El País Valenciano ante la crisis constitucional española

La crisis constitucional que en estos momentos vivimos en España en relación a la posible independencia de Cataluña tiene efectos evidentes, sociales, económicos y políticos, para la Comunidad Autónoma que más intensas relaciones de todo tipo mantiene con ella y que no es otra que la valenciana. En una primera derivada, esta crisis tenía que ver con el reconocimiento o no de la legitimidad de la pretensión de poder ejercer un supuesto “derecho a decidir” de la población catalana, aunque la evolución de la misma ha acabado por incluir en la ecuación muchos otros elementos, en la medida en que la posibilidad de que se abra un período de reforma constitucional hace que haya muchos intereses valencianos que pueden acabar siendo afectados de forma directa e inmediata por cómo se acabe dando cauce de salida a un conflicto que, en origen, también nos afecta pero de modo mucho más mediato.

- Los valencianos y la independencia de Cataluña

En una primera fase, la más directamente ligada a la pretensión de cada vez más catalanes de realizar un referéndum sobre su posible independencia, la respuesta de los actores políticos e institucionales valencianos, hay que entender que en lo sustancial representativos de las diferentes sensibilidades existentes al respecto en nuestro país, ha sido más bien dual: práctica unanimidad en el rechazo a la deseabilidad de la independencia de Cataluña, pero diferencias a la hora de aceptar o no cuán legítimo pueda ser que sean los ciudadanos catalanes quienes tengan en sus manos esa decisión.

Respecto de la primera de las cuestiones, tanto la derecha como la izquierda valencianas, así como las sensibilidades más centralistas y las que lo son menos, parecen estar sustancialmente de acuerdo: la independencia de Cataluña no es particularmente deseable para los valencianos y si hay quien puede apoyarla es por razones ajenas al cálculo interesado y pragmático, esto es antes por motivos que tienen más que ver con posiciones éticas o políticas de fondo que por la convicción de que sea buena para sus intereses. Porque, si de intereses hablamos, los intensos lazos económicos y sociales del País Valenciano con Cataluña podrían verse alterados o afectados en caso de independencia, especialmente si ésta no es pactada y Cataluña acabara quedando fuera de l Unión Europea (lo que resultaría particularmente indeseable). A fin de cuentas, nuestros vecinos del norte son nuestra puerta a Europa, y muchas infraestructuras claves para la economía valenciana, como el corredor mediterráneo, son a la postre activos compartidos con Cataluña. Razones de otra índole, como la existencia de una cultura y lenguas comunes en muchos aspectos, abundan en esta idea: una marcha de Cataluña de España dejaría a los valencianos mucho más solos a la hora de lograr comprensión en el resto del Estado para poder desplegar medidas de protección y potenciación de las mismas. Sin duda, también los defensores de modelos más federales o de un reparto del poder y de los dineros públicos menos centralizado verían con cierto temor cómo la marcha de Cataluña dejaría estas posiciones francamente debilitadas. Por todo ello, defensores de la unidad de la patria desde una perspectiva más conservadora y que de más valor a la misma como fin en sí mismo y visiones conservadoras asociadas a la misma no están en realidad demasiado solos en el País Valenciano cuando de defender la conveniencia de la permanencia de Cataluña se trata. También quienes pensamos este país de otra manera somos muy conscientes, por lo general, de sus inconvenientes y los primeros interesados en que Cataluña pudiera preferir quedarse en una España diferente y organizada de manera más atractiva. Ahora, bien, ello no predetermina la posición de estas diferentes sensibilidades, más allá del puro interés propio, frente al ejercicio y reconocimiento del “derecho a decidir”, porque aquí entran en juego otras consideraciones (por ejemplo, hay quienes simplemente hemos pensado siempre que era mejor resolver el tema dando cauce democrático al conflcito mediante una consulta porque es la mejor forma de evitar que este tipo de situaciones degeneren y se agraven, que es lo que ocurre cuando la respuesta es una lectura rígida de las opciones de salida, como estamos pudiendo comprobar).

