Era el año 2009 y el conflicto social en El Cabanyal estaba en pleno auge con el inicio de los derribos de varias de las casi 500 viviendas adquiridas en su día por el Ayuntamiento de València.
La prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio marinero que implicaba la demolición de 1.600 casas, uno de los proyectos estrella de la fallecida alcaldesa de València, Rita Barberá (PP), supuestamente con el objetivo de acabar con la degradación y abrir la ciudad al mar, empezaba a visibilizarse con la entrada de las excavadoras.
Sin embargo, la fuerte resistencia de la plataforma Salvem el Cabanyal y de la asociación de vecinos, junto a otros colectivos, logró paralizar temporalmente los derribos, primero haciendo de escudos humanos entre las máquinas y los inmuebles, y después con diversos recursos judiciales.
Fue importante entonces la figura de la fallecida exministra socialista de Cultura, Carmen Alborch, en aquel momento líder de la oposición municipal a Barberá. Su mediación fue decisiva para paralizar cautelarmente los derribos previstos, al estar en aquel momento al frente del Gobierno el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, fue su ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien frenó definitivamente el plan mediante un decreto que consideraba expolio patrimonial la apertura de la avenida, por la ruptura de la particular trama urbana del barrio marinero, compuesto en retícula mediante pequeñas calles paralelas al mar y protegido como bien cultural.
Diez años después de aquella victoria de las entidades vecinales sobre las mayorías absolutas populares en el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana, donde Francisco Camps apoyaba sin condiciones a Barberá, el horizonte que se atisba nada tiene que ver con el de los derribos y la especulación.
El nuevo Gobierno de izquierdas surgido de las urnas hace ya cuatro años, (Compromís, PSOE y València en Comú) con el alcalde Joan Ribó al frente, desalojó del poder al PP, e hizo de la revitalización del barrio del Cabanyal una de sus principales banderas, apostando por la rehabilitación y renunciando a la prolongación de Blasco Ibáñez.
Las plataformas vecinales acogieron el cambio con optimismo y con la esperanza de empezar a notar por fin a pie de calle mejoras ante unos problemas graves de conviviencia derivados de la venta de drogas y de la ocupación ilegal de viviendas que se fueron enraizando durante los años de inacción del PP, tras ver paralizado su proyecto urbanístico.
Los inicios de los nuevos dirigentes municipales fueron prometedores. Tras un primer año de largas tramitaciones burocráticas (concursos, licitaciones, adjudicaciones, etc...), comenzaron a ver la luz el pasado 20 de febrero las primeras obras de reurbanización de las calles Barraca, Reina, Doctor Lluch y adyacentes (en total se han renovado 11 viales).
Paralelamente, las diferentes administraciones anunciaron inversiones por valor de 66 millones de euros: de ellos, 30 corresponden al plan de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), un proyecto a cinco años cofinanciado al 50% con la Unión Europea que incluye 11 líneas de acción con 47 puntos a desarrollar hasta 2021.
Los otros 36 millones corresponden al Plan de Inversiones Productivas (PIP) y al Área de Regeneración Urbana (ARRU), que incluyen la rehabilitación de 600 viviendas, la reurbanización de 22 calles, incluida la 'zona 0', y la ejecución de diferentes dotaciones, entre ellas, un centro de servicios sociales y un retén de la Policía Local.
Sin embargo, la tramitación y ejecución de los proyectos ha sido tan farragosa que la mayoría de ellos aún no se han puesto en marcha, con el consiguiente malestar de los vecinos que veían cómo lejos de mejorar, los problemas de convivencia en la llamada zona cero, el epicentro del barrio por el que se iba a abrir paso la avenida, se hacían cada vez más insoportables.
Los vecinos mostraron públicamente su descontento por la falta de respuesta clara ante todos estos problemas tanto a Ximo Puig como a Joan Ribó durante una visita a las obras de reurbanización que se acometían en el barrio, protestas que tuvieron continuidad con varias manifestaciones.
Sin duda, esto contribuyó a acelerar medidas de carácter social, acompañadas de la tramitación de un nuevo plan urbanístico presentado a principios del presente año con las aportaciones de las diferentes entidades vecinales, que descarta definitivamente la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y que respeta el conjunto histórico, manteniendo la trama urbana.
El Plan Especial de El Cabanyal (PEC) servirá para vertebrar el barrio, revitalizarlo y para paliar el déficit de vivienda pública del Ayuntamiento de València ya que propiciará la construcción de 800 inmuebles, lo que a su vez permitirá frenar la burbuja en los precios del alquiler, con especial incidencia en la zona. De ellos, 288 se reservarán para menores de 30 años, mayores de 65 años y colectivos vulnerables, siempre con rentas bajas.
El PEC resuelve definitivamente la llegada de la avenida de Blasco Ibáñez al Cabanyal creando una nueva rotonda en el final de la vía e integrando la actual estación de El Cabanyal mediante una zona verde que servirá como puerta de entrada a un barrio que vio cómo la ciudad que lo anexionó hace 122 años cuando era el Poble Nou de la Mar (Pueblo Nuevo del Mar), estuvo a punto de arrebatarle su esencia.
Los vecinos, contentos a medias
Para el portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, “se ha pasado de una época de destrucción promocionada, consentida e inducida por el propio gobierno municipal del PP, a otra en que uno de los primeros acuerdos de gobierno que se tomaron fue la derogación del plan destructor que suponía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Medida que significó el inicio de una época de esperanza para la rehabilitación de El Cabanyal–Canyamelar”.
En el lado positivo destacan que “se ha adelantado sobre todo en la urbanización de calles y en la rehabilitación de unas 600 viviendas privadas con las ayudas públicas del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU)”.
Sin embargo, “siguen siendo asignatura pendiente del gobierno municipal los problemas de convivencia y cohesión social, la venta de droga, la ausencia de servicios sociales en el barrio y de acciones de integración socio-laboral, entre otras cuestiones”.
En la misma línea, desde la asociación de vecinos del barrio, señalan que “estos último años a pie de calle se ha empezado a ver algún resultado en cuanto a reurbanizar el barrio, algo ha mejorado en general”. Sin embargo, “en lo referente a la convivencia, muy buenas intenciones, pero efectividad en la aplicación, poca”.
Por este motivo, lo que esperan en la próxima legislatura es “rapidez administrativa, rapidez en la aplicación de cualquier plan o normativa sobre todo en lo que a convivencia se refiere, así como cuidado y mantenimiento de las propiedades públicas que son las que siguen degradando el barrio”.