El pasado 3 de mayo, una mujer hondureña y un amigo español acudieron a la comisaría de Xirivella a denunciar las agresiones, insultos y amenazas que acababan de padecer por parte del casero de él. Cuando ya habían empezado a explicar que el casero agredió a la chica al tratar de entrar en la habitación donde se había recluido la pareja, el policía les pidió la documentación. Ella salió al coche a recoger la copia de su pasaporte y, al regresar, agentes de extranjería la detuvieron y le incoaron un procedimiento de expulsión “por estancia irregular”. Su acompañante acabó de presentar la denuncia mientras que la joven tuvo que ir días después al juzgado de guardia para denunciar el ataque y las lesiones, que le provocaron hematomas y contusiones en brazos y hombros, según consta en los informes médicos.
La víctima acudió a València Acull a denunciar lo sucedido y solicitar asesoramiento para resolver su situación. De común acuerdo con ella, se decidió hacer público su caso y presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para instar a las autoridades a que paralizaran su expulsión y establecieran medidas para que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, puedan acudir a denunciar cualquier tipo de perjuicio que hayan sufrido o realizar trámites sin miedo a que se les inicie un proceso de expulsión. Para València Acull, este modo de actuar de la policía es inadmisible porque provoca que las personas sin papeles teman denunciar los abusos y, consecuentemente, propicia el incremento del racismo y la xenofobia y su impunidad.
Tres meses después, el subdelegado del Gobierno, José Roberto González, “estima oportuno proceder a su archivo” tras valorar un informe policial que propone el “archivo final” del expediente sancionador, según la resolución, con fecha 6 de agosto, que ha recibido la víctima. Esta decisión gubernamental se ha adoptado después de la “constante y contundente” reacción ciudadana en respuesta no sólo a la actuación inicial de la policía de Xirivella sino a los sucesivos pronunciamientos por parte de las autoridades respaldando esa forma de proceder. Frente a la justificación del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, del procedimiento de expulsión “porque así lo marca la ley”, la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIEs No -en la que se integra València Acull lanzó la propuesta #ParemosSuExpulsión, que ha obtenido un respaldo masivo en redes sociales (likes, reenvíos, mensajes de apoyo, fotos de personas con carteles con el lema…) y ha provocado comunicados de solidaridad de numerosos entidades sociales.
Especial protagonismo han tenido las vecinas y vecinos de Xirivellla, cuyo ayuntamiento se pronunció en contra de la expulsión desde el principio y la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics convocó una concentración de apoyo a la mujer hondureña a la que asistimos representantes de colectivos vecinales, feministas, ecologistas, ONG, sindicales y políticos. Además, el pleno del ayuntamiento aprobó con los votos favorables de PSPV, Compromís y Podem -Ciudadanos se abstuvo y el PP
votó en contra-, una moción reclamando el archivo del procedimiento, la expedición del Ministerio del Interior de una instrucción que impida nuevos casos y el establecimiento de un marco legal que permita denunciar sin miedo a la expulsión.
Sin embargo, como respuesta a las alegaciones de la joven, la Policía Nacional de Xirivella reiteró su propuesta de expulsión el 5 de junio al no haber acreditado “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”. Días más tarde, las entidades Poder Migrante y la Red de Hondureñas Migradas presentaron al delegado del Gobierno un escrito avalado por las firmas de 173 asociaciones y 800 ciudadanos y ciudadanas en el que, además de pedir la paralización de la expulsión, se denunciaba la actuación policial y la indefensión y vulnerabilidad en la que quedan las personas indocumentadas y se exigía la modificación de las normas para que se garantice “el derecho fundamental a la defensa y tutela judicial”. Unidas Podemos también presentó una batería de preguntas al Gobierno sobre las medidas que prevé adoptar en éste y en todos los casos similares.
A todas estas reivindicaciones se sumó la iniciativa del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para recomendarle que dicte “las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”, según la comunicación que esta institución envió a València Acull el 29 de julio. Tras la comunicación, València Acull ha solicitado al Defensor “que considere la posibilidad de ampliar su recomendación al ministro para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación”. La razón de esta solicitud es que hemos tenido conocimiento de que también se han dado casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del
pasaporte o a recoger la cartera extraviada, aunque no los hemos podido documentar hasta el momento.
Posteriormente, el Defensor informó de que el 16 de julio había iniciado actuaciones con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), “al objeto de conocer los trámites que dieron lugar a la incoación de su expediente sancionador, así como los datos sobre las buenas prácticas seguidas en consonancia con la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima de delito, y por último, se ha pedido información acerca del estado del procedimiento y en el supuesto de que se hubiera dictado resolución de expulsión o multa, que se informe de si se va a adoptar alguna medida tendente a una posible revocación, atendiendo a las circunstancias particulares del caso planteado”. El 6 de agosto el subdelegado del Gobierno archivó el procedimiento aunque se desconoce el contenido del informe policial en que fundamentó su decisión.
Desde 2004, el Defensor del Pueblo viene insistiendo a los sucesivos gobiernos en que modifiquen las normas que permiten estas situaciones. Sin embargo, la policía continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a sus dependencias y no tienen regularizada su situación administrativa. Mientras esto no cambie, València Acull insta a seguir denunciando cualquier violación de derechos, pero recomienda a quienes no tengan papeles acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de la expulsión.
Por eso, València Acull agradece a todas las personas, entidades sociales e instituciones su apoyo en este caso, pero reitera la necesidad de continuar movilizándonos con estos objetivos:
La expedición por parte del Ministerio de Interior, con carácter inmediato, de una instrucción de obligado cumplimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que en ningún caso sean incoados expedientes de expulsión a quienes acudan a sus dependencias a denunciar o realizar algún trámite. Esta orden debe contemplar la protección de toda víctima de cualquier tipo de abuso, en su persona o bienes, ampliando la cobertura de la reciente instrucción (nº 7/2019, 20 de mayo) de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se ordena a la policía que no inicie procedimientos de expulsión a las víctimas extranjeras de violencia de género.
La adopción de las medidas necesarias para establecer un marco legal que garantice que cualquier persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico pueda recibir el amparo de todas las instituciones sin que el ejercicio de estos derechos le suponga el riesgo de la expulsión.