la oposición detectaron dos pagos por 36.000 euros, una cifra que suponía casi el 10% del presupuesto municipal. La denuncia a la AVA reseñaba los “curiosos y variados conceptos” de las facturas, tales como la asistencia a cursos y reuniones. También destacaba la “irregularidad de la presentación de facturas por el propio alcalde al ayuntamiento”, que habrían supuesto un “evidente y grave perjuicio a las arcas municipales”.
Antifraude, tras revisar las facturas con conceptos relativos al kilometraje o a la realización de obras o suministros, ha concluido que no queda acreditado que fueran declaradas a la Hacienda Pública. En las facturas por desplazamientos, la AVA ha detectado un “precio unitario estandarizado” de 40 euros sin que se haya explicado a qué responden. “No se han aportado a esta Agencia justificantes acreditativos que permitan afirmar la realidad material de las mismas y, por lo tanto, la procedencia de su abono”, indica el informe.
Además, las facturas se incorporaron a la contabilidad “de manera incoherente”. Antifraude expresa un diagnóstico similar en relación a las facturas por obras, suministros o prestación de servicios y concluye que podría haberse producido una “irregularidad fiscal”.
Indicios de “fraude o corrupción”
La conclusión del informe se extiende también a las facturas presentadas por la secretaria municipal y la auxiliar administrativa. Antifraude ha desestimado las alegaciones planteadas por algunos de los implicados, a excepción de la petición de la administrativa de que se excluyera del informe su parentesco con el exalcalde popular.
Así, la AVA alude a la “posible existencia de fraude o corrupción”. También ha hallado indicios de una presunta administración desleal del patrimonio público o una presunta apropiación indebida, además de una posible responsabilidad contable por alcance, “al no existir justificación de los gastos facturados”. Las supuestas irregularidades en relación al IVA en las facturas podrían suponer una presunta irregularidad fiscal, agrega Antifraude.