Una solicitud de información del senador de Compromís Carles Mulet formulada esta semana se hace eco del resurgir de un viejo tema de la prensa rosa: la relación entre Bárbara Rey y el padre del actual monarca, el exrey Juan Carlos I. Aunque su cruda redacción no hace referencia explícita a la vedette, reclama un “listado de fondos públicos (reservados o no) de la Administración General del Estado, destinada a pagar posibles favores sexuales, amistades especiales, silencios, compras de voluntades, aventuras cárnicas, del anterior jefe del Estado durante los años de su mandato, detallando las cantidades abonadas y las personas beneficiadas”.
Mulet ha reaccionado así a la nueva ráfaga de rumores alrededor de la posibilidad de que Bárbara Rey cuente en televisión detalles de su relación con quien fuera rey de España. Una confesión por la que estaría reclamando la desorbitada cifra de dos millones de euros. Esa eventual intención televisiva ha venido precedida de otro rebrote de especulaciones sobre el supuesto pago por parte del CESID de cantidades millonarias a la actriz desde una cuenta en Suiza.
Es fácil vaticinar que la respuesta oficial a la iniciativa del senador no aportará nada nuevo. Sin embargo, los valencianos disponen de datos objetivos, al menos, para estimar lo que costó a la caja de la Generalitat Bárbara Rey a partir de un episodio similar al que se ha desarrollado estos días.
Ocurrió hace 20 años. La vedette tomó un avión a Valencia para participar en un programa de Tómbola, tras anunciar a bombo y platillo que “lo contaría todo”. Como ha explicado en un libro Ángel Moreno, el que fuera productor de aquel espacio que impulsó la telebasura en España, la dirección de Canal 9 vetó que Bárbara Rey interviniera en ese programa. En las instalaciones del centro de producción de la televisión valenciana en Burjassot, donde los responsables de la productora acababan de prometer a la enfurecida actriz que le pagarían de todas maneras el caché de dos millones de pesetas que habían pactado, se personaron dos hombres con identificación oficial que la apaciguaron en cinco minutos.
A Mulet le gustaría saber si le prometieron pagos a cambio de su silencio y si se hicieron efectivos esos pagos con “fondos públicos (reservados o no) de la Administración General del Estado”. Hay, sin embargo, motivos para dudar de que se recurriera necesariamente a fondos reservados (Bárbara Rey siempre lo ha negado) o del Estado. Porque lo que sí se sabe es que Canal 9, la cadena que vetó a la vedette en aquel programa de Tómbola, destinó cinco millones de euros a un programa de cocina protagonizado por ella.
En casa de Bárbara, que es como se tituló el programa, fue un ejemplo de “cocina-caspa” y de “cultura trash”, que no solo estuvo en antena en Canal 9 entre 2000 y 2005 (periodo en el que la Generalitat tuvo tres presidentes: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, y Francisco Camps) sino que fue objeto de reposición en 2012 (ya con Alberto Fabra al frente del Consell), un momento en el que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) reciclaba material camino del cierre en noviembre de 2013.
Los datos del despilfarro en Canal 9, que se han conocido a partir de denuncias de la oposición en su momento, de investigaciones judiciales todavía en curso y del acceso de la nueva mayoría de izquierdas al gobierno valenciano, camuflan un tanto lo ocurrido con la supuesta “amante del rey”. Tómbola costó a los contribuyentes valencianos 32 millones de euros; un programa de libros de Fernando Sánchez Dragó, 9 millones; más de 20 millones las producciones de José Luis Moreno; un programa de Mar Flores, 4,2 millones... Pero el precio de los fogones de la vedette no ha llegado a pasar desapercibido.