Bankia ha puesto en venta al Valencia Club de Fútbol para garantizar la viabilidad del «proyecto deportivo, social y económico», lo que implica, por el momento, que la Generalitat elude un escenario terrorífico: ser la propietaria de una entidad privada quebrada en un momento en el que apenas puede atender sus compromisos económicos básicos y acaba de cerrar todo un símbolo como RTVV.
El anuncio del banco llegó el martes a las 9 de la noche, en plena junta de accionistas del club. “Hace falta inversión para conseguir una solución global en el Valencia”, indicó Bankia. De manera sutil, la entidad en la que está integrada la desaparecida Bancaja, apuntó que el Valencia no puede pagar la deuda de 230 millones del club –básicamente, un préstamo contra el nuevo estadio, cuyas obras están paralizadas- y 80 millones la Fundación, propietaria de la institución deportiva con algo más del 70% de las acciones.
La Fundación –un ente sin patrimonio ni ingresos controlado por la Generalitat- se convirtió en dueña del Valencia en 2009, cuando, ante la crítica situación de la entidad, se ejecutó una ampliación de capital con un préstamo de Bancaja avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, el banco público del gobierno valenciano.
La operación fue urdida por el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su compañero del PP José Luis Olivas, en ese momento presidente de Bancaja. La maniobra, que perseguía evitar el colapso del Valencia, tenía pies de barro: la Fundación, hasta 2013, ni siquiera pudo pagar los intereses del préstamo de 72 millones. La Generalitat incluso tuvo que abonar este año 4.5 millones de una parte del préstamo no devuelto.
El peligro de la nacionalización
En este contexto, el Consell dirigido por Alberto Fabra quería evitar a toda costa la nacionalización del Valencia, inexplicable e inasumible cuando la Generalitat está prácticamente quebrada. La solución fácil era ganar tiempo refinanciando la deuda de la Fundación, pero la falta de un plan de pagos creíble ha hartado al banco, sometido al escrutinio de las autoridades españolas y europeas después de que su conversión en banco público le haya costado un dineral al contribuyente.
El futuro del Valencia aún está por decidir y dependerá en gran manera de la solvencia –si finalmente lo hay- del comprador. Fabra, sin embargo, respira. “La Generalitat no está para avalar a equipos de fútbol ni pagar intereses”, ha dicho reiteradamente. De momento, Bankia no meterá la mano en las arcas vacías del gobierno valenciano.