El empresario Ángel de Cabo, propietario de Nueva Rumasa y Marsans, marcó un hito en la historia judicial española: la Audiencia Nacional le impuso la fianza más alta que se recuerde (50 millones de euros). De Cabo y su mano derecha, Iván Losada Castell, acaban de recibir otro golpe judicial en un asunto menor del que habían sido absueltos por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón, relativo a un presunto fraude a Hacienda al haber ocultado dos millones de euros. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha declarado nula la resolución, propinando de paso un severo varapalo a la jueza, y ha devuelto la causa a un juzgado de lo penal para que un magistrado distinto celebre un segundo juicio oral y dicte una nueva sentencia.
Iván Losada ha estado metido de lleno en los numerosos juicios que ha protagonizado Ángel de Cabo. Losada ya fue condenado a un año de prisión por la Audiencia Nacional por un delito continuado de apropiación indebida del dinero de los clientes de Marsans. Poco después de la condena, Losada apareció como organizador de fiestas en Castellón. Su hermano, el empresario Jaime Luis Losada Castell, representante de la constructora de Gürtel, ha sido condenado recientemente a tres años de prisión por ocultar a Hacienda pagos de obras públicas mediante empresas pantalla, tal como informó elDiario.es.
Los acusados, junto con el empresario Alfonso María Egusquiza Gómez (administrador único de Belqueba SA), habrían incurrido en “manipulaciones contables” en el Impuesto de Sociedades con la mercantil Belqueba SA, dedicada a la promoción inmobiliaria. La empresa mantenía viviendas de la promoción Karilo Golf, en la localidad castellonense de Sant Jordi, por un valor de 11,2 millones de euros. Así, Belqueba SA recibió facturas de su filial Espaprosa por un importe de 1,1 millones correspondiente a ejecuciones de obras de la promoción y que fueron contabilizadas como gasto.
Las existencias finales de las cuentas de la inmobiliaria debieron reflejar en 2008 una suma de ambas cantidades (12,4 millones) pero sólo anotaron 10,3 millones, “lo que no puede considerarse un mero error de contabilización sino una maniobra” de minoración de los ingresos. “Haciendo constar un resultado contable falso e inferior al real” (concretamente un resultado negativo de 1,4 millones frente al real de 669.853 euros), los acusados tenían el “único propósito de defraudar a la Hacienda pública”, que dejó de ingresar 174.694 euros.
Un testigo, recuerdan los magistrados de la Audiencia de Castellón, relató que las órdenes las daba Ángel de Cabo, quien impartía las instrucciones sobre la contabilidad. Los otros acusados eran “testaferros” del empresario, según la Abogacía del Estado. Jaime Luis Losada Castell, el hermano del acusado condenado por defraudar tres millones a Hacienda, también fue apoderado mancomunado de la inmobiliaria Belqueba SA.
La resolución cuestiona de plano la sentencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Castellón, que absolvió a los tres acusados al no poder individualizar la conducta de cada uno ni poder acreditar el supuesto concierto para defraudar a Hacienda. La jueza se inclina en su sentencia absolutoria hacia las conclusiones del perito de los acusados frente al informe y la declaración de la inspectora de Hacienda.
Las seis páginas que redactó la magistrada valorando la prueba practicada “no deja de ser una especie de resumen acrítico que no es propiamente valoración probatoria”, reprocha alto y claro la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón.
La sentencia “olvida y deja oscurecido el dato más sustancial o incisivo” de las acusaciones, ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. De esta manera, reflejar 10 millones de euros en sus cuentas (en vez de los 12 millones reales) “no puede considerarse como mero error de contabilización, ni de baile de números, sino una maniobra de minoración” para rebajar la base imponible en dos millones. Además, no es lógico, sostiene la resolución, que “se minusvaloren los activos de una mercantil sin tasación alguna”.
El perito de la defensa reconstruyó la contabilidad sin documentación clave
Los magistrados critican también el dictamen del perito de parte al que tildan de “ventajista”, al haber dictaminado “de forma descontextualizada” o “a toro pasado” la supuesta depreciación de los activos de la inmobiliaria. “No se ha visto documentación alguna indicativa de una rebaja de expectativas de ventas de la promoción Karilo [Golf] en ofertas y precios, precontratos [o] reservas frustradas”, señala.
La Audiencia de Castellón recuerda que las consecuencias de la crisis “solo se reflejaron contablemente en empresas del sector inmobiliario a partir de 2011 y 2012”. “Y es lógico pues que en el año 2008 no podía percibirse, aun incluso si se hubieran dado los primeros síntomas, como algo más allá de lo coyuntural o pasajero como en anteriores épocas pudieron darse parones y arreones en tal sector sujeto a vaivenes que son de común conocimiento”, agrega.
Además, el perito de la defensa reconstruyó “mucho tiempo después” la contabilidad. Un informe del auditor reconocía, por si fuera poco, que no pudo verificar la imagen contable de la mercantil “ni a favor ni en contra”. “La razón es llamativa”, señalan los magistrados: “Les faltó documentación, faltaban actas y documentos sobre gastos, faltaban respuestas de abogados, de bancos”. Así, para la Audiencia de Castellón resulta “un tanto sorprendente” que un perito fuera capaz de reconstruir la contabilidad de Belqueba SA sin la documentación de la que no dispuso la auditora.
Ángel de Cabo y sus supuestos testaferros vuelven (otra vez) al banquillo de los acusados.