La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido reabrir la investigación por el accidente de metro sucedido en Valencia el 3 de julio de 2006, un suceso en el que fallecían 43 personas y otras 47 resultaban heridas, una decisión que habrían tomado los magistrados Juan Beneyto, José María Tomás y Dolores Hernández, según informa el diario El Mundo.
Fiscalía propuso primero la reapertura de la causa y posteriormente recurrió el archivo en base a nuevos datos que no se valoraron en su día. La causa fue archivada en dos ocasiones, inicialmente en 2007 y de nuevo en septiembre de 2013.
Entre esta nueva información, al parecer se encontrarían descarrilamientos previos y averías que no se han tenido en cuenta, como una producida poco antes del accidente -20 de junio- en el sistema de frenado que no fue comunicada al juzgado ni al perito por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Visita al Parlamento Europeo
Esta decisión se conoce justo después de que una representación de la Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J), son su presidenta, Beatriz Garrote, a la cabeza, acudiera el pasado lunes a Bruselas, donde mantuvo diferentes contactos con responsables europeos, así como con europarlamentarios españoles, a excepción del Partido Popular.
La visita finalizó con una entrevista con la presidenta del Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni, a quien le trasladaron sus reclamaciones ante la posibilidad de que la Generalitat hubiera vulnerado alguna norma europea.
Desde la AVM3J insisten en su reivindicación de que se haga “justicia” después de una comisión de investigación en Les Corts que consideran que se cerró en falso tras considerar que el único responsable del accidente fue el conductor del convoy y la velocidad excesiva, e insisten en que nadie asumió responsabilidades políticas por aquél trágico suceso.
La asociación, que cree que se debe aclarar lo sucedido puesto que consideran que aún existen muchas sombras, también considera que desde el Gobierno valenciano “se ha manipulado y censurado la información que se ofrecía en los medios de comunicación públicos valencianos”, en concreto en Canal 9 y Radio 9.
Desde este colectivo son conscientes del poco margen de maniobra de la Eurocámara en las competencias de los estados, pero se mostraban satisfechos por la “positiva” acogida de Mazzoni y el recibimiento de los grupos parlamentarios europeos.
Facilitar información
La consellera de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, se comprometía el mismo lunes a remitir a Bruselas toda la información que requieran sobre el accidente, aunque insistía en que las cuestiones relativas al accidente se deben abordar “desde las instancias judiciales pertinentes”.
Precisamente, la AVM3J cuestionaba esta “voluntad” y se preguntaba si Conselleria enviará a Bruselas “el libro de averías, o el documento de H&M Sanchis o los descarrilamientos ocultados al juzgado...”, así como “los vídeos de Canal 9, el informe de Contreras sobre trenes obsoletos o la factura del restaurante donde se celebró la comisión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana”.