- Los valencianos y el derecho a decidir

Como ya se ha comentado, cuestión diferente, sin embargo, es la posición en el debate sobre el derecho a decidir y la conveniencia o no de que la deseabilidad de la independencia de Cataluña, al margen de lo que el resto de españoles (o los valencianos, en este caso) podamos pensar y pensemos, pueda y deba ser decidida por los propios catalanes. Como bien sabemos, éste es el núcleo inicial de una reivindicación que, poco a poco, ante la negativa estatal a realizar un referéndum equivalente al de Escocia de 2014, ha acabado degenerando en una mayúscula crisis institucional, política y también constitucional. Y respecto de esta segunda cuestión la división es más perceptible en la sociedad valenciana. Aunque no tenemos datos más precisos al respecto, sí sabemos gracias al CIS y encuestas equivalentes que en Cataluña entre un 70% y un 80% de los ciudadanos está a favor de la realización de un referéndum de esas características, mientras que en toda España la opción que más apoyo recibe, con en torno a un 55-65% de la población en esa línea según diferentes encuestas, es la que se opone a su convocatoria. Sabemos, además, que los apoyos a un referéndum como ése son mayores en ciertos territorios (Cataluña y el País Vasco, sobre todo) y que en el resto del país las cifras bajan al 25-20% de la población, con apoyos ligeramente superiores a la media del resto de España en núcleos más urbanos como Madrid o en regiones con cierta identidad propia como Galicia o el País Valenciano. Más o menos ese cuadro general se traduce bastante bien a la situación política que tenemos en la Comunidad Valenciana, donde partidos como el PP o C’s, al igual que hacen a escala estatal, se manifiestan radicalmente contrarios a aceptar el “derecho a decidir” de los catalanes, mientras que Compromís o Podem suelen defender este derecho a la autodeterminación. Más complicada es la posición del PSPV, que defiende la posición del PSOE, tendente a exigir que se dé cauce constitucional a la reivindicación, pero lo hace poniendo el acento en la necesidad de que por esas vías se pueda lograr dar cauce democrático a la voluntad de los catalanes.

En todo caso, no es complicado detectar que frente a la comodidad con la que se manifiestan PP y C’s sobre la cuestión, los tres partidos que dan apoyo al pacto del Botànic prefieren evitarla. Los pronunciamientos del gobierno valenciano o de las Cortes valencianas sobre la cuestión han sido inexistentes, más allá de genéricas apelaciones al diálogo. La prioridad del pacto de izquierdas que gobierna desde 2015 es que el “problema catalán” no contamine su acción de gobierno ni la percepción que sobre la misma se tiene por parte de la ciudadanía. Este perfil bajo puede ser criticado (y lo ha sido por muchos) como cobarde o hipócrita (dependiendo de dónde vengan las críticas), pero es evidente que busca preservar la agenda del gobierno valenciano de unos efectos expansivos potencialmente tóxicos y que son muy temidos por la izquierda valenciana desde la “batalla de Valencia” de los primeros años de la Transición que, como bien recordaba siempre Josep Vicent Marqués, más que batalla fue una verdadera masacre. Esta prudencia estratégica, más allá de que quizás no pueda ser sostenible en el tiempo si la situación en Cataluña empeora, no ha sido, al menos por el momento, repudiada por un número considerable de electores o cargos de los partidos que componen la coalición de gobierno. Da la sensación de que la voluntad de preservar a toda costa la alternativa de izquierdas y no someterla a riesgos electorales que se juzgan gratuitos por no tener que ver directamente con la situación política valenciana es compartida por los propios ciudadanos que dieron apoyo a esas opciones. Al menos, de forma muy mayoritaria. Por esta razón la tónica no sólo ha sido el silencio gubernamental, sino una cierta colaboración respecto del mismo por parte de gran parte de la izquierda política y social valencianas.

- Toda política que sea hecha con nuestra participación conlleva el riesgo de que acabe siendo hecha contra nosotros

Esta prudencia, entendible por los motivos comentados, es sin embargo muy criticable al menos por una razón: la búsqueda de soluciones dialogadas y de un posible “encaje” de Cataluña en una España constitucional más descentralizada que la actual pasa necesariamente por la emergencia de voces que puedan articular efectivamente esas alternativas y hacer de bisagra entre las visiones más centralistas y las de los independentistas. Son imprescindibles interlocutores válidos que puedan ayudar a acercar a las mayorías políticas actualmente dominantes en, respectivamente, Cataluña y el resto de España. No es descabellado pensar que la posición del Consell y de la Comunitat Valenciana es idónea para ese papel, por razones de sociología política (ya comentábamos que somos una de las regiones con más apoyo al derecho a decidir fuera de Cataluña y País Vasco) o derivadas de la propia cercanía lingüística y cultural. Incluso la propia composición del Consell valenciano ayudaría, con fuerzas partidarias del entendimiento en unas tesis más cercanas de lo habitual a la de los nacionalistas catalanes representadas y un importante peso del PSOE en el mismo, pero con toques valencianos que pueden aportar vetas de comprensión adicionales: y es que de la misma forma que es muy probablemente el PSOE la clave de bóveda que permitiría articular a día de hoy en España cualquier consenso alternativo, el papel del PSPV podría ser determinante en el proceso de decantación del mismo, por ejemplo junto al PSC, para forzar la aparición de alternativas imaginativas y valientes.

Si combinamos este factor, que otorga a la actual mayoría política que gobierna la Comunitat Valenciana una posición que le permitiría ser palanca de la transformación posible, con la reflexión que hacíamos al inicio sobre los notables perjuicios que se podrían derivar de la independencia de Cataluña para los valencianos (como también se deducirían de un cerrojazo recentralizador, incluso con Cataluña aún como parte de España), esto es, con el temor cierto a que los valencianos podamos acabar muy perjudicados por la actual crisis territorial, la prudencia del Consell y de las mayorías progresistas, aunque plurales, que le dan apoyo pasa a ser mucho más cuestionable. Recordemos en esto la tan citada frase de Joan Fuster de que toda política hecha sin el concurso de uno acaba siendo, inevitablemente, hecha contra quien no ha tenido la opción de participar en su desarrollo o, como en este caso, ha optado por ponerse de perfil. Se trata de un riesgo que deberíamos tener presente los valencianos en un contexto como el actual, siquiera sea para que a nuestros responsables políticos no se les pase por alto que además de poder ayudar mucho a la resolución del conflicto y a toda España con su concurso, a la postre pueden también con ello evitar grandes perjuicios para la economía y la sociedad valencianas. Y ello a pesar de los riesgos señalados. Adoptando ese papel más activo, avanzando propuestas y tratando de jugar el papel de imprescindible bisagra que por cuestiones estructurales pocos más pueden desarrollar hoy en este país, la izquierda valenciana, si lo hiciera con inteligencia, no sólo haría un gran favor a España y a los españoles sino, también, a los intereses de los valencianos… y quizás incluso a sí misma. Es algo que hasta la fecha ha costado ver a muchos pero que, para bien o para mal, es la propia evolución de la crisis, convertida ya en una crisis constitucional completa, la que ha acabado de ponerlo en evidencia sin que quepan ahora posibles dudas al respecto.

- Ante una posible reforma constitucional y sus consecuencias en clave valenciana

La propia evolución del conflicto catalán, que en su fase actual ya ha acabado por abrir, no sabemos aún si definitivamente o en falso, un proceso de reforma constitucional, es la que acabará por obligar a las instituciones valencianas a salir de este prudente letargo. Si ante la estricta cuestión de la independencia catalana o del derecho a decidir se puede defender la no participación de las instituciones valencianas en el debate y la no aportación de soluciones, desde el momento en que las cuestiones en discusión pasan a ser una reforma constitucional y el modelo de reparto del poder territorial, que por definición nos afectarán a todos, y también a los valencianos, hay que pasar a exigir una participación activa a nuestros representantes. Existen numerosos frentes que, tarde o temprano, se van a abrir y donde las posiciones de los valencianos han de ser defendidas con inteligencia y cierto grado de osadía, de modo tal que pueden contribuir a la búsqueda de soluciones y, a la vez, garantizar que los resultados finales de las políticas que se acaben poniendo en marcha no sean “contra nosotros”. Pero eso sólo se logrará participando y asumiendo los riesgos que toda exposición a un debate y aportaciones al mismo conllevan. Van aquí sólo algunas de ellas:

1. La Comunitat Valenciana ha de terciar en el debate sobre la simetría o asimetría del despliegue autonómico y la descentralización, defendiendo un federalismo simétrico. Frente a las tentaciones de quienes desde Madrid o Barcelona puedan proponer una solución asimétrica para anclar a Cataluña en España, la Comunitat Valenciana debería defender con firmeza que incrementar las asimetrías ya existentes (País Vasco y Navarra) no es una buena solución y que es preferible un modelo federal que permita a todas las Comunidades Autónomas asumir el mayor grado de autonomía posible dentro de la Constitución y un despliegue competencial todo lo profundo como así lo deseen. Cuestión distinta es que ello haya de instrumentarse asumiendo siempre que los costes que ello suponga cuando hablemos de competencias que requieran de cierto despliegue en capital e infraestructuras que sólo a partir de cierta escala tiene sentido han de ser internalizados (lo que, por ejemplo, puede ser un incentivo importante para promover algunas fusiones de Comunidades Autónomas de tamaño reducido que para optar a ciertas competencias de forma eficiente y aprovechando las economías de escala deberían ir a esa agregación voluntaria). Este modelo simétrico pero con asimetrías según la vocación de cada territorio tiene la ventaja adicional de permitir expresar las diferentes preferencias que los ciudadanos de las distintas partes de España tienen al respecto. Es una buena cosas que puedan convivir modelos más avanzados y otros que lo sean menos, si así lo prefieren sus respectivas poblaciones. Entre otras cosas, porque también es una manera de comprobar cuáles, a la postre, funcionan mejor y permitir que sean seguidos por los demás. Pero ello no ha de suponer en ningún caso que unos, si quieren asumir el riesgo y los costes de un mayor autogobierno, puedan hacerlo mientras que otros, por no se sabe muy bien qué razones, lo tengan vedado. Todo el nuevo Título VII de la futura Constitución habría de ser elaborado teniendo esta directriz en mente.

2. En relación con esta cuestión, tanto Cataluña como la Comunitat Valenciana arrastran un importante contencioso con el modelo de financiación autonómica existente. Aunque el art. 158 CE ya contiene una referencia a esta cuestión, es obvio que ha sido innecesaria y su valor jurídico no se ha considerado suficiente como para garantizar una igualación justa, así que una futura reforma constitucional habría de blindar la idea de que todo reparto de fondos ha de garantizar al menos que la financiación per cápita para la prestación de servicios básicos de ciudadanía sea igual en todo el territorio del Estado, siempre, eso sí, que lo computemos a partir de una carga fiscal equivalente. Junto a la constitucionalización de este postulado habría de quedar claro que las ineficiencias en el despliegue autonómico (por ejemplo, asumiendo competencias para las que las economías de escala existentes no harían aconsejable ciertos despliegues en territorios con determinado tamaño o población) no han de comportar mayor financiación para “compensarlas” pues ello supone un incentivo evidentemente perverso. Han de establecerse mecanismos para desalentar la micro-parcelación del mapa autonómico ya producida y tratar de revertirla en los casos en que es ineficiente. Además, las diferencias en la carga fiscal que soportan los ciudadanos de cada CCAA como legítimo trasunto de sus prioridades políticas expresadas por sus ciudadanos al respecto sí han de tener, en cambio, consecuencias cuando reducen la recaudación, no como ocurre hasta ahora. La mayor libertad de todas las CCAA para establecer sus regímenes fiscales deben ir pues de la mano de una mayor corresponsabilidad y de una exacta definición de qué ámbitos son salvaguardados constitucionalmente por los mecanismos de perecuación social y territorial propios de un Estado social y democrático de Derecho y cuáles, en cambio, son terreno donde poder expresar diferencias de modelo y de niveles de protección social o de ambición en la prestación de los servicios públicos.

3. La Comunitat Valenciana tiene ya algunos contenciosos con el Estado, como el que se ha producido a cuenta del Derecho civil valenciano, que habrán de aparecer en el debate. La reivindicación del Derecho civil valenciano ha aglutinado a todas las fuerzas políticas valencianas con la excepción de C’s en la crítica al Estado, que ha anulado leyes civiles sobre derecho de familia o sucesiones aprobadas por les Corts al amparo del Estatut de 2006 por entender el Tribunal Constitucional que el mismo no permite a la Comunitat Valenciana legislar sobre estas materias, a diferencia de lo que es el caso de otras CCAA. Esta asimetría es justificada por el propio Tribunal Constitucional invocando incluso los Decretos de Nueva Planta y la codificación franquista de los derechos civiles forales, lo que resulta evidente que es un sustento democrático más bien magro para discriminar de modo tan flagrante a unas regiones frente a otras, máxime cuando los valencianos han expresado de forma reiterada y muy mayoritaria su voluntad de regular estas cuestiones, incluso en el propio Estatut de 2006. Si es bueno que haya regiones de España con Derecho civil propio, no se entiende que sólo sea así en algunos casos; del mismo modo que si se considera que sería mejor que el Derecho civil fuera único para todo el Estado no hay lógica alguna en que razones históricas derivadas de acciones autoritarias amparen a unos pero no a otros. De nuevo, en este caso, dar solución a los intereses valencianos podría conformar un interesante punto de encuentro para una reforma constitucional que generaría beneficios de carácter general.

