Isabel Bonig quiere afianzar la imagen de un nuevo PP, más transparente y democrático y lejos de los escándalos de corrupción de los anteriores mandatos. La líder del PPCV se consolidará al frente del partido el próximo sábado tras un peculiar proceso de primarias, con un apoyo invisible de la dirección nacional (al menos en cuanto a propuestas se refiere), con 9 de 10 concejales en el Ayuntamiento de Valencia imputados por financiación ilegal y con la batalla abierta por el control del partido en la provincia de Valencia.
Tras el cónclave autonómico llegarán los congresos provinciales y Bonig ya promueve, aunque no lo reconozca públicamente, una candidata alternativa al presidente del PP de Valencia, con el que no goza de buena sintonía. Así, la próxima disputa entre los populares puede ser la de Mari Carmen Contelles, portavoz del grupo en la Diputación de Valencia, con Vicente Betoret, exalcalde de Vilamarxant y actual dirigente del partido en la provincia. Además, aún queda por determinar qué ocurrirá con la dirección del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, en el que los nueve concejales están imputados en el caso Taula y que está a cargo desde hace un año una gestora presidida por Luis Santamaría.
Las primarias pincharon la burbuja de los afiliados del PP. Antes de las votaciones, el partido hablaba de más de 100.000 afiliados y para el proceso solo se inscribieron 8.690 personas. El rival de Bonig, José Luis Bayo, anuló su candidatura en el último momento porque consideró el proceso poco transparente. Este fin de semana, los días 1 y 2 de abril, se celebra el XIV congreso del PPCV en el que se renovará a la dirección autonómica y se redactarán los nuevos estatutos del partido, así como sus compromisos sociales y económicos.
En los estatutos se aboga por una serie de medidas de “regeneración”. Entre ellas, el partido aboga por la limitación de mandatos, aunque no especifica cuántos años podrá permanecer una persona en el cargo. “Rechazamos con contundencia los casos de corrupción que se han vivido y manifestamos la necesidad de seguir trabajando e implantando códigos éticos y medidas que prevengan y eliminen los comportamientos inadecuados de aquellos que quieran aprovecharse de nuestras siglas en su propio beneficio. Definitivamente, dentro de nuestro partido no caben este tipo de personas”, cita la ponencia. El partido redactará para ello un código ético que obligará a presentar una declaración previa de antecedentes penales y a rechazar “recibir regalos a título personal como consecuencia del cargo público o de representación con independencia del valor económico del mismo”, entre otros asuntos.
Entre las más de 400 enmiendas presentadas se debatirá si la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, será nombrada presidenta de honor del partido o si se debe derogar la Acadèmia Valenciana de la Llengua por ser “el caballo de Troya del catalanismo”. Los militantes piden al partido que se posicione con mayor firmeza en los temas lingüísticos, que tanta polémica causan.
Los populares saben de qué electorado se nutren y han previsto una serie de apartados en sus estatutos contra el supuesto adoctrinamiento nacionalista y para proteger las señas de identidad valencianas. “No formamos, ni formaremos jamás, parte de los imaginarios Països Catalans” cita el documento. El PP se compromete a “evitar que el nacionalismo se adueñe de aulas, espacios y medios de comunicación públicos”, “suprimir el chantaje a los padres que supone que quienes elijan castellano como lengua vehicular en la formación de sus hijos se quedarán sin la titulación en inglés”, entre otras dedicatorias al conseller de Educación, Vicent Marzà. Asimismo, consideran un ataque a los símbolos cristianos la cabalgata de Reinas Magas y la organización en Castellón de un Corpus Cívic en lugar del Corpus Christi .
El partido se compromete además a defender intereses valencianos como los sectores productivos, la llegada del agua, la financiación adecuada y la llegada de las infraestructuras necesarias para el desarrollo como el Corredor Mediterráneo, proyecto que a juzgar por las últimas inversiones de Gobierno de Rajoy, la dirección nacional no se muestra con demasiadas ganas de apoyar.
Bonig fue designada presidenta del PPCV por el Comité Ejecutivo Regional y la Junta Directiva Regional en julio de 2015, en sustitución de Alberto Fabra, que dimitió tras perder las elecciones autonómicas y optó por marcharse al Senado como representante territorial. Una vez consolidada en la dirección del partido, llega el turno de la batalla por la provincia de Valencia.