“Por la presente les comunico el envío de 1 Kg de flor de cáñamo industrial a través de la empresa UPS, adjunto tracking y toda la documentación pertinente, de requerir más documentos ruego que se pongan en contacto con nosotros y se lo facilitaremos en la mayor brevedad posible”. Así reza un correo electrónico enviado por el departamento de administración de la empresa E-Canna Farming SL a la Guardia Civil, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que avisan de la salida de sus instalaciones de una remesa de cogollo de CBD (el compuesto no psicoactivo del cánnabis).
El responsable de la firma, el empresario Francisco Gómez, fue uno de los 20 detenidos en la 'operación Jardines' comandada por el Instituto Armado y presentada como la incautación del “mayor alijo de marihuana” del mundo. Gómez figura como investigado, junto a un ingeniero agrónomo, en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Almagro (Ciudad Real) pero quedó en libertad con cargos y sin fianza a la espera de que reúna la documentación sobre las 30 toneladas de cáñamo que localizó la Guardia Civil durante la operación.
Entre la documentación que la empresa prepara para la jueza instructora, figuran los correos electrónicos que periódicamente la firma enviaba al Grupo Roca (acrónimo de 'Robos en el campo') de la Guardia Civil de Xàtiva cada vez que un cargamento entraba o salía de la planta de procesado que Francisco Gómez tiene en Quatretonda, un municipio de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida.
El mensaje, enviado el pasado 5 de octubre (apenas dos semanas antes de las detenciones), incluye una declaración responsable firmada por el empresario en la que detalla que el envío de un kilogramo es “cáñamo industrial, no psicoactivo, (...) de variedades certificadas y autorizadas en el catálogo común europeo que no superan el nivel máximo permitido de Tetrahidrocannabinol (THC)”.
La declaración también señala que el producto fue “cosechado en cultivo dado de alta en el Registro General de la Producción Agrícola, legalmente realizado y comunicado a las autoridades competentes”. La empresa adjunta documentación sobre la cantidad de la mercancía, además los boletines de análisis de canabinoides realizados en certificados“ y ”se compromete“ a subsanar ”cualquier carencia administrativa, aduanera o de cualquier otro tipo que fuera apreciada bien por las autoridades españolas como por el Estado al que sea transportada la mercancía“. ”Todo se notifica, lo que va a entrar y va salir“, explica Darío Gutiérrez de Tena, consultor externo del despacho encargado de la defensa del empresario.
La 'operación Jardines', comandada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil vendió el hallazgo de 32 toneladas “de cogollos de marihuana, la mayor aprehensión de esta sustancia, no solo en España, sino a nivel internacional”.
La operación policial se saldó con una veintena de detenidos, nueve hombres y once mujeres de entre 20 y 59 años, que formarían parte de “una organización con sedes en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias, que controlaba todo el proceso de producción y distribución de la droga”.
El limbo legal del CBD
El empresario creó la primera planta de procesado de CBD de España, un estadio intermedio entre el cultivo y la venta. El CBD, avalado por la jurisprudencia europea, arrastra una suerte de limbo legal que varias sentencias han ido aclarando a pesar de la postura de la Fiscalía Especial Antidroga.
“Tengo más de 2.000 documentos enviados al cuartel de la Guardia Civil con el que trabajo habitualmente, entre dos y tres comunicados semanales”, alegaba en declaraciones a este diario el dueño de E-Canna Farming SL, que remarca la importancia de documentar la “trazabilidad” del producto. “Trabajamos a puertas abiertas siempre”, apostilla.