Rita Barberá, salvo sorpresa, tiene los días contados como alcaldesa tras 24 años dirigiendo el Ayuntamiento de Valencia. Uno de los momentos de gloria de su mandato –la organización de la Copa del América, una glamurosa competición naútica- será la pesadilla de su sucesor en el Ayuntamiento.
El Consorcio Valencia 2007, el organismo que gestiona el recinto construido en 2005 junto al puerto para albergar las regatas, es inviable. Debe 420 millones, hasta ahora ha acumulado pérdidas todos los ejercicios y no hay previsión de que pueda generar ingresos para devolver el dinero a los prestamistas, básicamente el ICO, un banco público. Las obras fueron financiadas gracias a la intervención del gobierno de Rodríguez Zapatero, que fue muy criticado por el PP por no invertir en los grandes eventos de la época en la Comunitat Valenciana.
El consejo rector del consorcio, reunido el jueves, constató la gravedad del problema. Barberá presumió de la mejora de las cuentas –ingresos en alza y gastos a la baja- pero según una estimación de este periódico los beneficios obtenidos son de pocos cientos de miles de euros. A este ritmo, necesitaría miles de años para saldar la deuda.
El futuro no se presenta mucho mejor. El consorcio –formado por el estado, la Generalitat y el ayuntamiento- sólo genera ingresos con la cesión de espacios y edificios. Dos proyectos del dueño de Mercadona, Juan Roig –una escuela de negocios y una incubadora de empresas- se instalarán en la Marina Real. También está en construcción un recinto de ocio –Beach club- y se quiere alquilar el edificio estrella del área, el Veles e Vents. Con todo, los ingresos no superarán los 10 millones de euros.
¿Qué hacer? Hay tres opciones sobre la mesa. La condonación de la deuda propiedad del estado a través del ICO, una reestructuración de ésta o…… no pagar. La primera fue descartada por el Ministerio de Hacienda, la segunda está sobre la mesa y la tercera puede suceder. La mayoría de izquierdas que puede gobernar Valencia quiere impulsar una política con inversiones en materia social pero se encuentra un ayuntamiento con 800 millones de euros de deuda.
Los nuevos gestores del ruinoso consorcio decidirán, y lo tendrán que hacer siendo de distinto color político, a diferencia de hasta ahora. El PP en el gobierno y, posiblemente, el PSOE en la presidencia de la Generalitat y Compromís en la alcaldía de Valencia.