Pese al desafío lanzado por los concejales del PP en el Ayuntamiento de que no van a entregar el acta, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, quiere intentar convencerlos de ello. Es una prueba de fuego para testar su liderazgo interno. Más cuando la dirección autonómica del partido y los ediles investigados por el lavado del dinero de la caja B del partido en la ciudad de Valencia firmaron antes del levantamiento del secreto de sumario un pacto por el que se comprometían los concejales a dimitir si continuaban imputados.
No obstante, ese acuerdo se quebró este martes. El portavoz en el Ayuntamiento, Alfonso Novo, acompañado de todos los integrantes del grupo municipal -también del único edil no imputado, Eusebió Monzó- expresó que “no existía carga probatoria para demostrar el blanqueo”, por lo que no entregaban sus actas. Todo, echando un pulso claro a Bonig que de expulsar a sus concejales se enfrenta a quedarse sin grupo municipal en la tercera ciudad más grande de España. Y por eso, según informa EFE, la presidenta del PPCV ha citado de forma individual la tarde de este miércoles a todos los concejales imputados para intentar salir ganadora de esta pugna.
De hecho, desde el PPCV aseguran a EFE que la posición del partido es la misma que ya ha manifestado Bonig, quien recordó a los ediles que se les solicitaría el acta si seguían imputados en esa causa, y que esta postura no se ha movido “un ápice”. Así, los nueve concejales investigados en esta causa han sido citados, aunque alguno de ellos ya ha comunicado al partido su imposibilidad para asistir a esta cita por motivos familiares. Un extremo que varios concejales han confirmado a eldiario.es.
Génova nombrará el instructor del expediente
La cita de la líder del PP valenciano con los ediles investigados se produce, además, después que la dirección nacional iniciara un expediente informativo a los concejales y a la actual senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El Comité de Derechos y Garantías del PP se reúne esta tarde para hacer efectiva la apertura del expediente informativo y para nombrar al instructor encargado de dirigir la investigación de estos hechos.
Fuentes de la dirección popular han confirmado a EFE que este miércoles tendrá lugar la reunión de este órgano y el nombramiento del instructor, que será quien estudie el caso y determine, en primer lugar, a cuántas personas afecta este expediente. Calculan que son medio centenar de personas entre concejales, asesores y otros, partiendo de los implicados que aparecen en el sumario que se instruye en un juzgado de Valencia, aunque hay que comprobar quiénes son afiliados, indican las mismas fuentes.