Una posible solución a este concreto problema, que ya ha sido propuesta, podría pasar por la incorporación de una nueva Disposición Adicional a la Constitución española, a la manera de la que ya tienen algunos territorios españoles, declarando formalmente desautorizados los Decretos de Nueva Planta y cualquier consecuencia jurídica que de los mismos pudiera derivarse, así como entendiendo preservadas las instituciones forales de garantía del autogobierno de aquellos territorios que las tuvieron en las formas que les den en la actualidad sus Estatutos de Autonomía. Una previsión de esta índole tendría la ventaja de desrigidificar toda la cuestión, además, no sólo en relación a Valencia sino también respecto de todos los territorios de la antigua Corona de Aragón, incluyendo Cataluña. A partir de esta aceptación constitucional de lo que algunos autores han llamado el “modelo pactista de la Corona de Aragón” daría margen de maniobra constitucional renovado a los pactos políticos periódicos para actualizar los modelos de reparto del poder territorial que nuestro sistema ha demostrado que requiere para poder funcionar.

4. Hay que recordar, además, que la Comunitat Valenciana tiene pendiente una reforma de su Estatut desde 2011, referente a inversiones estatales, paralizada. Y ello ya desde hace tres legislaturas en el Congreso de los Diputados, porque la agenda de las Cortes Generales no tiene a bien atender al debido trámite respecto de una reforma estatutaria ya aprobada a nivel autonómico. Se trata de una reforma sobre proporcionalidad de la inversión estatal, lo que indica que quizás este elemento habría de ser objeto también de algún tipo de referencia en la futura reforma constitucional. Pero, sobre todo, nos alerta sobre la poca importancia que ha merecido y merece históricamente el autogobierno valenciano, hasta el punto de que es posible dejar en el limbo constitucional una decisión de las Cortes valencianas sin que ocurra nada. Una participación valenciana activa en el proceso de reforma, así como la profundización en los mecanismos democráticos y participativos que han de llevar a la misma desde todas las instituciones valencianas, convirtiendo a la ciudadanía en actor principal de toda participación en el proceso que se pueda articular desde el País Valenciano, quizás ayudaría a cambiar esta percepción capitidisminuida de la autonomía valenciana. Todas las reivindicaciones más o menos compartidas por una mayoría de actores políticos valencianos (por ejemplo, la desaparición de las Diputaciones provinciales) podrían y deberían ser llevadas al proceso de reforma desde una perspectiva integradora (así, proponiendo que la Constitución incrementara la dimensión federal del Estado permitiendo expresamente que sobre la organización interna de las Administraciones dentro de una autonomía fuera ésta quien tuviera la última palabra) y dando con ello soluciones que pueden servir de modelo a seguir para un pacto integrador en beneficio de toda España y de otros actores implicados. Cuanto más “valenciana” sea la futura reforma, en definitiva, mejor. Mejor para nosotros, por supuesto. Pero mejor también para España, que para lograr una salida a esta crisis necesita de soluciones a mitad camino. Y a mitad camino es, más o menos, justo donde estamos nosotros.

En definitiva, y para concluir, es evidente que la situación en Cataluña ha dado ya lugar a una completa crisis constitucional respecto de la que ni los valencianos ni nuestras instituciones nos podemos desentender ya a estas alturas porque, si lo seguimos haciendo, las consecuencias serán muy nocivas para el autogobierno valenciano. De hecho, lo están siendo ya, si lo pensamos mínimamente: la parálisis política de estos años ya ha retrasado cualquier pacto sobre financiación autonómica, tan esencial para la Comunitat Valenciana, y parece que así va a seguir la cosa (prórroga presupuestaria para 2018), alargando y agravando un problema, ya veremos hasta cuándo. Es sólo un ejemplo, pero significativo, que muestra que la inacción no puede ser la respuesta. Conviene que partidos y agentes políticos, así como Consell y Corts valencianas, se pongan a trabajar ya desde esta perspectiva, porque más pronto o más tarde este trabajo preparatorio no puede sino rendir sus frutos… así como tendría consecuencias muy perniciosas que la prudencia mal entendida o la dejadez nos hicieran llegar al punto de solución de este conflicto, sea cual sea éste, sin los deberes hechos. Recuérdese, una vez más, lo que ha pasado inevitablemente en este país cuando la política se hace sin nuestro concurso activo y sin que seamos capaces de participar y aportar. Y, a estas alturas, es ya imposible negar que para dar la solución a la crisis constitucional generada se va a hacer política, y que va a ser política que afectará no sólo a Cataluña sino a toda España de forma directa. También, e incluso con más intensidad que a otros, al País Valenciano. Así que, por una vez, hemos de garantizar que la próxima reforma constitucional se haga también desde Valencia como mejor mecanismo para evitar que no acabe siendo una reforma, a la postre, muy nociva para los intereses valencianos.

* Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València - Estudi General