El camino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, hacia el banquillo está cada vez más despejado. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha abierto juicio oral al exconseller del PP y otras 23 personas más por el supuesto amaño en favor de empresas de la trama 'Gürtel' de la contratación de las pantallas y la megafonía para la visita del papa Benedicto XVI de 2006 en Valencia. Se trata del mayor 'pelotazo' de la red en tierras valencianas.
El juez instructor también cita al exdirector de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, y los principales 'cabecillas' de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín. En su auto, les acusa de cometer presuntos delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación continuada de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.
De acuerdo con lo fijado en la ley, el magistrado fija fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en sentencia. 4.383.248 euros establece para Cotino; 1.479.771 para García; 15.622.361 euros para Correa, y 15.294.361 euros para Crespo y 'El Bigotes'.Los acusados disponen de diez días para formular sus escritos de defensa y así librarse de sentarse en el banquillo.
Según el escrito de Anticorrupción que reclamaba 11 años de cárcel para Cotino, este actuó de común acuerdo con el exdirector de Canal 9 y los principales 'cabecillas' de la trama Gürtel para que la contratación de la red se realizara a través de RTVV a fin de realizar el “pago con cargo a fondos públicos”. “Pese a que Cotino no ostentaba cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia ni formaba parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba 'de facto' la contratación” de las pantallas y megafonía utilizadas en la visita del papa Benedicto XVI“, señalaba el escrito del fiscal. La adjudicación de las pantallas fue realizada por esta fundación, creada exprofeso para este evento, y RTVV. Y esta se realizó mediante un procedimiento de urgencia, sin publicidad y ”vulnerando conscientemente“ las normas de contratación pública.
El juez de la Audiencia Nacional en el auto en que proponía juzgar al exdirigente valenciano del PP, otorgaba a Cotino un papel “nuclear” y lo calificaba de “factótum” del entramado que supuestamente amañó el contrato en beneficio de la empresas de la trama 'Gürtel'. El magistrado aseguraba que Cotino manejaba “desde atrás”, en sintonía con el entonces director RTVV. Según la policía nacional, el también exconseller recibió un chaquetón valorado en 375 euros por mediar en la adjudicación. El exdirector de RTVV consiguió prendas de vestir un por importe de 3.550 euros y un vehículo Minicooper tasado en más de 30.000 euros.
Según el magistrado, los cabecillas de la trama se aprovecharon de la visita del papa Benedicto XVI para pescar de forma ilícita contratos públicos para su enriquecimiento. Y para ello, utilizaron como pantalla a la empresa constructora Teconsa. Con un coste “desorbitado y notoriamente superior al servicio prestado” de más de 7 millones de euros que asumió RTVV, el grupo de Correa sustrajo, según el juez, 3,3 millones de euros. El reparto de la mordida más grande de la trama Gürtel en Valencia fue así: 1,49 millones de euros para Correa; 500.000 para Pérez; 166.000 para Crespo; 249.000 euros para Blanco; y medio millón de euros para García. Teconsa -que subcontrató a su vez el servicio y actuó como empresa pantalla- percibió una comisión de 200.000 euros. Y otras sociedades de Correa se embolsaron 228.454 euros.
La investigación sobre la Fundación bajo sospecha, a Valencia
El juez, además, en otro auto traslada a los juzgados de Valencia la pieza que ampliaba la investigación sobre las operaciones realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución. Es decir, desde enero de 2005 hasta su extinción en marzo de 2014. De la Mata se inhibe en favor de los tribunales de la Comunidad Valencia al considerar que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y que carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas.