La asociación de vecinos de Benimaclet ha presentado un proyecto alternativo al Plan de Actuación Integrado (PAI) de Benimaclet que promueve Metrovacesa.
La entidad vecinal ha asegurado que se trata de un proyecto alternativo y viable, desarrollado con la participación vecinal y equipos de arquitectura: “Es un proyecto valiente que apuesta por una verdadera transición huerta-ciudad; esperamos también valentía por parte de nuestro gobierno municipal”.
Tal y como informó eldiario.es, la promotora presentó a principios de año al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo.
Su proyecto implica la construcción la construcción de 1.345 viviendas, un 30% protegidas y un 10% sociales, además de zonas verdes y equipamientos.
Sin embargo, la entidad vecinal ha presentado un plan totalmente renovado cuya principal novedad supone la conexión de la huerta con el barrio mediante un corredor verde que implicaría el soterramiento de parte de la ronda norte.
En concreto, plantea un tramo subterráneo entre los caminos de Farinós y de las Fuentes: “Esta operación tiene un coste estimado de 15 millones de euros que podría ser compartido por las tres administraciones públicas (local, autonómica y central) como medida correctora del impacto ambiental, puesto que la ronda tiene carácter de infraestructura metropolitana y fue hecha por el Ministerio de Fomento”, reza el proyecto vecinal.
De esta forma, en superficie se propone “la reconstrucción de los terrenos sobre el paso inferior de la ronda recuperando la cota de huerta así como el parcelario y la red de acequias de alimentación y drenaje originales; un bosque perimetral en la ciudad como filtro visual y protección ambiental frente a los tramos de la ronda que restan en superficie”.
Además, supondría “la recuperación del trazado histórico de los caminos de las Fuentes y de Farinós, a través de los cuales ciudad y huerta vuelven a conectarse”.
Con el proyecto vecinal, “la edificación, reducida a un tercio de la fijada en el Plan General, se concentra en los extremos, las equipaciones se situarían también a los extremos, para liberar el espacio central, que vuelve a ser huerta”.
El documento apuesta por la desclasificación total de los terrenos para que sea el Ayuntamiento el que ejerza la gestión directa de la urbanización, lo que consideran que tendría un coste de 11,5 de euros, tal y como documentó un estudio de la Universitat de València. En caso contrario, exigen que la edificabilidad actual se reduzca entre un 25% y un 40%.
Según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.