El exconseller del PP valenciano Rafael Blasco ya está en semilibertad. Condenado a seis años y medio por malversación y falsedad documental por el desvío de fondos públicos destinados a la cooperación internacional en Nicaragua que se destinaron a comprar inmuebles en Valencia, disfruta ya de sus primeros días fuera de la prisión de Picassent tras haber obtenido el tercer grado penitenciario. Blasco lleva en prisión desde 2015 condenado por la primera pieza del caso Cooperación.
La concesión de esa medida fue aprobada por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, con fecha del 29 de enero, tras cumplir tres años y siete meses de la condena impuesta, la mitad de la condena. Su paso al tercer grado ha sido autorizado por su avanzada edad.
El exconseller con Eduardo Zaplana y Francisco Camps está pendiente de juicio en otras dos piezas del caso Cooperación. En una de ellas se investiga un fraude masivo de ayudas a través de una trama de ONG. En la otra, el destino de aportaciones económicas que se recabaron para construir un hospital en Haití que nunca llegó.
Blasco pasa ahora a depender del Centro de Inserción Social (CIS), unas dependencias que se encuentran dentro del complejo penitenciario, sin ser una cárcel al uso. El centro le asignará unos horarios de entrada y salida, pasando la noche allí, aunque no durante los fines de semana.
El exconseller, de 73 años, había disfrutado de dos permisos penitenciarios ordinarios: el primero a finales de 2017, durante la Navidad, y el segundo en el verano de 2018, en ambos casos concedidos por el juez de vigilancia penitenciaria tras sendos informes favorables de la Junta de Tratamiento y sin oposición del Ministerio Fiscal. Posteriormente, se revocaron.
Al exdirigente popular se le embargó la cuantía de 59.000 euros y la pensión como responsabilidad económica por sus delitos. Es la única cantidad que las arcas públicas han recuperado por el caso Cooperación. Los abogados del exconseller han intentado negociar con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad para rebajar las penas por las otras dos causas pendientes. Unas negociaciones que no parecen llegar a buen puerto, ya que la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular, exige que Blasco devuelva los cinco millones de euros desviados.
El exconseller de Cooperación está llamado a declarar el próximo lunes en la comisión de investigación de las Corts sobre los contratos de la Generalitat Valenciana con las empresas investigadas del caso Taula.