La Agencia Valenciana Antifraude, el organismo que dirige Joan Llinares, mantiene protegidos a varios agentes de la Policía Local de Benidorm que denunciaron un presunto tongo en el proceso de oposiciones al cuerpo. En una información inicial este diario señalaba al denunciante de las supuestas irregularidades en las pruebas al cuerpo en Alicante como el agente protegido por el organismo cuando se trata de los alertadores de Benidorm.
Antifraude declaró nulas unas pruebas en Benidorm en las que uno de los opositores tenía las respuestas, a pesar de que la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante absolvió al aspirante y al jefe de Recursos Humanos del consistorio popular de los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario público y de aprovechamiento de información privilegiada al no poder acreditar que el presidente del tribunal pasó las respuestas al aspirante a la plaza.
El 4 de octubre del 2018, el aspirante a policía local de Benidorm J. J. M. N. sacó nueve puntos sobre 10 en el ejercicio de cuestionario en la oposición convocada por el ayuntamiento gobernado por el popular Toni Pérez.
Otro de los opositores denunció que J. J. M. N. “se valió de un elemento físico situado debajo de su pierna derecha” para cumplimentar el cuestionario de preguntas, según denunció ante la Agencia Valenciana Antifraude (AVA). El denunciante avisó a los miembros del tribunal, entre ellos al jefe de personal del Ayuntamiento de Benidorm, de la irregularidad sin que adoptaran medida alguna. Aquel mismo 4 de octubre denunció ante el consistorio la “pasividad” del tribunal.
Al día siguiente, el aspirante que usó una chuleta y que ocupaba una plaza de policía local en la localidad con carácter provisional, repitió la prueba, aunque de un sobresaliente resultado de nueve pasó a un mísero uno sobre 10.
Antifraude, según ha podido saber elDiario.es, ha otorgado el estatus de testigo protegido a los denunciantes, lo cual les blinda ante posibles represalias en su trabajo. De hecho, la agencia mantiene protegidos a agentes de policía local de otros municipios por denuncias de irregularidades en procesos de oposición y, según el último recuento, investiga hasta 79 convocatorias relacionadas con la cobertura de puestos en el cuerpo policial.
La AVA concluyó que corresponde al Ayuntamiento de Benidorm “proceder a esclarecer las posibles responsabilidades disciplinarias” por los hechos probados de la sentencia “realizados por el opositor y, presuntamente, por algún o algunos miembros del tribunal”. El hecho de no hacerlo “implicaría una dejación de las funciones administrativas por parte de quien tiene y debe ejercer la potestad sancionadora”, agrega el informe de Antifraude. Se trata de infracciones tipificadas como muy graves, asegura la AVA, que han producido un “innegable daño a la imagen institucional” del consistorio gobernado por el PP y a sus funcionarios.