El proceso de desinversión de Bankia en la participadas inmobiliarias de Bancaja y Caja Madrid sigue generando muchas dudas, tanto en partidos como Podemos, que considera que se están malvendiendo los activos, como en los socios de la entidad en estas operaciones. La mayoría de estos accionistas se encuentran inmersos en procesos penales tras las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o el propio banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri al detectar numerosas irregularidades.
Esta semana pasada, la Audiencia Nacional ha procesado al expresidente de la Generalitat y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, por el agujero de 750 millones que operación Grand Coral generó en la entidad. Según la magistrada instructora del caso, se financió el proyecto sin informes de riesgo y sin criterios económicos, con la intención de beneficiar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Se investigan delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales.
En uno de los últimos escritos presentados el pasado mes de julio por Ferri y Baldó antes de ser procesados evidencia -con varios informes aportados- que Bankia -también CaixaBank que es acreedora en la operación- vendieron a un precio inferior al de mercado apartamentos que habrían impedido recuperar una importante parte del capital fallido en esta operación en la Riviera Maya mexicana. En concreto, apuntan los empresarios, 219 millones de euros que hubrían ayudado a recuperar una parte de los 750 millones fallidos cubiertos posteriormente por el Estado a través del rescate bancario.
Según los procesados, la información aportada por Bankia evidencia que se han vendido apartamentos “por precios irrisorios, injustificadamente bajos respecto a su valor de mercado”.
El caso más llamativo, explican en el escrito presentado en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso eldiario.es, es la promoción Marea Azul, donde ha habido una “disminución del 73 % sobre el precio medio de las ventas acumuladas en 2011 y del 72 % respecto a las ventas hasta 2016”. Bankia traspasó 188 apartamentos por un precio medio de 219.361 dólares y su comprador revendió 21 de estos inmuebles a un precio medio de 1.121.000 dólares americanos “en apenas dos semanas”. Un pelotazo en toda regla para el comprador.
En el caso concreto de un apartamento de lujo de 300 metros cuadrados y cuatro dormitorios -el 233-Norte de Marea Azul- lo vendió la entidad financiera nacionalizada por 354.125 dólares y su comprador lo ha puesto a la venta por 1.317.384 dólares. Una plusvalía de un millón de euros con tan solo mantenerlo 14 días en cartera.
El la promoción “Nick Price” pasaría algo semejante. Bankia y CiaxaBank han vendido 82 viviendas a un precio medio de 149.968 dólares y el adquriente los ha traspasado al poco tiempo a un precio medio de 469.250 dólares. Esto aseguran los ya procesados, “representa un descuento del 62 % respecto al precio medio de venta indicado por la propia Bankia Habitat en su informe interno de febrero de 2012”.
Los denunciados reiteran que las entidades financieras “han malvendido los activos reseñados, a precios desproporcionadamente inferiores a su valor de mercado, habiendo generado un auténtico escándalo en el sector inmobiliario de México”. Según las cuentas de Ferri y Baldó, Bankia y CaixaBank habrían dejado de ingresar 219 millones de dólares americanos “con el correspondiente perjuicio para sus accionistas”, 169 en la promoción Marea Azul, 26 en Nick Price y 24 millones de dólares en la Lorena Ochoa.
Los peritos del Banco de España cuestionan la tasación inicial de Tinsa y Tinsa México “porque no está garantizada la independencia del firmante”. Pero la realidad es que Bankia y Caixabank, también acreedor de Grand Coral aunque sin accionariado público, han vendido a un precio muy inferior al que posteriormente se han revendido. Los empresarios Ferri y Baldó piden que se cite a los tasadores para que corroboren el valor que otorgaron a las propiedades en 2013 y 2015.
Estas operaciones inmobiliarias han generado bastante revuelo en la prensa mexicana local porque han hecho saltar por los aires el mercado inmobiliario.
La entidad bancaria cuyo 60 % es propiedad del Estado ha defendido el proceso de desinversión realizado en las participadas inmobiliarias. Primero porque era una exigencia de la UE, segundo, porque el mercado inmobiliario estaba hundido y tercero, porque la sociedades vendidas tenían importantes deudas.